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La margarita de Zoido

El debate sobre la torre Pelli, que algunos, como José Luis Manzanares  en las páginas de El Mundo, tratan de reorientar a su terreno, me recuerda la historia de los campesinos a cuenta de un burro:

-¿Eh? ¡Oiga! ¡Que ese burro se ha metido en mi trigal!

-Pero…. ¡si está capado!

-¿Y qué tienen que ver los c…. con el trigo?

A Sevilla han venido los inspectores de Icomos y han dicho:

-Hay que frenar las obras del rascacielos y revisar su altura porque al afectar al paisaje histórico, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias pone en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

-Pero…¡si da de comer a Sevilla! (replica el presidente de Ayesa).

Desvía así la atención sobre la cuestión de fondo, pero aunque es muy fácil hacer demagogia con un tema tan delicado como el pan de las personas, veamos la auténtica realidad. Los 600 trabajadores en la torre y los 1.000 a los que indirectamente ocupa, según las cifras de Manzanares, equivalen al 0,17% de la población activa de Sevilla. Esta ‘ración alimenticia’ supone su construcción, a pesar de la cual el paro no deja de crecer (8.075 desempleados más en enero, con la torre a toda máquina).

LA SEGURIDAD JURÍDICA

A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Respuesta: Sí. ¿Dónde? En la misma Sevilla. ¿O es que ya no recuerda que apenas llegado Monteseirín a  la Alcaldía  en 1999 lo primero que hizo (y sin polémica previa como la de Zoido con la torre, ni debate, ni aviso, ni nada de nada), sólo por, como diría Torrijos,  “tufillo de venganza” contra Soledad Becerril, fue paralizar la obra recién iniciada del edificio de Moneo en el Prado?
Y Moneo era premio Pritzker,  equivalente al Nobel en Arquitectura. Y Dragados, la constructora más importante del país. ¿Alzaron la voz entonces Manzanares y la CES contra aquella quiebra de la seguridad jurídica? Silencio, como en la frase de Bertolt Brecht, que aún no han venido por mí y no es cuestión de señalarse ante el Poder.

Y SIGUIERON INVIRTIENDO

Y, ¿no vino un inversor nunca jamás a Sevilla? Hagamos memoria de todas las empresas que han invertido desde 1999 hasta hoy, empezando por la propia Dragados, involucrada desde 2003 en el Metro. Una gran empresa prefiere llegar a acuerdos extrajudiciales con la Administración y no enfrentársele, porque sabe que a la larga pierde. Basta con que no la contrate más.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
¿O es que acaso a Manzanares no le han dado la obra de la torre Pelli para compensarle por haberle frustrado su inicial proyecto de Puerto Triana, que además chocaba contra el PGOU entonces vigente al demandar más edificabilidad comercial de la permitida? El principio de la seguridad jurídica se invoca o cuestiona según convenga.

LUZ Y TAQUÍGRAFOS

Zoido le ha ‘comprado’ a Manzanares su argumento de que la torre “no se puede parar porque costaría un dineral” al decir que el Ayuntamiento no tiene fondos para indemnizar a Cajasol. ¿Y cómo sabe el alcalde –y Manzanares- que el Consistorio no tiene dinero para frenar el rascacielos si aquí nadie ha cuantificado objetivamente, partida por partida y concepto por concepto, el coste de la presunta indemnización? Zoido, que prometió ser el alcalde de la “luz y taquígrafos”, no ha dado cifra alguna. ¿Por qué?
No hace falta dinero. Se puede compensar en suelo. Recuérdese el antecedente del traslado de la edificabilidad a la Buhaira para compensar por la paralización de la torre diseñada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas. Otro ejemplo también de Sevilla.
La plataforma ‘Túmbala’, que tiene recurrida la licencia urbanística de la torre Pelli, sostiene que el coste de frenarla ahora es de cero euros, porque como la parcela sobre la que se alza mide 41.400 m2 permitiría sobradamente que en otras zonas de la misma se pudiera materializar la edificabilidad que se ‘perdiera’ en la torre si se recortara su altura. Y da una solución gratis: incrementar en dos plantas la altura de los dos ‘edificios podio’ que se construyen a sus pies y así no habría lucro cesante ni perjuicio para Cajasol.

