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Embargo

El alcalde, futbolísticamente de color palangana, ha reaccionado al escándalo suscitado por el contrato de 680.000 euros que le ha regalado al Betis para compensarle por si le da por pagar su deuda tributaria – jibarizada a menos de un millón de euros a base de quitas-  filtrando que desde el 17 de junio existe una orden de embargo de la ciudad deportiva del Sevilla F. C., el cual debe al Ayuntamiento 2,8 millones de euros y tampoco paga. ¡Qué callado se lo ha tenido Zoido, cuando habría sido noticia de portada en todos los periódicos! La medida no tiene mérito porque la ciudad deportiva ya estaba embargada preventivamente desde los tiempos de Monteseirín, bético por más señas futboleras, en la Plaza Nueva. Esto demuestra que los alcaldes se pasan unos a otros la patata caliente pero que ninguno la coge y se quema. No hay bemoles. Dos años ha tardado Zoido en redactar su orden de embargar lo ya embargado, pero sigue corriendo el reloj y el embargo de esta corporación tampoco se ejecuta. Hay cartas que se escriben pero que al final nunca se echan al buzón.

 

Balance

Mar Sánchez Estrella presentó el balance de las Santas de Zurbarán, con 48.571 visitantes. Entre el patrocinio del BBVA y las ventas habría acabado costando al Consistorio ‘sólo’ 295.000 euros. Yo, que la he visitado, ya dije que era una idea atractiva pero cuestionable en tiempos de crisis y cuando tanto se ha recortado al tejido cultural de la ciudad. La delegada ha tratado de justificarla con el tópico habitual del turisteo y la repercusión mediática. Pues si aquí el patrón de medida universal son los turistas en vez de la cultura y otras razones más profundas, hagamos cuentas turísticas: 30.040 visitantes sevillanos, 10.540 nacionales, 1.991 extranjeros y 6.000 escolares/adultos. Suponiendo, que es mucho suponer, que todos los nacionales y extranjeros hayan sido turistas ex profeso por Zurbarán, sólo han supuesto el 25,79% del total (magro resultado pese a esa supuesta repercusión mediática) y nos ha costado traerlos 295.000 euros. ¿Cuántos más habrían venido si ese dinero se hubiera destinado a una macrocampaña de promoción con billetes de avión low cost?

 

Sin (2)

Crónicas periodísticas han reflejado la visita de Zoido al Parque de María Luisa, previamente sometido a un zafarrancho de limpieza y a un lavado de cara,  en los términos que a continuación se exponen. El alcalde anunció un plan para rehabilitar el Parque de cara al centenario de su cesión por la Infanta a la ciudad, que se conmemorará en 2014, pero sin ofrecer detalles sobre cómo y de dónde saldrán los fondos. El alcalde anunció que el Parque será escenario de actividades culturales, deportivas y escolares, sin precisar ninguna de ellas. El alcalde volvió a anunciar el programa para la vigilancia del recinto y de la Plaza de España, pero sin aportar fechas ni desarrollo pese a que los destrozos vandálicos vuelven a ser  visibles en la obra de Aníbal González.  O sea, lo mismo que ocurre en tantos otros aspectos y ocurrió en el reciente debate sobre el estado de la ciudad: anunció una rebaja generalizada de los impuestos pero sin concretar en qué cuantía. Me da la impresión de que en Sevilla hemos pasado de un sin alcalde (Monteseirín) a un alcalde sin (Zoido).

