Archivo por meses: noviembre 2010

Asilo

El alcalde perpetuo de Dos Hermanas, Kiko Toscano, ha dado asilo político a Marchena, imputado en el caso Mercasevilla, al nombrarlo rey mago en su Cabalgata. Según el del perpetuo socorro, el veto del Ateneo a Marchena es indigno y, además, lo normal es que la mayoría de los cargos públicos acaben tan imputados como él, más temprano que tarde. Lo indigno es que un matón como el valido de Monteseirín, caracterizado por sus vetos a la prensa, hubiera ‘comprado’ a cambio de los favores de Emasesa (patrocinio de libros a la Docta Casa, entre otras prebendas) el título de rey Melchor. Ahora ha probado sólo una pequeña dosis de su propia medicina: quien a veto mata, a veto muere. Y como para el nazareno lo normal es que la clase política acabe en los tribunales, por eso mismo en las encuestas del CIS los políticos aparecen como uno de los principales problemas del país. Ya puestos, Toscano se ha quedado corto. Podría haber nombrado rey Melchor a Marchena; Gaspar, a Rivas, y Baltasar, a Mellet, con los falsos prejubilados de Mercasevilla haciendo de beduinos.

El síndrome del jaramago

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Zapatero ha presentado su proyecto de una economía sostenible basada en Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i), un urbanismo a la medida del hombre frente a la voracidad del ladrillo, y las energías renovables. Esta iniciativa casi ha coincidido con la celebración en Sevilla de la investidura de Manuel Castells como doctor honoris causa por la Universidad Hispalense y del 40 aniversario de la creación del departamento de Genética por Enrique Cerdá. Ambos sabios llegaron procedentes de California, si bien uno se quedó y el otro se fue, y los dos soñaron que la I+D+i debía ser el motor de desarrollo de nuestra ciudad y que para eso era preciso dotarla de un recinto especial. Al margen de los balances sobre las 102 tesis doctorales y los 450 trabajos publicados en revistas científicas de los que se ha hablado ante la ministra Garmendia, una vasca que en su juventud vino a estudiar a Reina Mercedes atraída por el prestigio del departamento de Genética, Cerdá se ha alejado del triunfalismo oficial y ha sido muy crítico al declarar que a la ciudad no le importa la ciencia y que el verdadero apoyo a la misma habría sido que destinara 200 hectáreas para laboratorios o instalaciones universitarias.

Esas 200 hectáreas debieron ser el recinto de la Cartuja tras la Expo conforme al proyecto PINTA dirigido por Peter Hall y Manuel Castells, profesores entonces en Berkeley, que concibieron una auténtica ciudad de la ciencia y la investigación cuyos resultados se transferirían al tejido productivo para su modernización tecnológica. Era la misma música que ahora, con otra letra, suena en la ‘economía sostenible’ de Zapatero, el cual pide diez años para ver los resultados de su apuesta. El proyecto PINTA, génesis de Cartuja 93, hubiera necesitado 20, 30 ó 40 años de maduración y ejecución, pero se habían creado tantas expectativas sobre el futuro posterior a la Expo que cuando los jaramagos colonizaron los solares dejados por el derribo de muchos pabellones nos entró el horror al vacío propio del barroquismo sevillano y el modelo se pervirtió.

Se dijo que jamás en la historia, y menos en una Andalucía subdesarrollada, se había concebido un espacio de tal magnitud sólo para las ‘batas blancas’ de los investigadores. Y, para combatir el síndrome de los jaramagos, se metió todo lo que se pudo meter y cuanto antes en la isla: el Parque Temático, empresas, servicios públicos, centros de investigación científica, centros tecnológicos, facultades, escuelas de negocios, centros formativos… por meter, se metió hasta la Policía Municipal y, ahora, hasta se rompe el tabú de las viviendas cuando se anuncian pisos para investigadores. Cartuja 93 ha acabado convertida en un batiburrillo, lejos del espíritu puro de aquella I+D+i que ahora pregona Zapatero como mágico instrumento contra la crisis. En Sevilla la pudimos haber tenido al por mayor, pero la minimizamos por miedo y falta de visión como la que tuvieron dos adelantados a su tiempo: Castells y Cerdá. En la tierra de María Santísima al final, como en la canción de Juan y Junior, siempre nos falta fe.