Según Icomos, la torre pone en peligro la Sevilla Patrimonio de la Humanidad. La ciudad no está obligada a permanecer en el exclusivo club del Patrimonio Mundial, pero si quiere seguir ha de cumplir sus reglas. Si, por el contrario,  valora más el pan para hoy que significa la torre y no sufrir publicidad negativa como el reportaje del ‘Guardian’, que se salga. Zoido no puede perder más tiempo y oportunidades deshojando la margarita. Debe optar entre el rascacielos y la Unesco, entre el ladrillo y el patrimonio, porque gobernar es elegir.

Zoido empieza a arriar banderas

El alcalde ha culminado una semana ‘horribilis’ en que ha dado un bajo perfil reivindicativo, cuando no marcha atrás, en relación con dos grandes temas que proclamaba esenciales en su mandato: la ‘deuda histórica’ de la Junta con Sevilla y la paralización de la torre Pelli si ponía en peligro la continuidad de la ciudad en el Patrimonio Mundial de la Unesco.El 5 de septiembre, aún fresca su toma de posesión y con la fuerza de sus 19 ediles (20 con él mismo), Zoido desveló una carta a Griñán en la que le solicitaba una entrevista para pedirle, “en nombre de todos los sevillanos, que considere y atienda las demandas que desde hace varios años llevamos haciéndole desde la capital de Andalucía y que, desgraciadamente, la Junta no ha atendido como merecemos”.
Empleaba expresiones del tipo “voy a reclamarle que responda como Sevilla merece”;  “la Administración que preside aún debe mucho a esta ciudad”; “recordarle los proyectos pendientes”; “éstos y otros proyectos son una deuda con Sevilla y con los sevillanos”; “defenderé con una actitud reivindicativa a la que no renuncio como tampoco lo hago a los proyectos que por justicia nos corresponde…”

ASUNTOS PENDIENTES

La ‘deuda histórica’ de la Junta, enumerada en una decena de folios por Zoido, incluía proyectos como una red completa de Metro, la ley de Capitalidad, la Ciudad de la Justicia, la erradicación del chabolismo en El Vacie (“hay niños viviendo entre ratas y suciedad –decía- y no pueden seguir así más tiempo”), las conducciones de Melonares, la restauración de Santa Catalina, la ampliación del museo de Bellas Artes y la restauración del Arqueológico, y la conexión del AVE con el aeropuerto. Aparte, reivindicaciones ‘menores’, como el pago de la deuda tributaria de la Junta, objeto de un tenso debate en el Parlamento y que Zoido había cifrado en unos 8 millones de euros; programas sociales para los barrios desfavorecidos; más financiación para la dependencia….

Cuatro meses y medio después de aquel ‘bombardeo’ epistolar, el lunes, Zoido fue recibido por Griñán y…se le comió la lengua el gato. El alcalde aparcó los grandes temas pendientes desde hace años y años, ésos que conforman la ‘deuda histórica’ de la Junta con Sevilla, porque “ante la cercanía de las elecciones  autonómicas no tiene operatividad, hoy por hoy, hablar de ellos”.
Entonces, ¿a qué fue Zoido a ver a Griñán si se había dejado en la Plaza Nueva  esa “irrenunciable actitud reivindicativa”? Según él, “por obligación, por responsabilidad y por lealtad institucional”. Para hacerse una foto con Griñán y recordarle sólo el capítulo social de su misiva, ya que llevaba cuatro meses y medio esperando (más del doble de tiempo del que resta para las elecciones), podía haber esperado dos más, para cuando quien sea presidente –Griñán o Arenas- tenga capacidad de decisión.
Por no plantear, Zoido ni reclamó los 8 millones de la deuda, y puso sobre la mesa temas resueltos, como la apertura de San Telmo a las visitas tras su restauración (puede visitarse los sábados, previa  inscripción).
Mientras la Junta estaba encantada por que Zoido acudiera con bandera blanca, hasta Espadas, el portavoz del PSOE, expresó su sorpresa por la “versión muy resumida” de asuntos planteados por el alcalde y aludió a que la lista de temas de septiembre “parece que ahora ya no resultan ser prioritarios para la ciudad”.

