El Gobierno de Zapatero, tan ecologista él que acuñó aquella famosa frase en plan jefe indio al gran padre blanco de Washington de que “la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”, fue 
también tan negligente en este capítulo -y no sólo en el de la economía- que únicamente dejó aprobado el Plan Hidrológico de las cuencas catalanas (para colmo, tumbado por los tribunales ‘a posteriori’), cuando debió haber presentado a Bruselas todos los de las cuencas hidrográficas españolas en 2009. Así que por estas fechas acumulamos ya cuatro años de retraso, empeorando aún más si cabe ante nuestros socios europeos la imagen de la ‘marca España’ y demostrando que Larra se había quedado corto con aquello de “vuelva usted mañana”. Hay demoras españolas que son cuatrienales, como los planes en el antiguo régimen o en la economía soviética.
Y en esto llegó Miguel Arias Cañete y, al contrario que Fidel, mandó acelerar.
Ya se sabe que el ministro jerezano es un bulldozer de la política, que lo mismo devora todos los yogures caducados que encuentra en la nevera haciendo honor a la máxima campesina de “lo que no mata engorda” que se ducha cada mañana con agua fría con tal de no incrementar el déficit de tarifa con su factura del gas, por lo cual la hercúlea tarea de ponerse al día con la UE ha debido ser para él, que además se conoce el patio europeo, pan (o yogur) comido.
Hace unos días, Arias Cañete, con los pies más alados que Aquiles el de los pies ligeros, llevó a la mesa del Consejo de Ministros el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, el río vertebrador de Andalucía, del que Sevilla es su mejor don, como Egipto el del Nilo.
En su exceso de velocidad, el ministro de los yogures se ha comido el famoso dictamen del CSIC, redactado en 2010 por encargo de su propio Ministerio y que nos ha costado a los contribuyentes 3 millones de euros. Como al jerezano no le gusta que el estudio científico cuestione el dragado, lo ha omitido sin más.
Y ya que acumulábamos cuatro años de retraso, por esperar unos días más tampoco se habría hundido el mundo, los días que faltaban hasta el 27 de mayo, fecha en la que el Consejo de Doñana había sido convocado para pronunciarse sobre el Plan del Guadalquivir y del que el ministro de Agricultura y (menos de) Medio Ambiente ha pasado olímpicamente con su política de hechos consumados.
En la (i) lógica de Arias Cañete no hay obstáculo que se resista: cuando no puede sortearlos, pasa directamente por encima, como una apisonadora.
El pórtico de ese cruce del ecuador puede situarse en el próximo miércoles, día 22 de mayo, cuando se cumplen dos años de las elecciones municipales que otorgaron a Zoido, con el voto prestado que él había pedido expresamente a los simpatizantes de otros partidos y a barrios tradicionalmente de izquierdas, la mayoría más absoluta que ha obtenido un alcalde (en puridad su partido, el PP) en la historia de nuestra Democracia: 20 concejales.
Con motivo del segundo aniversario de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, que no realmente de su toma de posesión como alcalde, Zoido ha concedido unas declaraciones al diario ABC, tan faltas de contenido que el rotativo no ha podido encontrar mejor título que éste: “Lo único que le pido a los sevillanos es que tengan paciencia”.
La variante del discurso de Zoido en este sentido es decir que carece de competencias en la materia, una afirmación con efecto ‘boomerang’ sobre su imagen, por dos razones esenciales.
Y el segundo problema que tiene Zoido en su cuenta atrás para la cita con las urnas es que su cosecha debe responder a las grandes expectativas que generó en su día, las mismas por las que consiguió 20 concejales. Para seguir con la metáfora hortelana, en la línea de Miguel Hernández y su Elegía, Zoido necesita una cosecha rápida y, además, abundante, con la que contentar a tantos votantes como los que tuvo el 22-M de 2011.
Curiosamente, ni Zoido ni la patronal, denunciaron ante los Tribunales, ni antes ni ahora, la actuación sin precedentes de Monteseirín que sí puede acabar provocando un gran perjuicio a la ciudad y que si no se ha evidenciado ya es por el parón económico que ha supuesto la crisis: los 200 millones de euros recaudados por los convenios urbanísticos para desarrollar nuevos barrios en la ciudad y que el anterior alcalde gastó, en vez de en urbanizar los terrenos para facilitar la construcción de nuevas viviendas, en “la ciudad consolidada”, un eufemismo para ocultar que los asignó a las ‘Setas’ de la Encarnación y otros programas en el Centro.
En una Democracia garantista como la nuestra, la Junta se remite a las disposiciones del propio PGOU de Sevilla y del modelo de ciudad diseñado en el mismo para fundamentar su rechazo a las pretensiones municipales de tratar de modificarlo por la vía de los atajos urbanísticos. Por eso el Ayuntamiento, en vez de acudir a los Tribunales, en un puro artificio político sin base jurídica, anuncia, sin mucha convicción, una “actualización” del documento urbanístico.
a que no era concejal electo ponía de manifiesto el desequilibrio en la confección de la lista electoral, ya que en el equipo con más concejales de la historia reciente de nuestra Democracia (20, incluido el propio Zoido), el alcalde no había pensado en nadie durante sus cuatro años de oposición para ocupar una de las delegaciones más importantes en cualquier gobierno y tuvo que recurrir a un externo, un ‘dedil’, figura que ha sido tumbada ahora por el Tribunal Constitucional en su sentencia.