Por sus obras los conoceréis

El presupuesto es donde se materializa la política de un Gobierno. Éste puede proclamar su apoyo a la cultura, pero si luego en el presupuesto dota con más fondos la construcción de campos de fútbol que la de bibliotecas estará demostrando con hechos que tiene otras prioridades, conforme al dicho bíblico de “por sus obras los conoceréis”.

El gobierno de Monteseirín y Torrijos se presentó como “social y de progreso”, para atender a los sevillanos más desfavorecidos en virtud de los principios ideológicos de izquierda de PSOE e IU. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento aplica un tijeretazo a las partidas de Bienestar Social y Economía y Empleo para atender otros compromisos. Así, elimina un millón de euros de ayudas a domicilio, casi 40.000 de un centro de discapacitados, 139.000 euros de la partida sociocultural para la mujer, 32.000 de Participación Ciudadana, 21.000 de Educación, 85.700 de Innovación, 79.000 de Salud y Consumo, 1119.000 de Parques y Jardines….

Ese dinero detraído se destina al ‘agujero’ de Lipasam, al aparato propagandístico de Giralda Televisión y, nada menos que 413.000 euros, a promocionar el campeonato del mundo de basket de 2014. ¿Dónde queda el acento social en los presupuestos? Ahora las prioridades son otras: al Ayuntamiento ‘de progreso’ le importa más el baloncesto que las ayudas a domicilio.

Efecto llamada

La última ocurrencia del Ayuntamiento es anunciar la venta para centro comercial de la antigua sede policial de la Gavidia, comprada a módico precio al Estado para trasladar allí la Hacienda municipal desde la Encarnación una vez construidas las ‘setas’. Habrá incluso que modificar el PGOU, que califica el edificio como equipamiento público, para legitimar su privatización como complejo comercial, una maniobra que no pasará inadvertida al Gobierno, ya en pleito por los Gordales.

Si la política municipal se ha basado estos años en restringir el tráfico privado al centro y en rechazar proyectos equivalentes a éste en la Encarnación poniendo como ejemplo el ‘embudo’ de coches que se producía en la calle Baños y la ronda por el ‘efecto llamada’ del comercio en la Gavidia, ¿cómo ahora se pretende duplicar ese impacto con el equivalente a otro Corte Inglés? ¿Dónde quedan la coherencia y el modelo de ciudad de Monteseirín? Aquí, lo único que importa es hacer caja como sea.

Más difícil todavía

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En ese patio de Monipodio en que se ha convertido Mercasevilla estamos conociendo todo un manual sobre el arte de la prejubilación engañosa, picaresca aplicada al Derecho Laboral. El más difícil todavía en esta farsa es el invento de la prejubilación postjubilación, antítesis que Mercasevilla ha logrado sintetizar para asombro de los signatarios del Pacto de Toledo: prejubilarse en vísperas de los 70 años, esto es, cinco después de la edad legal de jubilación.

Tal como desveló este periódico, se ha dado el caso de contratar a un pensionista del Ayuntamiento de casi 65 años en situación de incapacidad laboral, pagarle un sueldo al tiempo que percibía una pensión e incluirlo en uno de los expedientes de prejubilación cuando sólo le faltaban cuatro meses para los 70 años, de lo cual se infiere que de una sola tacada ha adquirido la condición de pensionista, empleado, jubilado (a los 65) y prejubilado. ¿Hay quien dé más?

VARIACIONES ‘MERCA’

Para que el bosque nos deje ver los árboles, y no al revés, es conveniente recordar las diversas prácticas irregulares en esta sociedad municipal, que ha vuelto a llevar a Sevilla a los telediarios bajo el mandato de Monteseirín:

1) Trabajadores ‘fantasma’ que jamás pisaron la empresa y que aparecen entre los beneficiarios de alguna de las pólizas suscritas: el dirigente socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela.

2) J. L. C., el postjubilado que acabó siendo prejubilado casi a los 70 años. ¿Será acaso Mercasevilla una adelantada al futuro, ahora que desde algunos foros se preconiza prolongar la vida laboral ‘ad infinitum’? Quizás más pronto que tarde será normal hablar de prejubilaciones a los 70, cuando la edad legal de la jubilación se instituya quizás a los 75 o los 80 años porque no haya dinero para pagar a los pensionistas.