URBANISMO ‘BAJO SOSPECHA’

Tras ese encuentro, cita con el presidente de Cajasol, Pulido, para ‘a priori’, comunicarle la paralización cautelar de las obras de la torre Pelli (178 metros de altura), un proyecto propiciado por Monteseirín y Magdalena Alvarez tras haber boicoteado el ‘campanile’ de 80 metros  pensado por Ricardo Bofill antes de que lo que iba a ser Puerto Triana acabara en un callejón cuya única salida teledirigida fue ponerlo en manos del Monte y Caja San Fernando, antecesores de Cajasol y dominadas por el PSOE. Emulando el ‘urbanismo bajo sospecha’ con que, sin aportar una sola prueba, Monteseirín desacreditó al PA para romper en 2003 su matrimonio político de conveniencia, Zoido, ya desde antes de la campaña electoral, extendió dudas sobre la legalidad de la licencia de obras –la plataforma ‘Túmbala’ había recurrido ante los tribunales el proceso urbanístico previo, ligado al PGOU- y proclamó que por el rascacielos no pondría en peligro la declaración de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad.

A VERLAS VENIR

Ganó las elecciones en mayo, tomó posesión en junio y hasta septiembre su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, no dijo que la licencia era legal mientras los tribunales, que van a su ritmo, no digan lo contrario. Pese al tiempo perdido (tres meses), el alcalde todavía estaba a tiempo de buscar con Cajasol una salida negociada al rascacielos mediante compensaciones urbanísticas, como en su día se hizo tras frenar la torre diseñada por Pérez Escolano en Plaza de Armas, y/o reasignación de la edificabilidad en superficie en vez de en altura, pero siguió a verlas venir. Y el edificio  empezaba a crecer a razón de una planta cada diez días. Ahora, cuando se ha conocido el dictamen de Icomos que pone en peligro el título de Patrimonio de la Humanidad, ya han pasado siete meses desde que es alcalde, la torre va por 16 plantas, el coste de la compensación a Cajasol en caso de frenarla se ha multiplicado y, una vez más, su discurso hace aguas.
Zoido ha pasado de anunciar durante meses que iba a parar la torre a crear una comisión conjunta con Cajasol para defenderla ante la Unesco: cada día va arriando una de sus banderas.

Sevilla perdió el AVE

A mediados de los 80, una consultora  recibió del Gobierno presidido por Felipe González el encargo de sondear la opinión sobre el proyecto de construir una línea ferroviaria de alta velocidad similar a la del TVG francés y a la del tren-bala japonés. La pregunta del millón, si era más lógico tenderla entre Madrid y Sevilla pensando en la por entonces futurible Expo-92 o entre las dos ciudades más ricas, importantes y pobladas de España, Madrid y Barcelona, para luego conectarla con Europa.
Contra la lógica económica, demográfica (clientela potencial), internacional (acercamiento a Europa) y hasta política (satisfacción del nacionalismo catalán), González decidió  que el primer AVE uniera Madrid con Sevilla a través de un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, distinto de Despeñaperros (Brazatortas) y con vía de ancho internacional y no ibérico.
Una leyenda apócrifa cuenta que González obró así consciente de que, más tarde o más temprano, la alta velocidad tendría que prolongarse  hasta Barcelona, pero que, dado el multimillonario coste de la infraestructura y de los trenes, si entonces daba prioridad al eje Madrid-Cataluña, Sevilla y Andalucía volverían a quedar preteridas durante decenios.

AGRAVIO COMPARATIVO

Como nuestro país carecía de conocimiento  suficiente para abordar un proyecto que revolucionaría el ferrocarril (el AVE se convirtió hasta en un atractivo turístico ‘per se’, por el mero placer de viajar a 300 Kms/hora), dos multinacionales, una francesa –Alstom-, y otra alemana –Siemens- fueron las encargadas de materializarlo, no sin maletines de por medio.
El ‘antilógico’ AVE Madrid-Sevilla en vez del ‘natural’ Madrid-Barcelona, englobado dentro del ‘paquete’ de la Expo-92, fue otro de los motivos del agravio comparativo contra Sevilla que ha condicionado en los últimos veinte años las inversiones públicas en nuestra ciudad y provincia, hasta el punto de que sólo en uno de estos ejercicios la media invertida por habitante superó la media nacional. Tres lustros después de clausurada la Muestra, el déficit inversor sufrido por Sevilla ya superaba los 6.000 millones de euros, cifra casi equivalente a toda la invertida en el conjunto de Andalucía (y no sólo en Sevilla) previamente al 92.
El mensaje implícito era que como Sevilla había gozado de unas inversiones sin parangón (el dinero destinado a preparar Barcelona y Cataluña para las Olimpiadas de aquel mismo año jamás fue cuestionado), había que medio cerrarle el grifo público a partir de entonces .
La mayor virulencia contra la Expo y sus supuestos privilegios provino del País Vasco y de Málaga. Cuando Rojas Marcos lanzó la idea de organizar unos Juegos Olímpicos contando con las infraestructuras legadas por el 92,  Arzallus, por entonces presidente del PNV, montó en cólera y planteó públicamente que si Sevilla iba a tener “una Expo todos los años”. Curiosamente, es la misma expresión que usa el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, cada vez que Zoido habla de una ley de capitalidad para nuestra ciudad. “Eso equivaldría –ha dicho- a regalarle una Expo cada año”.

