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El intocable

mortadeloEl PSOE dice ahora que respalda la renuncia de Rivas a sus cargos orgánicos en el Comité Director, la Ejecutiva Provincial y la Dirección en Camas “para no erosionar el partido”. Osea, que lo estaba erosionando. Griñán incluso afirma que ve “perfecto” que haya asumido “su responsabilidad”. Osea, que la había. El problema es que Rivas ha tardado casi dos años en asumir esa supuesta responsabilidad y que en todo este tiempo el PSOE ha defendido su resistencia numantina a dimitir, primero como alto cargo de la Junta y luego como dirigente del partido, aunque estuviera tan imputado como Guerrero en el caso Mercasevilla. ¿Cómo es posible, sin caer en la esquizofrenia política, que se apoye por igual una cosa y la contraria: la obcecación en no dimitir y la dimisión misma? Por cierto, a Guerrero lo expulsaron de forma fulminante como presunto culpable y a Rivas lo han dejado caer, pero hay otro imputado en este escándalo que sigue tan campante en su puesto, entre pincelada y pincelada. ¿Será verdad que es intocable porque, como dicen las malas lenguas, sabe demasiado?

ns/nc

ministra-lipasam--644x362El título evoca las abreviaturas de las encuestas: no sabe/no contesta. Monteseirín es un ns/nc, según su autodefinición  ante los periodistas que fueron a  la inauguración del centro de limpieza de Lipasam en el telecabina de la Expo. El (sin) se negó a responder a los plumillas que le pusieron la libreta, la alcachofa o la grabadora por delante, y se limitó a decir: “Os tenéis que ir acostumbrando a que no conteste”. No, si ya estábamos. Cada vez que olía a chamusquina, Alfredo salía corriendo o se escondía, dada su natural propensión a tomar las de Villadiego. Y ahora huele a la chamusquina de los EREs sin luz ni taquígrafos, como el sistema opaco que él impuso  en el Consejo de Mercasevilla al quitarse del medio a la Oposición. ¿Y por qué le preguntamos, si es un cadáver político desde el teletipo de Europa Press y lo que diga no le  importa a nadie? ¿Y para qué vamos a sus actos, si ni habla? A lo largo de 12 años, Monteseirín ha acreditado que no sabe. Ahora, él mismo ha despejado la segunda incógnita. El (sin) alcalde de Sevilla, ni sabe, ni contesta.

El debate

debate2--478x270A Espadas le pasó con Monteseirín en el debate  entre los alcaldables lo mismo que a Recio con Viera y Fernández en el escándalo de los EREs y las falsas prejubilaciones. Ninguno de los dos ha puesto la mano en el fuego por su (s) antecesor(es), pero mientras el consejero de Empleo ha intentado al menos salirse por la tangente, Espadas acabó ante la ‘caja tonta’ (Giralda Tv) del ‘sin’ alcalde renegando de la era alfredista. Porque, ¿cómo defender al regidor bajo cuyo mandato se descubrió algo tan falso como las prejubilaciones de Mercasevilla, las facturas falsas del caso Macarena? ¿O el dispendio del nuevo estadio ‘olímpico’ en forma de setas en la Encarnación, que supera  con creces los 100 millones de euros? Recordarán que durante el fin de semana, en la convención del PSOE, Chaves dijo que la gestión de Monteseirín quedaría en la historia milenaria de la ciudad. ¿Mil años? Tan sólo 72 horas después, Espadas se desmarcó de Monteseirín sin defender su legado. Antes de que cante el gallo del 22-M, Espadas ya ha negado a Alfredo. Y no creo que sea la última vez.

El ‘EREgate’

Mar Moreno

Mar Moreno

La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.

El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.

Según una definición de perogrullo  y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.

La Consejería de Empleo omitió la primera norma del Derecho Administrativo, salvo que me corrija el profesor Clavero: la Administración debe adecuar su actuación a unas reglas preestablecidas para, por una parte, evitar posibles conductas arbitrarias y, por otra, conseguir una mayor eficacia. De esta forma, el procedimiento supone una doble garantía: para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz y para los derechos e intereses de los administrados.

BURLA

Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.

En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).

BojaSabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial  refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.

Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial,  la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.

LA ‘AGILIDAD’

La coartada  para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su  comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.

Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.

¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?

DECISIÓN ‘POLÍTICA’

Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.

Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.

Richard Nixon

Richard Nixon

Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.

En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.

Será que Andalucía es diferente.