Es el caso de Gregorio Serrano, que ostenta nada menos que cuatro competencias: Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores. En paralelo a su figura está la de Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, a quien compete desde la aplicación y revisiones del Plan General de Ordenación Urbana, hasta los Parques y Jardines, pasado por el ahora súper conflictivo tema de la vivienda a través de la empresa pública Emvisesa y el no menos históricamente conflictivo asunto de la limpieza de la ciudad por medio de Lipasam, que a principios de año desató la peor huelga que se recuerda en el servicio de recogida de basuras.
Con esta decisión, el mensaje que lanza Zoido, interna y externamente, es que su equipo está claramente diferenciado entre un núcleo duro de personas de su máxima confianza (Juan Bueno, Gregorio Serrano, Maximiliano Vílchez y Asunción Fley, la dama de hierro encargada de meter las tijeras en las cuentas de cada delegación, sin compasión) y el resto. La misión de estos últimos se circunscribe a gestionar los distritos, donde a medida que el tiempo corre hacia una nueva cita con las urnas se pelea ya a cara de perro con la oposición, como demuestra la bronca política en las últimas semanas en el distrito Macarena.
Cabello ya se estrenó con la polémica derogación del Plan Centro de tráfico por la falsedad del argumento de que las videocámaras no funcionaban, un ‘affaire’ que derivó en una no menos polémica comisión de investigación que ha tardado en cerrarse en falso casi toda esta primera etapa del mandato. Otro escándalo de la Delegación fue el expolio sufrido por la antigua sede de la Policía Municipal en la isla de la Cartuja en vísperas de su devolución a la empresa constructora Detea y cuando aún se hallaba en manos del Ayuntamiento. La empresa acabó demandando una indemnización multimillonaria ante los tribunales.
imagen entre los sevillanos por una actitud para la que aquél no ahorró en calificativos. El episodio de los policías haciéndose la foto con la señal de la victoria y con el fajo de multas impuestas durante la Feria ha acabado por demostrar el fracaso del delegado en su intento de cambiar la conducta y la imagen externa de la Policía, el objetivo principal que le había marcado Zoido. Además, su inflexibilidad con las multas de tráfico (adquirió un segundo coche ‘ponemultas’) ha acabado por erosionar al propio Ayuntamiento.
Por si no se hubiera levantado ya suficiente polvareda -por más que el albero haya estado este año más compactado que nunca- a cuenta de los inspectores enviados por el ministro para supervisar la Feria de Abril tras divulgarse desde los tiempos de Emilio Carrillo que el festejo sevillano genera un impacto de 675 millones de euros que escapaban por completo al Fisco, en Granada se ha presentado un estudio similar sobre la repercusión económica de la Alhambra. Parece que es la nueva moda de la temporada primaveral.
Ya no sólo alardea de que sus estudiantes organizaron una botellona para el Guinness de los records con el solo propósito de batir el número de participantes en otra movida con motivo de una Fiesta de la Primavera aquí en la Cartuja, sino también de que el monumento más visitado de España, la Alhambra, genera más riqueza que la Feria de Abril, 750 millones de euros frente a 675, y más empleos: 10.000.
Granada, pues, ya se ha apuntado esta pírrica victoria sobre Sevilla en la Liga de los impactos económicos. Pírrica porque así sólo conseguirá atraer sobre sí la atención de los hombres de negro de Montoro sobre cuanto se mueve en derredor de la Alhambra.
de líder de la oposición a Griñán, le plantearon si se veía como candidato al sillón de San Telmo. Contestó que su preferencia era la Alcaldía de Sevilla. Su razonamiento era sencillo pero contundente: él es alcalde porque los sevillanos lo han elegido con sus votos en las urnas, mientras que es presidente del PP (A) porque así lo han querido sus compañeros de partido. El mensaje implícito era obvio: tiene un compromiso con los votantes sevillanos mayor que con sus correligionarios, lo cuales habían acudido a él como solución de emergencia tras la dimisión de Javier Arenas y para evitar un vacío de poder interno.
Quizás para acallar esas voces y poner freno a cualquier movimiento interno para tomar posiciones de cara a la batalla por el control del partido, José Luis Sanz concedió una entrevista a Canal Sur en la que dejó abierta la candidatura de Zoido a la Presidencia de la Junta. El también alcalde de Tomares, que sufre en el seno de su Ayuntamiento la polémica por las facturas de las mariscadas cargadas a las arcas municipales en plena crisis económica, afirma que aunque Zoido ha expresado su deseo de seguir siendo alcalde de Sevilla, “también ha afirmado que está a disposición del partido”.