Convenios

Zoido ha confesado que el Ayuntamiento prepara un convenio similar al redactado para el Betis con el fin de cobrarse las deudas tributarias que el otro equipo de la ciudad (¿o el otro es el otro?, y ustedes ya se entienden), o sea el Sevilla F. C. mantiene aún vigentes con el Consistorio ( Zoido debería contar las que han dejado que prescriban para cada uno) y que dice la Fley rondan los 2,8 millones de euros. Y en esto oigo a colegas de Deportes cantar alabanzas a Del Nido porque ha ingresado este verano por la venta de jugadores 60 millones de euros o incluso más. Calculadora y regla de tres: las deudas tributarias del Sevilla suponen tan sólo el 4,66% del dinero que ha obtenido por el traspaso de Jesús Navas, Álvaro Negredo, Luis Alberto y compañía. Y yo me pregunto si no es hasta una ridiculez que el alcalde tenga que estar detrás de Del Nido con un convenio a la carta en plan cobrador del frac. Si hay una entidad en la ciudad que hoy por hoy no necesita acogerse a un convenio para pagar ‘ad calendas graecas’ ésa es el Sevilla F. C. Le sobra liquidez.

Todos somos Betis

“Que el Ayuntamiento de Sevilla, consciente de la importancia deportiva y social del Real Betis Balompié, así como de la relevante labor de promoción de nuestra ciudad que, tanto  dentro como fuera de España, lleva a cabo mediante el desarrollo de sus actuaciones deportivas, desea promover y fortalecer las relaciones institucionales con dicha entidad”. Así empieza el texto del convenio-marco de colaboración entre el Consistorio y el Betis, acordado por Zoido y el presidente bético, Miguel Guillén, y en virtud del cual la Corporación se compromete a adquirir diversos servicios y recursos ofrecidos por la entidad verdiblanca durante el cuatrienio 2013-2016 a razón de 170.000 euros anuales, por lo que al final de dicho periodo el Ayuntamiento habrá ingresado en las arcas de esta sociedad anónima deportiva, que a todos los efectos es una empresa privada más como Telefónica y propiedad de sus accionistas, un total de 680.000 euros.

Pero no los ingresará, porque la clave del convenio y que denota cuál es su motivación nos la da este punto: “(….) el Ayuntamiento de Sevilla procederá a compensar de oficio las cantidades anuales devengadas en favor del Real Betis Balompié por la prestación de estos servicios o recursos, hasta el total de 170.000 euros anuales, con la deuda tributaria pendiente”.

EXENCIÓN ENCUBIERTA

Este convenio que tan generosamente ha acordado Zoido en nombre de los contribuyentes sevillanos, la inmensa mayoría de los cuales paga religiosamente sus impuestos con subidas aplicadas al IBI (16 millones de euros más recaudados en 2012 y 2013 por el recargo del 10%) y en otros tributos, no tiene otro fin que compensar al Betis por unos servicios que nadie sabe en qué consisten, para que en el saldo final aquél no tenga que pagar, o pagar mínimamente, los impuestos que adeuda al Ayuntamiento desde 2008 y que merced a quitas y otras prácticas similares han pasado de casi 1,4 millones de euros a tan sólo 973.000.

Como además Zoido -dice que obligado por el convenio judicial-  le da facilidades de pago hasta  2028 al fraccionarle las cuotas sin recargos ni intereses legales, entre quitas, demoras, aminoraciones por efecto del IPC no repercutido y compensaciones, el resultado es que no pagar el IBI, el IAE, el sello del coche…. le ha resultado al Betis casi gratis o al menos muy rentable.

NO HAY NECESIDAD

La innecesariedad de este convenio, que implica que el Ayuntamiento deje de ingresar 680.000 euros en la más grave crisis económica de la historia reciente, con 89.000 parados y tras recorte de gastos y hasta de pagas extra al personal municipal, se evidencia en que como no hay servicios y recursos que comprarle al Betis y por tanto no se especifican en el texto, Zoido y Guillén se remiten a una comisión que se reunirá a principios de 2014 para concretarlos.

O sea, que Zoido ha comprado algo inexistente. ¿Qué pasaría en una empresa privada con un directivo que comprometiera una compra sin saber lo que compra? Así administra el alcalde nuestro dinero.