3) Estar en el sitio oportuno en el momento oportuno es un don. Y si no que se lo digan a C. H. G., al que metieron en plantilla sólo dos años antes de que se aplicara uno de los expedientes de regulación de empleo, tiempo suficiente para hacerse acreedor de una pensión mensual de 2.469 euros hasta 2019. Este caso pone en solfa el mito de la antigüedad en las empresas para aspirar a una buena jubilación. Lo importante no es llegar el primero, sino en el último minuto.

4) Una de las habituales razones para los EREs es que se prejubila a los viejos para rejuvenecer plantillas. Otro mito derrumbado por Mercasevilla, que en 2004 contrató a F. R. B., con 51 años, cuando ya estaba tramitándose el ERE ‘rejuvenecedor’ de 2003. Y tan rejuvenecedor fue para F.R.B. que tres años después se prejubiló a costa del presupuesto y a disfrutar de la vida a la ‘longeva’ edad de 54 años. A. M. y J.J.J.T. también fueron contratados con más de 50 años o justo a tiempo para acogerse a la prejubilación.

5) La casuística incluye también al prejubilado fuera de plazo. J. A. R. M. fue incorporado a la lista diez días después de que la Junta hubiera dictado ya resolución sobre el ERE. Cuando se firmó el convenio colectivo en el que se basó luego el expediente, no estaba en plantilla. El Merca todavía sigue sin hallar su vida laboral.

6) De Merca a Merca y tiro porque me toca. Un exdirector de Mercasevilla, Jaime Contreras, agraciado con una prejubilación en el ERE de 2003, fue identificado por EL MUNDO en el organigrama de Mercajerez desde noviembre de 2004, y últimamente como director de Formación. Si está pensionado, ¿cómo figura entre los activos de otra empresa del ramo? ¿Quién controla este coladero?

DOBLE MORAL DE IU

Mercasevilla es una empresa municipal que en los años en que se han producido estas irregularidades ha estado presidida por el alcalde, con Torrijos, primer teniente de alcalde, como vicepresidente hasta hace sólo unos meses, un Torrijos que alardeaba de que allí no se movía un papel sin que él lo supiera.

¿No son todas éstas razones más que suficientes para crear en el Ayuntamiento una comisión de investigación como la que, por ejemplo, se constituyó en su día a cuenta del escándalo del desalojo de los chabolistas de Los Bermejales a golpe de billetes? El PP presentó la propuesta al Pleno e Izquierda Unida, con Torrijos al frente, la tumbó, pese a que su jefe de filas, Diego Valderas, la estaba exigiendo también en el Parlamento andaluz.

MIRANDO AL SAHARA

Torrijos ha tratado de justificar esta doble moral con el argumento de que “este asunto es de un ámbito claramente autonómico y debe ser la Junta la que lidere la investigación”. El Ayuntamiento no es para el portavoz de IU el foro adecuado para tratar de un escándalo en una empresa municipal, pero si se mira en su blog la entrada ‘Varias e importantes mociones’, puede leerse en los comentarios: “Magníficas e importantes mociones, todas las presentadas en el Pleno de hoy Viernes, día 19 de Noviembre. En particular, resaltar aquí la correspondiente a la condena y repulsa en torno a la masacre contra el pueblo saharaui.

Una vez más, el Gobierno de España, de la mano de la U.E., la O.N.U. y demás instancias internacionales, miran para otro lado, sin querer dar respuesta a lo que es ya un clamor social sobre esta situación….

En Plaza Nueva, IU prohíbe hablar de Mercasevilla pero no del Sáhara, a miles de kilómetros. Parafraseando el blog de Torrijos, bien puede decirse: “Una vez más, el gobierno de Sevilla, de la mano de PSOE e IU, mira para otro lado, sin querer dar respuesta a lo que es ya un clamor social sobre esta situación (la de Mercasevilla)”.