Se está dibujando un escenario político cada vez más fragmentado y con la posible necesidad en el horizonte de recurrir a coaliciones de dos e incluso más de dos fuerzas políticas para obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. Un panorama a la italiana, con los movimientos alternativos, como les ha demandado María Dolores de Cospedal, pensando en concurrir a las elecciones para tratar de repetir el fenómeno de Beppe Grillo en Italia capitalizando el descontento popular con los políticos y la vieja política.
Así, sólo el 18,8% de los andaluces califica de buena/muy buena la gestión de Griñán al frente de la Junta de Andalucía y tan sólo un 14,07% opina lo mismo de la labor del Gobierno autónomo; el presidente de la Junta inspira poca/ninguna confianza al 62,6% de los andaluces y el 40,01% de ellos cree que la situación política en nuestra comunidad es peor que la de España, y un 55,3% estima que la situación económica es peor/mucho peor que la del conjunto del país.
Esto significa que hay un voto vergonzante que ya no se reconoce en el PP, como ocurría a los simpatizantes socialistas en la última etapa de Zapatero, un votante que quiere olvidarse del apoyo otorgado al PP hace poco más de un año, en parte por las políticas de Rajoy y en parte por el bajo perfil de Zoido como sustituto de Arenas. Además, un 46,1% de los encuestados asegura que jamás votará al partido que preside Zoido en Andalucía, frente a un 25,9% que dice lo mismo del PSOE. Por tanto, el grado de rechazo visceral al PP supera en 20 puntos al que inspiran los socialistas.
Si los sevillanos hubiéramos ahorrado a diario ese cubo o practicado esa ducha fría desde la Expo, cuando tanto se presionó para construir el pantano de Melonares, habríamos dispuesto de 51,45 Hm3 de agua, 11,45 Hm3 más que la que regula este embalse, el cual no habría hecho falta -en realidad nunca se precisó- y además habríamos ahorrado los 100 millones de euros que acabará costando el proyecto cuando se acaben las conducciones hasta Sevilla.
Conforme al calendario del año próximo, el Domingo de Ramos será el 13 de abril, y el de Resurrección , el 20 de abril, por cierto XXII aniversario de la Exposición Universal de 1992. Como es sabido, tradicionalmente se suele dejar un margen de dos semanas entre la Semana Santa y la Feria. Pero, en tal caso, el evento tendría que inaugurarse con el alumbrado de la portada y del recinto el 5 de mayo, lunes, y celebrarse hasta el día 11 de mayo.
Para Serrano, disponer de tan sólo siete días (en puridad, ocho) entre la Semana Santa y la Feria supone un riesgo en materia de seguridad y operatividad, ya que hay que desactivar el plan que se organiza para la primera y activar el específico para la segunda.
Para éstos, sin duda, no sería lo mismo, ni mucho menos, una Feria de Abril en abril, con la avalancha en su segunda mitad de madrileños por los festivos del 1 y 2 de mayo, que una Feria de Abril en mayo y sin los turistas de Madrid.
Como es sabido, cada municipio tiene derecho a designar dos días del año como fiestas locales. También tradicionalmente, en Sevilla suelen elegirse el día del patrón, San Fernando (30 de mayo), y el jueves del Corpus Christi, la procesión en la que Zoido fue aclamado popularmente al poco de su toma de posesión como alcalde.
La duda razonable que cabe plantearse es si de no haber mediado un festivo este año a la gente se le hubiera quitado las ganas de Feria ya a partir del jueves y hubiera acudido más en masa hasta el final al campo de Los Remedios.
Los modernísimos hoteles construidos para el 92 se cerraban paulatinamente o estaban casi vacíos. Entre ellos, el Al-Andalus, en la prolongación de la Palmera, el segundo más grande de España, con sus 700 habitaciones. Le sobraban por lo menos la mitad. Y entonces, a su dueño, el empresario balear Antonio Coll, se le encendió una bombilla al saber que turistas británicos acudían en cruceros a operarse de cataratas y otras afecciones oftalmológicas en Gibraltar, como ahora van en aviones a los dentistas polacos, por desconfianza en su sistema de salud, más caro y peor.
los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.
El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.
La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.
Salvo el núcleo en torno al hotel de la Once, he contemplado la entera construcción de Islantilla. Allí, hacia el año 2000 y en un pequeño local del complejo comercial del Paseo Marítimo, dos puertas más allá de la taberna rociera de Julián Contreras, Fernández Capitán abrió su primer ‘100 montaditos’. Como otros tantos tiesos sin alardes de nuevo rico en pleno ‘boom’ del ladrillo lo frecuenté desde sus inicios. Así que por más que el dueño del imperio cultive hoy el mismo secretismo que otrora Amancio Ortega, puedo dar fe de haberlo visto en numerosas ocasiones, alegrándose él de vernos a nosotros, sus primeros clientes. Será por esa misma similitud con el empresario gallego del textil que a los ‘100 montaditos’ los llamaron el Zara de los bocadillos.