ESCUELA DE APRENDIZAJE

La línea del AVE Madrid-Sevilla, justificada por la Exposición Universal, se inauguró el 14 de abril de 1992. Durante más de un decenio fue la única existente y, por tanto, el banco de pruebas donde se ensayaron todo tipo de mejoras y donde España aprendió a crear su propia tecnología de la alta velocidad.
Gradualmente se fueron batiendo récords  uno tras otro y cuando se superaron los 356 kilómetros/hora y la velocidad  comercial se fijó en 300 Kms/hora, el tiempo de viaje entre las dos ciudades se redujo de las casi tres horas iniciales a poco más de dos.
En pura lógica, el monopolio sevillano de la alta velocidad debería haber generado alrededor de Sevilla toda una industria ferroviaria avanzada equivalente a la del A400M en la aeronáutica, pero quizás por no alimentar aún más la leyenda negra antisevillana se dejó escapar una oportunidad histórica , y el ‘Know how’ acumulado en la explotación de la línea y la operación del AVE se fue transfiriendo a todo el país, a medida que al cabo de once años se inició la construcción de nuevos tendidos, hasta el punto de que hoy España es la nación europea con más kilómetros de alta velocidad abiertos (2.600) y en construcción (1.800), y un referente mundial, puesta de ejemplo por Obama.

FUERA DE SEVILLA

Mientras Zoido  quiere buscar un futuro industrial en el nonato Plan Estratégico, será Málaga, y no Sevilla, la que, en una de las últimas decisiones del Gobierno Zapatero, albergue en la vega de Antequera el anillo de ensayos de la alta velocidad más grande del mundo, con 55 Kms. de longitud y capacidad para probar prototipos que alcancen los 520 Kms./hora, cuando ninguno de los existentes permite superar los 270. Además, tendrá otros tres anillos para distintos anchos y tipos de trenes, e incluso para Metro y tranvía. El proyecto requerirá más de 400 millones de euros y generará 7.000 empleos.
El pasado día 14 de enero, gracias a la experiencia adquirida desde 1992, un ‘pool’ de empresas españolas se adjudicó el mayor contrato de nuestra historia en el extranjero: la construcción en Arabia del ‘AVE de los peregrinos’ entre Medina y La Meca por 6.737 millones de euros, con una exportación de tecnología nacional por 2.700 millones. El AVE ‘de la Expo’ retorna así el equivalente, e incluso más, de lo que costó.
Paradójicamente, gran parte de esos petrodólares recalarán en el País Vasco (Talgo fabricará sus trenes en Alava) y en Málaga (Renfe Integria haría lo propio en Los Prados), los dos territorios más críticos con la Expo y con Sevilla.
Pero la leyenda negra continúa.

Por un puñado de votos

El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.

INTERESES ELECTORALES

Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.

INHIBICIÓN

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.

INCOMPETENCIA

Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas  diseminadas) y en las otras siete provincias  andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto  regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.