Cuchillo de Herrero

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Santiago Herrero

En esta Sevilla de las falsas apariencias tenemos un (sin) alcalde y un (sin) empresario presidente de la CEA, lo más alejado de la figura del emprendedor, pues su modelo siempre fue el funcionariado en la patronal, al modo Cuevas. Herrero ha dicho con su sonrisa profidén que hay que corregir el “problema de la actitud de los parados, que no buscan trabajo hasta dos meses antes de la pérdida de la prestación”. Yo, prueba viviente de la falsedad de tal aserto, digo que eso es una forma fina de llamar vagos al millón de parados andaluces y de hacerle el juego a los Puigcercós de turno. ¿Sabe el (sin) empresario presidente algo del drama de ese millón de parados? ¿Ha vivido la humillación de verse en el paro? ¿Ha ido acaso a los comedores sociales o a Cáritas a solidarizarse con ellos y con sus penas, no precisamente de San Vicente? Con su mismo desparpajo y frivolité alguien podría volverle la oración por pasiva y decirle que los empresarios no invierten si no trincan de la Junta. Me remito a Griñán: “en Andalucía está instalada la cultura de la subvención”.

Penúltimo de la fila

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Mediante un sondeo nacional con un universo nueve veces superior al de muchas encuestas de esas que publican algunos periódicos como churros un domingo sí y otro también sobre intención de voto, un día porque es lo de Cataluña y otro porque no es, se ha sometido a examen de los ciudadanos la gestión de los alcaldes de las 81 urbes más importantes del país. El (sin) de Sevilla, Sánchez Monteseirín, casi ha logrado emular a uno de esos grupos rockeros a los que es tan aficionado, al quedar en la clasificación como el penúltimo de la fila, tan sólo por delante de su homóloga de Jerez, otra que tal baila. Dicen los sociólogos y politólogos tras analizar la encuesta que los escándalos y los casos de corrupción, como Mercasevilla y las facturas falsas, le han pasado ídem. En Sevilla sabíamos cómo era Monteseirín; ahora ya lo saben en toda España, aunque hayan tardado doce años en darse cuenta. Y es que, como dijo Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo; puedes engañar a algunos todo tiempo; pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Hato Blanco también se libra de multas millonarias

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La Administración vuelve a dejar de ejecutar

multas millonarias por riegos ilegales en Doñana

Seis expedientes con sanciones desde 1997 no han sido aplicados a la finca ‘Hato Blanco Viejo’

A la misión de la Unesco que va a inspeccionar Doñana durante el mes de diciembre empiezan a acumulársele los motivos para actuar contra la desidia e inhibición de la Administración española. Ecologistas en Acción rescata ahora expedientes sancionadores y sentencias judiciales por más extracciones de aguas ilegales en el entorno del Parque Nacional y que nunca habrían sido ejecutados, con lo que la impunidad correría a sus anchas por la marisma, convertido en un territorio fuera de la ley.

El caso de la finca ‘Hato Ratón’ no es el único en el que extracciones ilegales de millones de metros cúbicos del acuífero de Doñana (el número 27) han quedado impunes pese a las sanciones administrativas refrendadas incluso por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción aportan ahora una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, tras la vista del recurso 1497/2000, y seis expedientes incoados desde 1997 a 2004 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra los regantes de la finca ‘Hato Blanco Viejo’ para demostrar las sistemáticas prácticas de regadío ilegal en la marisma de Aznalcázar y la impunidad con que se llevan a cabo: expedientes sancionadores millonarios que se dejan caducar y otros que seguían su curso pero que pese a ser ratificados por los tribunales nunca han sido ejecutados, según los ecologistas.

Esta finca acumula al menos seis expedientes sancionadores entre 1997 y 2004 (el 415/97; el 395/98; el 552/2001; el 661/03; el 564/04 y el 434/04) por riego ilegal en cada caso de 698 Has., 354, 449, 444, 89 y 667 Has. El volumen de agua extraído de forma clandestina se eleva a 12.629.000 m3, con daños al dominio público hidráulico por valor cercano a los 3 millones de euros, motivo por el cual se le impusieron sanciones por casi 2 millones, que no habrían sido ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese a contar con fallos judiciales a su favor y hasta con resoluciones del Consejo de Ministros.

