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El humo del Metro

El Consejo del Agua de la Demarcación del Guadalquivir aprobó el miércoles, tras cinco años de trabajos, el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica, que ha de sustituir al vigente desde 1998. En el documento previo se contemplaba una inversión de 4.106 millones de euros, ahora reducidos a 1.738. De un plumazo, Andalucía, y sobre todo Sevilla, sufre un recorte de 2.368 millones de euros. El presidente de la Confederación Hidrográfica , Manuel Romero, dependiente del Gobierno central, ha justificado esta drástica reducción de las inversiones (un 60% menos) “por realismo” y “para adaptarse a la nueva situación económica”. Nadie ha dicho nada hasta ahora de este tijeretazo, a pesar de que su cuantía es dos veces superior al coste estimado de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Los Bermejales).
Ese mismo día, la prensa económica adelantaba el sacrificio que Hacienda impondrá al Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales: una caída de la inversión en infraestructuras de entre el 15% y el 17%. No habrá dinero para nuevas carreteras ni  tampoco para el mantenimiento integral de las existentes. En el capítulo ferroviario, los esfuerzos se concentrarán sólo en la alta velocidad, uno de los pocos campos en que España exporta tecnología al mundo.
Este es el panorama real de un país al que Zapatero dejó con una deuda de 900.000 millones de euros y que está a punto  de pedir un segundo rescate.

EJERCICIO DE REALISMO

Y en este contexto se está produciendo el politizado debate posterior al anuncio de la consejera de Fomento, Elena Cortés, de que no quiere engañar a nadie con proyectos que no se pueden hacer y que por ahora queda aparcada la ampliación del Metro de Sevilla: “Hay que actuar en las infraestructuras -ha dicho- conforme al contexto económico que tenemos y a los recortes que nos imponen, que hacen que esas nuevas líneas se vayan a tener que aparcar de momento”.
Su segundo anuncio fue que, entre los transportes, tendrán prioridad las obras en ejecución, esto es, los Metros de Málaga y Granada y el tranvía de la costa de Cádiz. Si se analizan sus palabras sin prejuicios, se observa que coincide con las líneas maestras del nuevo plan de obra pública que prepara Fomento en Madrid, salvo que a última hora y por intereses políticos fuercen a Ana Pastor a cambiar sus prioridades: rematar los proyectos en ejecución y abstenerse de licitar nuevos. Por una vez, la Junta y el Gobierno coinciden en algo, aunque ello no ha evitado que el PP y el PSOE andaluces hayan acabado tirándose los trastos a la cabeza.

AGRAVIADO
Si Zoido le dio balas a Griñán cuando dijo en el Parlamento aquello de que Andalucía necesita es un rescate político, el presidente de la Junta ha hecho otro tanto con el alcalde al expresar de forma desafortunada en relación con el Metro que Sevilla era la tercera prioridad del Gobierno autónomo, por detrás de Málaga y Granada. En los ojos y oídos sólo quedó este titular y no lo que también dijo a continuación: “Los únicos que ya tienen Metro son los sevillanos”.
Como no cabe pedirles racionalidad y sentido de Estado ( y sobre todo de los dineros públicos) a unos políticos que distan mucho de aquellos de la Transición, Zoido tradujo estas palabras presidenciales en términos de discriminación a Sevilla, sin reparar en su otra condición de líder andaluz del PP que ha de comprender también la situación del resto de territorios de la comunidad y de que iba a levantar ampollas en el seno de sus propias filas en Oriente: “Ya está bien de agravios con Sevilla, de relegarla y de que se le dé la espalda. Debe recibir el mismo trato que las demás ciudades”.