El patrimonio, la ‘maría’ municipal

Una de las sorpresas del gobierno de Zoido en este medio año largo de mandato ha sido su escasa sensibilidad respecto del patrimonio histórico, reducido, según los casos, a la condición de caja recaudadora, estorbo para la consecución de otros fines o mero almacén.
El nuevo alcalde no ha tenido empacho en convertir el Real Alcázar, patrimonio de la Humanidad, en señuelo con que incentivar la captación de patrocinios para la Copa Davis. Así, ofreció como contraprestación a la treintena de empresas patrocinadoras del evento deportivo el monumento para que organicen allí sus actos.
No sólo eso: dentro de su política de ‘puesta en valor’ del inmueble lo ha incorporado a la lista de espacios para la celebración de todo tipo de eventos, incluyendo el rodaje de un mayor número de películas si es posible, con todo el movimiento de medios y personas que implican. El nuevo conservador, el arquitecto Jacinto Pérez Elliot, autor de la polémica restauración  (destrucción, según los conservacionistas) de la antigua Posada del Lucero,  aboga por explotarlo turísticamente los 365 días del año, sin considerar las consecuencias del exceso de presión turística y que todo monumento  necesita de, al menos, un día de ‘respiro’ semanal.
El objetivo declarado es exprimir el limón del conjunto histórico, como se exprimían las cuevas de Altamira, para incrementar aún más los ingresos, ya que el excedente no revierte en el monumento para su mejora y conservación, sino en el Ayuntamiento. En vez de corregir la línea iniciada por Monteseirín, Zoido la continúa y amplía.
El Consistorio, mediante una fría carta, también ha conminado a los veinte artesanos del mercado del Postigo a desalojarlo cuanto antes para reubicar allí funcionarios de Hacienda. Aunque en este caso no parece en riesgo la integridad de la antigua Lonja y el Ayuntamiento puede invocar la caducidad de su concesión administrativa, la expulsión de los artesanos supone, al tiempo que otra muestra de insensibilidad, una ingratitud, por cuanto este colectivo salvó de la demolición el inmueble hace treinta años, cuando la Corporación Municipal pensaba derruirlo por no saber qué hacer con él.
Los artesanos lo rehabilitaron y lo han conservado a sus expensas en estos  seis lustros, ahorrándole costes de todo tipo al Ayuntamiento y convirtiéndolo en un atractivo turístico mediante el mantenimiento de la tradición artesanal sevillana. Dado su pequeño tamaño y sus grandes espacios diáfanos interiores, el desalojo del Postigo no resuelve el problema municipal de falta de sitio para sus funcionarios, pero sí destruye un maridaje entre artesanía y patrimonio que ha mostrado su vigencia a lo largo de treinta años.

NAVES DE RENFE

El reciente saqueo durante casi dos semanas de las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo por un grupo de indigentes que acampó en su interior y que desmanteló hasta vigas de hierro de la cubierta  ha sido otro ejemplo de la falta de reflejos del Consistorio y de su escasa sensibilidad para la conservación del patrimonio industrial sevillano.
Testigos presenciales del expolio grabaron con sus cámaras el pillaje y alertaron tanto a la Policía local como al alcalde a través de su cuenta en Twitter. El Ayuntamiento tardó casi catorce días en reaccionar: expulsión de los expoliadores y cerramiento de los huecos que habían abierto en los muros de las naves.
Zoido había prometido durante la campaña electoral rehabilitarlas y convertirlas en un vivero de empresas. Ante el cansancio de los vecinos por una situación que se repite con demasiada frecuencia, el delegado del distrito llegó a proponerles la demolición de las naves y construir en su lugar un centro comercial, otro más en una ciudad saturada de ellos. Del vivero de empresas se ha pasado a la conversión de las naves en un solar, como paso intermedio a un destino por ahora incierto. Política de tabla rasa y tierra quemada en vez de recuperación y revalorización del patrimonio industrial.

ARTILLERÍA MULTIUSOS

Cuarto ejemplo de insensibilidad patrimonial: la conversión de la antigua fábrica de Artillería, catalogada como Bien de Interés Cultural, en un almacén para el material y los vehículos de los bomberos mientras se realizan obras de reforma en el parque central.
El plan del gobierno local ha sido motivo de confrontación tanto con PSOE-IU como con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. A pesar de las amenazas previas del delegado, Bernardo Bueno, el Gobierno autónomo ha acabado por reconocer que no podía impedir los propósitos del Ayuntamiento, al aferrarse éste a que no va a tocar la estructura del BIC ni acometer obra alguna, sino simplemente a usarlo como depósito con carácter provisional.
Imitando a Monteseirín, que ponía el ventilador de los dossieres cuando se sentía cercado por algún escándalo, el gobierno del PP ha caído en esos vicios que prometió combatir cuando estaba en la Oposición y ha filtrado que en época del PSOE también se utilizó Artillería como almacén, en concreto para que la Hermandad del Rocío de Sevilla diera cobijo allí a sus carretas y bueyes.
No podíamos imaginar que el nuevo gobierno procurase su justificación equiparándose al de Monteseirín. Se cura en salud proclamando además que se trata sólo de un uso provisional como almacén, tras el cual Artillería recuperará su condición anterior.
Bernardo Bueno, socarrón, ha subrayado con buen tino cómo es la ‘provisionalidad’ en Sevilla y recordado que el traslado del mercado de la Encarnación también iba a ser provisional y acabó durando 37 años.