Zoido se equipara  a Monteseirín al incurrir en sus mismas prácticas. Por ejemplo, aunque su mandato acaba en 2015, lega este convenio a la próxima corporación al fijar su vigencia hasta 2016. Y, por el mismo interés populista y electoralista de pensar en congraciarse con los aficionados al fútbol para ganarse así sus votos merced a este perdón fiscal encubierto al Betis y al similar que ha reconocido prepara para el Sevilla F. C., cuya deuda ronda los 2,8 millones de euros, copia la estrategia de Monteseirín.

El predecesor de Zoido, para que las dos sociedades anónimas deportivas (clubes, en puridad dejaron de serlo) no pagaran tampoco las millonarias deudas tributarias que acumularon durante sus mandatos, se inventó lo que denominé la ‘prestación fiscal sustitutoria’: los equipos de fútbol jugaban algún partidillo acorde a los deseos del Ayuntamiento o rellenaban los vacíos del graderío de los estadios con el reparto de entradas a escolares y otros colectivos y deuda saldada.

LABOR PROMOCIONAL

Hay infinidad de empresas sevillanas que por el mero desarrollo de su actividad llevan mucho más que el Betis y el Sevilla F. C. el nombre de la ciudad por España y el mundo, la prestigian y la promocionan, y no por ello a Zoido se le ocurre eximirlas del pago de impuestos o acordar un paripé de convenio para compensarles aquéllos como al Betis. Pensemos en Abengoa. ¿Cuánto vale para la ‘marca Sevilla’ cada cita elogiosa que de ella ha hecho Obama y su liderazgo mundial termosolar cimentado desde nuestra ciudad?

Pensemos en City Sightseeing, líder mundial de los autobuses turísticos, los mismos en que Zoido se paseó durante su reciente excursión a Bruselas. Presente en más de cien ciudades, transporta a más de diez millones de viajeros anualmente y cada vez que extiende el servicio a una nueva ciudad obliga a sus franquiciadores a formar a todo su personal en Sevilla.

En el sentido del convenio acordado por el alcalde con el Betis, todos los habitantes de la ciudad son también como el Betis, porque todos hacen gala de ella con orgullo y la promocionan por donde quiera que van. Por tanto, son tan acreedores de los beneficios fiscales que tan generosamente concede Zoido como el Real Betis Balompié.

Monteseirín y Zoido están muy equivocados. Creen que el Sevilla y el Betis encarnan la ciudad y por eso les dan un trato de privilegio. Al contrario. Da ejemplo cívico y de sevillanía quien contribuye con el pago de sus impuestos a mantener y acrecer Sevilla y su patrimonio y no quienes, tomando en vano su nombre, eluden cumplir sus obligaciones con ella.

Apoyo

Zoido ha declarado que no iba a hablar ni de los ERE ni del caso Bárcenas, pero que como alcalde de Sevilla expresaba su apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En las elecciones municipales de mayo de 2011 hubo diecisiete partidos distintos que obtuvieron votos de los sevillanos, aparte de los sufragios en blanco y los nulos, que también son opciones políticas, y muy respetables, como han preconizado José Saramago y Francisco Rubiales, sin ir más lejos. Los 166.000 votantes del PP supusieron el 48,39% de los sufragios emitidos, incluyendo los no válidos. No suponen, por tanto, la mayoría absoluta de los sevillanos, y hay que contar también los 99.000 del PSOE, los 24.000 de IU, los 16.000 andalucistas, los 11.000 de UPyD, los 4.000 ecologistas…..En definitiva, Zoido es muy libre de expresar su apoyo a Rajoy por el caso Bárcenas a título personal o como militante y presidente del PP (A) y hasta como diputado del Parlamento andaluz, pero no debe hacerlo como alcalde de Sevilla, ya que en calidad de tal está hablando en nombre de todos los sevillanos.

La VPO

Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.