RECELOS ANTISEVILLANOS

Este tipo de declaraciones sólo contribuye a alimentar la leyenda del centralismo sevillano y los recelos contra Sevilla, porque la discriminación radica en el trato igual a los desiguales. Invirtamos, siquiera en hipótesis y por un momento, la situación: si Málaga tuviera ya en funcionamiento desde hace tres años la única línea de Metro de Andalucía en la que se hubieran invertido 658 millones de euros; si la Junta hubiera dicho que sólo había dinero para rematar los suburbanos de Sevilla y Granada; y si el alcalde de Málaga hubiera montado en cólera y exigido que se licitara al mismo tiempo otra línea para la capital de la Costa del Sol porque en caso contrario se crearía un agravio comparativo, ¿qué opinaríamos en Sevilla?
Se puede objetar todo lo que se quiera, que la línea 1 de nuestro Metro se construyó con 30 años de retraso y que la red completa consta de cuatro y no sólo de una, pero la realidad es la que es, como decía el presidente de la Confederación Hidrográfica al anunciar su tijeretazo de 2.368 millones de euros. La alternativa de una colaboración público-privada como la propuesta por Zoido, que ahora suspira por que se construya siquiera un tramo de la línea 3 cuando antes exigía todas a la vez, parece difícil en un escenario donde no fluye el crédito. Y, además, tras las múltiples incidencias en las obras de la línea 1, construida por este sistema, la Junta perjuró que nunca más.
El escándalo no radica en que la consejera haya dicho la verdad de que no hay dinero para el Metro, como antes se confesó el consejero Llera con la Ciudad de la Justicia (y hasta fue aplaudido por no seguir con las falsas promesas), sino en eso de que cuando ha mirado en los cajones en busca de los nuevos proyectos no ha encontrado nada, cuando en la precampaña electoral la Junta urgía a Zoido a que eligiera cuál de las tres futuras líneas se empezaba a construir primero.
O sea, que tras aquellos anuncios sólo había humo.

Quite

Si aún no se hubieran fallado los premios de la temporada taurina, sin duda alguna el delegado de Urbanismo, Max Vílchez, sería uno de los candidatos al del quite providencial, con la singularidad de que se lo ha hecho a sí mismo y no a un tercero. No de otra forma que un autoquite cabe interpretar la convocatoria urgente el otro día de una rueda de prensa para informar de que Fran Rivera y Carlos Herrera habían presentado mejor oferta que sus rivales para el mercado gourmet del Barranco…. aunque el concurso no se fallaba hasta una semana después. Se trataba de eclipsar el escándalo de la subida de tasas que preparaba Urbanismo y que le reventó el PSOE, porque ¿desde cuándo se convoca una rueda de prensa para informar sobre unas ofertas en vez de sobre la adjudicación propiamente dicha? Pero bien mirado, si en su tiempo se hubiera informado previa y públicamente ante los medios de que la oferta de Noga superaba en 62 millones de euros a la de de la filial de Sando en el concurso convocado a tal efecto quizás nos habríamos ahorrado el escándalo Mercasevilla.

¿Gobierna Zoido?

Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.

La coartada

El Ayuntamiento sigue empeñado en homenajear a la Expo de Pellón con la coartada del borrador. Ya saben: cada vez que a la Sociedad Estatal le pillaban un documento comprometedor decía que se trataba de un mero borrador. Nunca era el definitivo, salvo que no suscitara polémicas o conviniera a sus intereses. Max Vílchez ha tirado de ese manual de la Burson Marsteller diciendo otro tanto sobre el plan que le ha pillado Antonio Muñoz,  listo para su aprobación, y que entre otros sablazos preveía subir las licencias de obras en casi un 100%: 130 folios firmados uno a uno por el delegado de Urbanismo y su gerente y con informes justificativos de la jefa del servicio de Gestión Financiera y Tesorería y del director de Administración y Economía. ¿Tanto trabajo, tantos implicados, tantos sellos y tantas firmas para sólo un borrador? Cuidado, que los borradores los carga el diablo. Por de pronto, a los de Gaesco, la patronal del ladrillo, ya se les han puesto los pelos de punta. Y menos mal que Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo que no iba a subir los impuestos.