De 4 a casi 40

MarMoreno141210Mar Moreno anunció que la Consejería de (Des)Empleo ha detectado 37 nuevos casos de falsos prejubilados conforme al ‘modus operandi’ de Mercasevilla, cuya isocrona llegaría hasta el ayuntamiento de El Pedroso, de donde salió el director general que cantó lo del ‘fondo de reptiles’. La Junta, que decía tenerlo todo controlado, sólo ha inspeccionado ahora (¿qué inspección hizo antes?) una treintena de empresas acogidas a los EREs tramitados sin luz ni taquígrafos. Sumados estos casos a los dos de Mercasevilla, ya van 39. El promedio es de 1,3 falso prejubilado por cada ERE que, según la Junta, no eran EREs, sino ayudillas individuales, como aquellas que al margen de Hacienda dio Monteseirín por las víctimas del Bazar España y luego vino el Fisco reclamando su parte. Recordarán que el ‘griñanini’ portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, despachó este escándalo diciendo que era cosa de “cuatro sinvergüenzas”. Los cuatro son ya  casi 40. Diez veces más. ¿Cuántos sinvergüenzas necesita el PSOE para crear una comisión de investigación en el Parlamento?

El ERE y yo

Mar Moreno y Manuel Recio

Mar Moreno y Manuel Recio

Sabido es que el nuevo PSOE se forjó en un despacho laboralista de Capitán Vigueras. Salvo el teatrero Alfonso Guerra, los próceres del neosocialismo se precian de ser expertos en Derecho Laboral, desde Felipe González hasta Pepe Griñán (inspector de Trabajo), pasando por Escuredo y Chaves. Este le debe a Federico Durán el favor de que su plaza como ‘profe’ en la materia se la trasladara desde el País Vasco a Andalucía. Los discípulos de esta escuela sevillana del Derecho juran que no hay un fondo de reptiles en la Junta para untar a empresas amigas, porque en realidad la pasta no se repartió a los EREs de Mercasevilla, Río Grande, Egmasa, Hitemasa…, sino a los trabajadores a título individual. ¿Y por qué he de dudar yo de la palabra de esos sabios? No dudo, sino que la hago mía. Aviso a navegantes: voy a presentar en la ventanilla de la Junta un expediente de regulación de empleo de mí mismo, un ERE unipersonal. Albergo la secreta esperanza de trincar al menos las migajas de esos 647 millones que ni pasan por el Consejo de Gobierno ni se publican en el Boja.

Trasquilado

Torrijos dosTal como, en plan fray Luis de León, decíamos ayer, Antonio Rodrigo Torrijos se queja amargamente de que aun siendo primer teniente de alcalde – o eso se cree él- no se le facilitan los datos sobre Tussam que pidió por el conducto reglamentario del pacto de gobierno hace tres meses. En vez de vuelva usted mañana, vuelva en un semestre. Las cosas del palacio (de invierno) van despacio. El mini escándalo montado por el portavoz del grupo Izquierda Unida, de no ser una maniobra previamente acordada de distanciamiento cara a la galería ante la proximidad de las elecciones, se presta a una segunda lectura. Tiene gracia, o más bien ninguna para el (sin) primer teniente de alcalde, que quien al alimón con Monteseirín ha expulsado a la Oposición de los consejos de administración de las empresas municipales para ocultarle información sensible (pensemos, sin ir más lejos, en Mercasevilla) se queje ahora de que a él le hagan lo mismo sus socios del PSOE. ¿Qué tal sienta, Antonio, una ración de tu propia medicina a modo de purgante? Quien a hierro mata, a hierro muere.

Almas muertas, almas vivas

Nikolai Gogol

Nikolai Gogol

Ivanovich Chichikov (Pavel)  es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro,  en el que los críticos  encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos,  le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov  por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas  y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Viera y, a su derecha, Fernández

Viera y, a su derecha, Fernández

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.

Desprecio

El (sin) alcalde, que desvió 172 millones a las setas y otros delirios arquitectónicos para que además de la cotidianidad la posteridad lo tome por loco, el (sin), decía, hizo en plan trilero  que ese dinero del PGOU para los sistemas generales de los futuros barrios acabara en el Metropol & Cía. Ahora ha  tenido que entonar un ‘mea culpa’ en forma de pacto con los señores del ladrillo,  para que no lo lleven directamente al Juzgado de Guardia. Para representarle en la negociación, el (sin) nombró a su valido Marchena, acostumbrado a disfrutar de gañote  de pinceladas de mariscos al centro con los constructores, por aquello de su época de gerente de Urbanismo. Pero para su escarnio, y sorpresa de Monteseirín, los ladrilleros reclamaron otro interlocutor porque ya no le aguantan ni mijita sus modos matoniles. El desprecio de sus antiguos comensales ha sido un duro golpe a su vanidad. Y es que el valido ya no asusta a nadie desde que lo imputaron en Mercasevilla y los reyes magos le echaron carbón en el Ateneo. Como cantaba Dylan, los tiempos están cambiando.

Preguntas sin respuestas

Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está  imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.

Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?

MIRANDO EN LOS ARMARIOS

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como  la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.

Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?

¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?

LA DETERMINACIÓN

Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?

Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla.  ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?

La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia.  ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?

LA VERSIÓN OFICIAL

¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por  su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?

¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?

¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?

Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido,  esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente  telarañas.