 

Boicot

Juan Ignacio Zoido lleva dos años dando la tabarra con la cantinela de que la Junta de Andalucía le está boicoteando el proyecto de la segunda tienda de Ikea, a pesar de que el alcalde no ha presentado todavía ningún papel ante la ventanilla del Gobierno autónomo que le hayan podido rechazar. Por el contrario, quien no deja de ponerle pegas, y además con cierta parsimonia en el envío de los informes, es la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Fomento. A los chicos de Ana Pastor se les ponen los pelos de punta con tan sólo pensar en que Ikea les pueda crear en otro punto cardinal de Sevilla otro ‘atasco perfecto’ como aquel que al Oeste colapsó la ciudad y el Aljarafe hace unos años. Para colmo, cuestionan un tramo de la SE-35 que, oh casualidad, es distinto al único cuya redacción había encargado el Ayuntamiento y que lleva más prórrogas que los partidos España-Italia. O sea, que en el caso de Ikea, por muchas maniobras de distracción que en dirección a la Junta haga, el alcalde está siendo víctima del ‘fuego amigo’.

Zoido incumple el Código Ético de Emvisesa en el caso del concejal de la VPO

El Código Ético y la actuación del presidente de la empresa, Juan Ignacio Zoido, están siendo sometidos a prueba en el caso del delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, que solicitó una VPO en Pino Montano en 2005 cuando ya era -y sigue siendo- copropietario en pleno dominio de otra vivienda desde 1994, y que ha reconocido públicamente que utiliza la VPO de forma esporádica, amén de haber compartido al menos su uso -niega, como le acusan algunos vecinos, que la haya alquilado- con una señora mayor a la que ha calificado comoi una antigua cuidadora, cuando la normativa de las VPO impone que sea la vivienda habitual y no esporádica y que su uso no sea cedido en ninguna circunstancia.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, es también presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) y como tal está obligado a cumplir el Código Ético de la compañía, que fue aprobado el pasado 23 de mayo a propuesta del director-gerente, Miguel Contreras. La norma impone a directivos y empleados la obligación de integridad y transparencia y de denunciar cualquier tipo de irregularidad como la que, presuntamente, habría cometido el delegado del Distrito Norte. Juan García Camacho ha confesado que utiliza “de forma esporádica” la VPO que le fue concedida por Emvisesa en 2005. Sin embargo, pese a las solicitudes de PSOE e IU al alcalde y presidente de la compañía para que abra una investigación sobre este caso, Zoido sigue guardando un absoluto mutismo pasadas  semanas desde el estallido de la controversia.

El 23 de mayo, el director-gerente de Emvisesa, Miguel Contreras Manrique, presentó ante la Comisión Ejecutiva de la sociedad, que lo aprobó al final de su reunión, un Código Ético interno “dirigido a todos los directivos y empleados de la empresa, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o posición jerárquica que ocupe en el organigrama de la compañía” (artículo III), por lo que también debe someterse al mismo el propio presidente de la empresa, que no es otro que Juan Ignacio Zoido.

El artículo citado especifica que “cuando surjan discrepancias entre las normas, leyes y regulaciones locales y el presente Código, los empleados aplicarán preferentemente aquella norma que sea más estricta”.

En su intervención ante la Comisión Ejecutiva, el gerente de Emvisesa justificó la necesidad del Código Ético porque “debido a la situación económica actual -expresó- nos vemos obligados a convivir en un ambiente de negocio difícil e impredecible, en el que la ética y las prácticas de negocio justas y honradas deben estar más que nunca presentes en cualquier actividad empresarial”.

Contreras abogó por que Emvisesa proyecte una imagen de una empresa “transparente y de referencia en su sector”, y añadió:”Según la forma en que nos tratamos, interactuamos con nuestros clientes y demostramos nuestro respeto por las leyes y las reglamentaciones, forjamos el prestigio de Emvisesa como una empresa que se preocupa por cuidar con los más altos estándares de integridad”.

El Código Ético impone al personal de Emvisesa el deber de preservar la imagen y reputación de la compañía en todas sus actividades profesionales, incluyendo intervenciones públicas. Asimismo, exige que eviten toda forma de conducta engañosa, fraudulenta o maliciosa que lleve a la obtención de ventajas inapropiadas sobre clientes y proveedores.