Siguiendo la táctica habitual en estos casos, como ocurrió en la finca ‘Hato Ratón’, la comunidad de regantes se dedicaba a impugnar ante las más altas instancias jurídicas las sanciones con el fin de demorar el proceso. Así ocurrió tras serle notificado la resolución del expediente 661/03 al detectarse la extracción ilegal de 5 millones de m3 de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual confirmó a principios de 2009 la multa impuesta de 601.012 euros, más el pago de una indemnización por 1.123.416 euros tras captar ilegalmente esos 5 Hm3 para regar arroz, algodón y remolacha. Esta sentencia confirmaba en todos sus extremos la resolución del Consejo de Ministros, que en febrero de 2004 ratificó la multa por una infracción “muy grave”.

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación once captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la Confederación Hidrográfica (CHG), la cual las descubrió el 19 de octubre de 2000, cuando ya habían regado al menos 383 Has. de arroz por inundación, 86 Has. de algodón por goteo y 20 Has. de remolacha por aspersión.

En su defensa, la comunidad de regantes de ‘Hato Blanco Viejo’ argumentó que hicieron aquellas captaciones para “optimizar técnicamente” el agua, ya que según su versión no incrementaron el caudal que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el agua resultante del desecho del cultivo de arroz.

El. Tribunal Supremo falló que no sólo estaban realizando siete captaciones en pozos para los que previamente la CHG les había negado la autorización, sino que además las estaban usando en unas zonas no autorizadas para ser regadas. El fallo judicial consideró demostrado que la comunidad de regantes utilizó indebidamente 5.349.600 m3 de agua, valorados en 1.123.413 euros, que deberían pagar a la Confederación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que ni siquiera aquel caso sirvió para frenar las extracciones ilegales en el entorno de Doñana, ya que dicha comunidad de regantes volvió a ser merecedora de dos sanciones posteriores por captar 5.942.000 m3 de agua de forma clandestina, multas que tampoco se habrían ejecutado hasta la fecha.

El escribidor

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Cuando Ignacio Agustí publicó ‘Mariona Rebull’, Azorín exclamó: “¡Tenemos novelista!”. Los cronistas han dicho algo similar tras escuchar a Monteseirín en el Día de la Policía: “¡Habemus alcalde!”. Alfredo perdió el prefijo de (sin) alcalde para ejercer de tal, aunque fuera sólo como en aquel concurso de la tele franquista, ‘Reina por un día’, que Giralda podría recuperar en plan ‘revival’ como con ‘Yo, Claudio’. ¿Y cuál ha sido el factor diferencial para que Sevilla pase de sin alcalde a con alcalde en horas 24? ¿Merced a qué ha variado la percepción general? Hay unanimidad de opiniones: al discurso/bronca a los guindillas. Por tanto, el mérito no es de Alfredo, sino del ‘negro’ que le redactó esta pieza de oratoria en que por fin Monteseirín puso sobre el atril lo que había que poner: el bastón de mando. El autor del discurso es Enrique Hernández, que es a Alfredo como Vargas Llosa a la tía Julia. Miren qué paradoja: el PSOE buscando candidato como Diógenes buscaba con un candil y resulta que en la Plaza Nueva había un alcalde en la sombra: el escribidor.

Misión de la Unesco a Doñana

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Muestra su preocupación por el proyecto del oleoducto y la parálisis del plan 2005 de defensa del Parque Nacional

Una misión especial de la Unesco realizará una visita de inspección al Parque Nacional de Doñana en la primera quincena de diciembre (en principio las fechas más probables son del 9 al 11) para comprobar ‘in situ’ la situación de este Patrimonio de la Humanidad y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la reunión de Brasilia del pasado verano.

La Unesco está inquieta por las denuncias que en los últimos tiempos le han elevado organizaciones como el Club Doñana, Océana, la Mesa de la Ría de Huelva y la plataforma extremeña contra la refinería Balboa y el oleoducto Huelva-Extremadura.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Brasilia en su XXXIV sesión desde el 25 de julio al 3 de agosto pasados, adoptó una serie de acuerdos en relación con el Parque Nacional de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y goza de las máximas figuras de protección de la Naturaleza en los convenios internacionales (por ejemplo, el de Ramsar, referido a las zonas húmedas).