Cruceristas

El Ayuntamiento anuncia con trompeterío triunfalista la reactivación de su nuevo invento, el ‘Cecop de cruceros’, con motivo de la próxima arribada al puerto de un barco con turistas. Habrá un despliegue de la Policía Municipal  en los extremos del muelle de las Delicias, en la apertura del puente levadizo y alrededor del buque, cuyos pasajeros gozarán de un servicio de vigilancia especial durante sus movimientos por la ciudad, así como de un trato VIP en el Prado de San Sebastián para sus conexiones con el aeropuerto y de una parada reservada  de taxis en el Paseo de las Delicias. Asimismo, habrá un zafarrancho de limpieza para dejar Sevilla en estado de revista a su paso. Ante tanta alfombra roja pensé que desembarcarán miles y miles de turistas, pero resulta que son tan sólo 400. Vamos, que cabrían en únicamente  siete autocares y serán muchísimos menos visitantes que los que celebran en un fin de semana el Día de cualquier pueblo en Isla Mágica, pero al Ayuntamiento ni se le ocurre barrer la puerta del Parque Temático. Como no se les llama cruceristas…..

JASP

El informe de una consultora  fue utilizado por el Ayuntamiento para justificar el despido de enchufados del PSOE en Lipasam por el nuevo gobierno de Zoido (no todos, tras la amenaza de poner en pie de guerra la empresa en una materia tan sensible para el recién aterrizado alcalde como la limpieza pública).  Pero como toda regla tiene su excepción, el Consistorio acabó fichando para uno de esos puestos prescindibles según la consultora (y engordando la nómina pese a los recortes a gogó)  al niño de una dirigente del PP. La descripción de los ‘enchufados , pero con curriculum’, que hace Carmen Torres es magistral: “Estudian idiomas en el extranjero, sus padres les pagan cursos de postgrado y másters, pero acaban trabajando en la Administración”, no en la empresa privada. Son JASP, el acrónimo del ‘Jóvenes aunque suficientemente preparados’, pero por eso mismo se arriman al seguro de vida del perol de lo público, conforme a la tradición paterna/materna, porque, como decía Alfonso Guerra, saben que aquí fuera hace mucho frío (incluso en los veranos de Sevilla).

Los parados también votan

El presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Juan Pedro Alvarez Giménez, ha declarado hace unos días que la demanda de comida en la capital se ha disparado desde principios de año y que su organización registra casi 2.000 personas más mensualmente como demandantes de auxilio alimenticio, con la particularidad de que se está creando otro tipo de pobre: “la persona que nunca había estado en esta situación, que incluso no la había visto cerca y que ahora la está padeciendo”.
Con 90.000 parados en números redondos, muchísimos de ellos de larga duración y sin esperanza de encontrar trabajo a corto plazo, y con miles de familias sin ingreso alguno, estamos en una situación de auténtica emergencia social en que toda ayuda parece poca. Y, sin embargo, el Ayuntamiento parece que no se entera y que da la espalda a los desfavorecidos cuando, con ‘nocturnidad y alevosía’, ha suspendido el bonobús solidario de tapadillo, confiado en que esta decisión impopular no trascendiera a la opinión pública y cometiendo una torpeza tras otra en la gestión del problema.
Y es que, una vez dejado en evidencia por las informaciones de Viva Sevilla, ha añadido a su error político inicial el de haber presentado a los parados beneficiarios del bonobús como unos defraudadores, responsables del 95% de las irregularidades detectadas en los títulos de viaje de Tussam, sin más matizaciones.

ARGUMENTARIO DE ZOIDO

En esta línea argumental insistía Zoido una y otra vez tras estallar la polémica y surgir un clamor en contra de la decisión municipal en los partidos de la oposición, las centrales sindicales y organizaciones de consumidores como Facua. El alcalde, en rueda de prensa, abundó en ese mensaje a la opinión pública de que “han existido grandes irregularidades”, para contradecirse a sí mismo cuando añadió: “No sé cuántos casos de fraude habrá habido”. Pero volvió a la carga: “Habrán sido muchos y de circunstancias muy diversas. Se presupuestó el mismo dinero que en ejercicios anteriores a pesar del aumento del paro porque se creyó que se podría controlar el fraude”. Y más vuelta de tuerca a la misma idea: “Se está comprobando la situación para documentar las irregularidades y realizar una nueva normativa que evite el fraude”. Según Zoido, es lamentable que se hayan cometido estas “irregularidades” cuando se ha de “atender a personas en estas situaciones”.
Asociar los términos “fraude” e “irregularidades” al bonobús solidario ha sido la línea de defensa argumental del Ayuntamiento, pero se le ha derrumbado como un castillo de naipes cuando el PSOE difundió a continuación un documento firmado por el director-gerente de Tussam, Manuel Torreglosa, el pasado 27 de junio, en el que afirmaba que el nivel de fraude detectado en esta modalidad de tarjeta de viaje hasta mitad de año era de un 2% en números redondos; y en el conjunto de todos los bonobuses de Tussam sólo representaban el 0,07% del total.