 

 

Fomento bloqueó cuatro meses Ikea mientras Zoido culpaba a la Junta

La Subdirección de Carreteras dio un informe negativo al Plan Parcial de San Nicolás

Lo cambió, con cautelas, tras un recurso de reposición del Ayuntamiento

 

El Ayuntamiento ocultó que durante cuatro meses el Ministerio de Fomento, a través de la Subdirección General de Carreteras, bloqueó la tramitación administrativa del Plan Parcial necesario para la segunda tienda de Ikea al emitir un informe desfavorable, pese a lo cual Zoido mantenía en sus declaraciones la versión de que era la Junta de Andalucía la que estaba boicoteando la implantación de la multinacional sueca en nuestra ciudad y amenazaba incluso con demandarla ante los Tribunales.

Urbanismo no podía avanzar en el proceso de aprobación del Plan Parcial para los terrenos de San Nicolás Oeste, donde está prevista la construcción de la nueva tienda de Ikea, porque el 14 de noviembre de 2012 la Subdirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento emitió un informe desfavorable y exigió el cumplimiento previo de una serie de condiciones para, por una parte, quedara expresamente claro que no asumiría la titularidad de nuevos tramos de carreteras, con sus consiguientes gastos de mantenimiento, y, por otra, que se garantice la fluidez del tráfico ante el ‘efecto llamada’ que puede provocar el complejo comercial de la multinacional sueca.

La Subdirección General de Carreteras exigía que se reconociera expresamente que el futuro enlace entre la A4 y la SE-34 sería de titularidad municipal, salvo los ramales de conexión con la primera. Y en tal caso, había que garantizar que el nivel de servicio de estos ramales no se verá afectado por la conexión al nuevo enlace con los terrenos de San Nicolás, que comercialmente desarrollará Ikea. Si se produjeran atascos por esta circunstancia, “se deberán plantear las medidas oportunas para subsanarse”, exigía la Subdirección General de Carreteras.

Previamente, y con un año de antelación, la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental había emitido un informe sobre el enlace entre la autovía A4 y la futurible ronda intermedia SE-35, en el que prescribía que el Ayuntamiento asuma la titularidad de la carretera estatal SE-20 (la Ronda Súper Norte, que partiendo desde la A4, cerca del aeropuerto, circunvala la ciudad por el Norte hasta llegar a la Cartuja, donde enlaza con la SE-30 a la altura del viaducto del Alamillo) y que se diera prioridad en la SE-35 a la construcción del enlace con el aeropuerto de San Pablo.

El informe negativo de la Subdirección General de Carreteras no fue cambiado por otro favorable hasta el 5 de marzo de 2013, tras verse obligado el Ayuntamiento de Sevilla a interponer un recurso de reposición, pero no sin imponer nuevas cautelas al Consistorio, tales como incrementar el diámetro de la futura glorieta que conectará San Nicolás con la ronda intermedia SE-35, ampliar en dos carriles el ramal de la A-4 a dicha glorieta para dar más fluidez al tráfico y separar físicamente las circulaciones de vehículos que confluyan en la glorieta de acceso a San Nicolás y al complejo comercial de Ikea, lo que pone de manifiesto una vez más los temores de Fomento a posibles congestiones de tráfico en el futuro por el ‘efecto Ikea’.

Entre el informe negativo de Fomento y la enorme demora de Urbanismo para realizar el deslinde de las vías pecuarias que cruzan los terrenos de San Nicolás, el Ayuntamiento no pudo proceder a aprobar provisionalmente – “por segunda vez”, según la expresión del alcalde y del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez- el Plan Parcial en que debe sustentarse la tienda de Ikea hasta mediados del mes de julio.

Esto no ha sido óbice para que el Consistorio haya mantenido durante todo este tiempo la versión de que era la Junta de Andalucía la que estaba boicoteando el proyecto.