Cal y arena en los primeros Presupuestos de Zoido

Cuando se comparan los últimos Presupuestos de Monteseirín con los primeros de Zoido llama poderosamente la atención que, mientras en el capítulo de préstamos bancarios aparecían 9,9 millones de euros y en el de intereses financieros, 14,3 millones en las cuentas de 2011, para el nuevo año esas partidas se han disparado hasta 49,7 y 20 millones, respectivamente. Así pues, globalmente el alcalde socialista sólo tuvo necesidad de reservar 24,23 millones de euros para la banca, mientras que Zoido destina a las entidades financieras 69,73 millones, una diferencia de 45,5 millones de euros.

¿Quiere decir esto que Zoido va a incrementar el endeudamiento del Consistorio justo en las peores circunstancias económicas y cuando más difícil, y por tanto más caro, es acceder al grifo del crédito? Justamente lo contrario, y ésta es una de las claves que condicionan los Presupuestos  para 2012 por mor de, más que la herencia, la deuda recibida.

 

Porque, tal como descubrió en su día el colega Carlos Navarro, Monteseirín renegoció hasta por dos veces con los bancos la deuda municipal a fin de garantizarse un balón de oxígeno financiero en la última etapa de su mandato, pensando vanamente hasta casi el final que volvería a ser el candidato del PSOE. Por éso difirió a 2012  el pago en todo lo que pudo de deudas bancarias por valor de 272 millones de euros, aun a costa de que el Consistorio soportara luego intereses cercanos al 6%. Como, por otra parte, Monteseirín dejó los cajones llenos de facturas pendientes y tres años consecutivos (prácticamente su último mandato) de remanentes negativos de tesorería que también hereda Zoido, en este panorama “financieramente arrasado” (Gregorio Serrano ‘dixit’), la nueva Corporación ha redactado unas Cuentas con una previsión de 33 millones de euros de superávit (762 millones de ingresos frente a 728 millones de gastos) para absorber también el trienio monteseirinesco de déficits.

Y si a ello se le suma que se ha destinado una partida de 5 millones para pagar atrasos a lo proveedores –“las pymes serán las primeras en cobrar, para que no se pierdan puestos de trabajo”, declaró el alcalde-, se llega a la conclusión de que las Cuentas municipales están totalmente lastradas por el penoso legado de Monteseirín.

El superávit previsto se puede alcanzar por una doble vía: menores gastos y/o mayores ingresos. Los recortes se han aplicado fundamentalmente a la partida de Personal (un 4,16% menos) y a las transferencias a las empresas y organismos municipales (un 20% menos con la excepción política de Tussam, que recibirá 6 millones de euros más).

 

POLÍTICAS DE EMPLEO

 

Nueve de los doce millones ahorrados en sueldos corresponden a los Planes de Empleo que tradicionalmente sufragaba la Junta de Andalucía en forma de escuelas-taller y convenios para mejorar la preparación de los parados, subvenciones para cuya obtención es condición necesaria en un programa de cofinanciación que el Ayuntamiento hubiera consignado previamente las cifras en los Presupuestos.

La ausencia de partidas para estas políticas tradicionales de formación e inserción sociolaboral en una ciudad que camina hacia los 85.000 parados, y con el argumento de que no se esperan esas transferencias económicas por parte de la Junta de Andalucía, no parece coherente con la proclamación de Zoido de que su máxima prioridad es el empleo. Sobre todo porque no es verosímil que el sector privado vaya a ser la locomotora económica capaz de suplir a las Administraciones Públicas creando puestos de trabajo en Sevilla. La delegada de Hacienda, Asunción Fley, que se ha estrenado en estas lides, ha mantenido como línea argumental que, a diferencia de las Cuentas en la era de Monteseirín, los primeros Presupuestos de Zoido se caracterizan por ser realistas y no estar  ‘inflados’ con partidas como la de ‘ingresos imprevistos’.