UNAS CIFRAS MÍNIMAS

Carente ya por completo de esa coartada, el gobierno local tiró de estadística actualizada hasta septiembre para tratar de incrementar las cifras del fraude. Al final, según sus cuentas, como en el ínterim se ha pasado de 8.000 bonobuses a 12.000, los 450 retirados por irregularidades suponen un 3,75% del total de los solidarios, no del total del conjunto de títulos expendidos por Tussam.
No hay, pues, fraude masivo ni mucho menos, y estas cifras le han dado pie al líder de la oposición, Juan Espadas, a decir que por tanto la suspensión se basa “en una mentira como un piano”. Tampoco ha explicado con detalle el Ayuntamiento dónde radica el fraude, aunque parece que alude a su intento de utilización por otros familiares distintos al titular o a su uso más allá del período de seis meses para el que es concedido, unas circunstancias ‘a priori’ fácilmente detectables por los conductores de los autobuses y que en el segundo de los casos denota que el periodo de validez es demasiado corto y que sería conveniente plantearse ampliarlo a un año.
Así pues, en un error tras otro, el gobierno local ha tratado de ‘criminalizar’ al 96,25% de parados con bonobús solidario que lo usan correctamente,  al meterlos en el mismo saco con el 3,75% restante autores de las irregularidades, cuando señalaba que el 95% de los fraudes en Tussam eran por este tipo de títulos de viaje. Nunca fue más apropiada que a esta situación la frase de justos pagando por pecadores.

SE AVISÓ EN EL CES

Si el Consistorio ha tratado de escaparse por la tangente del supuesto fraude masivo es porque políticamente era indefendible la evidencia de que pese a que con el ‘alcalde del empleo’, tal como se presentó a sí mismo Zoido a los sevillanos antes y durante la campaña electoral, el número de parados en Sevilla ha seguido incrementándose, el gobierno local reducía el presupuesto para el bonobús solidario en nada menos que un 10,7%: de 2.800.000 euros a 2.500.000. Y ello también pese a la advertencia o premonición de los agentes sociales, expresada en el seno del Consejo Económico y Social de la ciudad, de que no parecía la decisión más adecuada, habida cuenta de la gravísima situación económica y de que no había visos de que la situación pudiera cambiar a corto plazo.
Los peores temores de los sindicatos se han cumplido y a Zoido se le ha acabado el dinero para el bonobús solidario este verano, justo en paralelo a dos polémicas que implicaban una generosa asignación de recursos para otras iniciativas mucho menos perentorias: 180.000 euros para alicatar con azulejos la zapata de Triana y 230.000 euros para teledirigir propaganda a los distritos a través de Internet. Dicho de otro modo: el 73% de la suma de estas dos iniciativas equivale a los 300.000 euros detraídos al bonobús solidario.

DINERO HAY

¿Cuál es el orden de prioridades del Ayuntamiento? ¿Puede defenderse que en una situación de emergencia social el Consistorio reduzca la partida destinada a la protección social que supone el bonobús solidario y que no la amplíe cuando se agota? Máxime cuando demuestra tener fondos para otras actuaciones perfectamente aplazables, cuando no ya prescindibles.
A Zoido le han faltado reflejos políticos para revertir la situación por propia iniciativa o incluso recogiendo el guante lanzado por los partidos de la oposición municipal y los agentes sociales de que recurriera a modificaciones presupuestarias para mantener este programa que facilita la movilidad de los parados en busca de trabajo, sobre todo cuando todavía le queda un as en la manga: los 3 millones de euros sobrantes o aún no gastados del acuerdo al que llegó con el Ministerio de Hacienda.
En vez de reaccionar sobre la marcha, como ha hecho al restablecer a última hora los premios de jubilación para los pensionistas, y dotar financieramente el bonobús solidario para ya tan sólo los tres meses que le quedan para la finalización del ejercicio, fue y se enrocó en el falso argumento del fraude masivo. Ha proyectado así ante la opinión pública la imagen de que se desentiende de los 90.000 parados de la ciudad y de que los abandona a su suerte.
Ni siquiera  ha sabido corregir la situación por un mero cálculo electoralista al margen de una cuestión de humanidad: esos 90.000 parados también votan y arrastran con sus votos el de muchos de sus familiares y amigos. Ahora, de una forma incomprensible por la sucesión de torpezas en la gestión del asunto, Zoido se ha señalado ante ellos como el alcalde que les quitó el bonobús.