Ahora, el organismo de la Naciones Unidas para la cultura y el patrimonio ha decidido enviar una misión de expertos para verificar sobre el terreno el grado de cumplimiento de aquellas resoluciones, que pasaron totalmente inadvertidas en España.

El Comité Mundial reclama al Gobierno de Zapatero que concluya de una vez el proyecto de restauración denominado ‘Doñana 2005’, iniciado tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 con el fin de garantizar la preservación del Parque Nacional en el horizonte de aquella fecha y que aún no se ha rematado pese a que ya estamos en 2010, más de cinco años después.

La Unesco tomó nota “con inquietud” del elevado riesgo de vertidos accidentales de hidrocartburos como resultado del incremento del tráfico marítimo desde y hacia el estrecho de Gibraltar debido al proyecto de expansión de la refinería de La Rábida y al del oleoducto Huelva-Extremadura para la refinería Balboa que promueve el grupo Gallardo, los cuales, a juicio del Comité del Patrimonio Mundial, “podrían afectar al valor universal excepcional, incluidas las condiciones de integridad del bien”.

En consecuencia, el organismo de la ONU exige al Gobierno de Zapatero que le entregue una copia de los estudios de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la refinería de La Rábida, de la expansión del tráfico marítimo, de los parques eólicos en la costa de Huelva y del plan de protección de la zona natural de Doñana tan pronto como estén disponibles.

La Unesco ha emplazado al Gobierno español a que antes del 1 de febrero de 2011 le entregue un informe sobre el estado de los proyectos de la refinería del Polo químico onubense y la de Balboa en Extremadura (grupo Gallardo) y de cualquier otro desarrollo que pudiese afectar al valor universal y excepcional de Doñana.

La lista de exigencias del organismo internacional incluye además informes sobre la continuación de la ejecución del programa de restauración del Parque (Doñana 2005), el seguimiento y evaluación de la eficacia de la gestión, impactos de los usos en los territorios adyacentes al espacio natural y su estado de conservación, con vistas a su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su XXXV sesión, que tendrá lugar durante 2011. La Unesco ha expuesto claramente al Gobierno español que no quiere que autorice en el entorno de Doñana proyectos que puedan provocarle impactos que comprometan su conservación.

El tono de las resoluciones del Comité del Patrimonio Mundial ha sido más duro con España que en ocasiones precedentes y en medios conservacionistas se duda de que el Gobierno de Zapatero pueda cumplir todas estas exigencias antes del 1 de febrero de 2011.

El envío de una delegación de la Unesco, incluida diplomáticamente en la resolución adoptada el pasado verano como fruto de una invitación del Ejecutivo español para “una misión conjunta de seguimiento a fin de evaluar el estado de conservación” de Doñana, denota un mayor grado de preocupación internacional sobre la situación del Parque, cuyo Consejo de Participación preside ahora Felipe González.

En caso de que la Unesco concluyera que Doñana ha empeorado o se incumplen sus resoluciones, podría llegar a incluir el Parque Nacional en la lista de espacios naturales en peligro o hasta excluirlo de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que supondría un enorme desprestigio para España.

Dos ruedas

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Yo, que en la escala evolutiva me sitúo en la cúspide de la pirámide al haber adquirido la condición de peatón muchos años antes que Torrijos la de ciclista de salón, me felicito por que el Tribunal Supremo haya declarado que los viandantes podemos circular por las aceras al igual que los ciclistas. Interpreto el fallo judicial al revés que el Ayuntamiento, en línea con lo que pregonaba Suárez durante la Transición: hay que dar rango de ley a lo que es normal en la calle. Y aquí lo normal, dijera lo que dijera el TSJA con sus prohibiciones, es que los ciclistas incívicos, que desgraciadamente son legión por lo que observo a diario en mi deambular por la rúa, han tomado el carril bici, la calle y las aceras. Por tanto, ahora al menos se reconoce que unos y otros estamos en pie de igualdad y que los peatones podemos ser atropellados en las aceras por los ciclistas prepotentes, esos que te gritan que te apartes porque les estorbas, con todas las de la ley. La sentencia también da vía libre al amarre en los árboles. Si de verdad lo siento es por los naranjos.

Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

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Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.