(in)solidario

El híper concejal Goro Serrano, chico para todo de Zoido, dice sobre la suspensión del bonobús solidario, oficialmente por falta de dinero, que la partida presupuestaria que se le ha destinado en 2012 era “prácticamente coincidente” con la de 2011. El salto (ya que hablamos de viajes, como en los tramos del Metro) de 2,8 a 2,5 millones de euros supone una diferencia del -10,72%. Por bastante menos que eso con la gasolina este verano, ha convocado el ministro Soria a los mandamases de las petroleras a su despacho y les ha leído la cartilla. En cifras absolutas, el recorte al bonobús solidario ha sido de 300.000 euros. Teniendo en cuenta que al Consistorio se le ha acabado el dinero justo después de adjudicar por 230.000 euros una web con la inocente intención de trasladar digitalmente (nunca mejor dicho) la información municipal a los distritos (Marchena era más burro y lo hacía buzoneando los barrios con revistas plagadas de fotos de Monteseirín), la conclusión es obvia: le ha quitado dinero al bonobús solidario para destinarlo a propaganda. Robin Hood al revés.

Colores

En pleno siglo XXI, la única opción que nos da la empresa municipal de transportes, Tussam,  para distinguir entre un bonobús con transbordo y otro sin transbordo es pintarles encima  con bolígrafo o rotulador una señal diferencial que, dadas las características del plástico con que están fabricados, acaba emborronándose con el tiempo para dejarte las manos (y por extensión la ropa) manchadas de tinta. Protesté por el ‘teléfono rojo, volamos hacia Moscú’ que sólo uso para casos de emergencia  y me contestaron que era técnicamente inviable hacerlas bicolores. Pero hete aquí que ahora Juan Ignacio Zoido ha presentado junto a José María Del Nido y Miguel Guillén un bonobús verdiblanco y otro rojiblanco, destinados a los hinchas de los dos equipos futboleros de la ciudad, que así no tendrán necesidad de pintarraquearles encima una señal con el rotulador además de no utilizar el coche. Mientras el ciudadano de a pie ha de fastidiarse, está claro que para este Ayuntamiento, como para los anteriores y los que vendrán, el Sevilla y el Betis tienen un color especial.

Enchufados

En otro país o ciudad, el gerente de Lipasam que ha sido grabado recomendando a una trabajadora que se arrimara a Beltrán y a ‘Currito’ (sic), los -según él- del botoncito de los empleos en el Ayuntamiento  sin más carnés que el de identidad -Zoido ‘dixit’-, habría sido puesto en la calle ‘ipso facto’ para no dejar por mentiroso al alcalde y para que no quedara ni la más mínima sombra de duda, pero como esto es España y Sevilla, el primer edil es quien ha saltado a los medios para echarle un capote a su cienmileurista fichaje galáctico. Y lo ha justificado revelando públicamente -¿dónde la ley de protección de datos?- el nombre de enchufados del PSOE supervivientes en el Ayuntamiento. ¿Y cómo sabe el alcalde quiénes son socialistas si en virtud de la Constitución nadie está obligado a revelar sus creencias religiosas ni ideológicas? Zoido se lo ha puesto a huevo a Espadas en la deducción lógica de éste de que si lo sabe es porque previamente ha clasificado al personal municipal en función de su ideología o adscripción política. Por la boca muere el pez.