Sin embargo, hay contradicciones en el discurso oficial, como la señalada por Juan Espadas de que se hayan incluido 30 millones de euros favorables al Ayuntamiento en la liquidación de la participación en los ingresos del Estado cuando, por la menor recaudación general debido a la crisis y a la caída de la actividad económica , en los últimos años la Corporación municipal ha tenido que devolver dinero al Gobierno.

Otra contradicción evidente es que la delegada no ha incluido ni un solo euro para el Metro, pese a que la Junta le reclama el pago de 23 millones de euros por la parte alícuota que le corresponde de los gatos de la línea 1 en 2010 y en 2011, a los que habría que sumar los del año próximo. La tesis municipal es que no se consigna partida alguna porque el Gobierno andaluz aún no se lo ha comunicado oficialmente, pese a que se celebró una reunión hace poco al respecto.

 

LA GAVIDIA COMO PRECEDENTE

 

Ello no es óbice para que, aun no habiendo sido oficialmente vendidos, el Consistorio sí haya incluido como ingresos 19,1 millones de euros por la enajenación  del edificio de la Gavidia (que deberá someterse previamente  a un complicado procedimiento administrativo, con el beneplácito de la Junta de Andalucía) y del edificio del Registro en la calle Pajaritos, y sin tener en cuenta  si esa valoración es acorde con la actual coyuntura del mercado inmobiliario, con precios hundidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y si habrá ofertas por ellos.

En este sentido, Zoido ha acabado siendo tan poco realista como Monteseirín. Su predecesor también incluyó la Gavidia en los Presupuestos de 2009 y 2010. Tres años después, la antigua comisaría de Policía aún tiene colgado el cartel de ‘Se vende’.

Boliden: una catástrofe anunciada

El Supremo ha anulado la decisión adoptada en 2004 por la Junta de Andalucía de reclamarle 89.867.545 euros a la multinacional sueca Boliden, propietaria de las minas de Aznalcóllar, por los gastos de limpieza del vertido tóxico causado por la rotura de la balsa de residuos el 25 de abril de 1998.
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias  de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Apenas conocida la sentencia, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, declaró que el Gobierno andaluz “se peleará hasta el final para que se haga Justicia” y que, “como evitó una catástrofe ecológica pero costó mucho dinero, es justo que las arcas andaluzas se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón”.

DENUNCIAS DESOÍDAS

No es cierto que la Junta evitara la catástrofe, sino que, con el dinero de los contribuyentes, palió luego sus efectos haciendo de la necesidad (62 kilómetros de cauce contaminados y casi 5.000 Has. arrasadas por la riada de 7 millones de m3 de metales pesados) virtud (con la creación del corredor verde en una zona muerta para siempre para la agricultura).
Resulta sarcástico que la Junta invocara la Ley de Minas para, como Administración competente, exigirle 89,8 millones a Boliden y que, sin embargo, no ejerciera esas competencias para haber evitado la catástrofe de haber atendido las denuncias sobre las deficiencias de la balsa, tal como recopiló la asociación ecologista Agaden.
Tan sólo dos años y medio antes del 25-4-1998, el ingeniero de Minas Manuel Aguilar Campos denunció ante la Agencia de Medio Ambiente de la Junta (hoy, Consejería de Medio Ambiente), la Consejería de Industria, el Ministerio de Obras Públicas y el Patronato de Doñana, con fotografías, planos y análisis de los vertidos, el alarmante estado de la presa.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Asimismo, advirtió que la apertura de la corta de Los Frailes, que duplicaría la producción de mineral, incrementaría la evacuación de vertidos  contaminantes a la balsa, la cual no estaba en condiciones de recibirlos. Conclusión: si no se clausuraba, se corría el riesgo de provocar un desastre de incalculables consecuencias en Doñana, vía río Guadiamar.
‘ENEMIGO DEL PUEBLO’

Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, ni el Patronato de Doñana, hicieron el menor caso a la denuncia del ingeniero. Cuando trascendió a la opinión pública, la fachada de su casa en Aznalcóllar amaneció llena de pintadas amenazadoras de algunos de los que temían perder su empleo en Boliden si se le daba crédito; se le hizo el vacío en el pueblo, como si fuera un apestado; sus hijos fueron acosados en el colegio; se pidió al Ayuntamiento que lo declarara persona ‘non grata’ y, finalmente, la presión social consiguió que se fuera del municipio.
Este fue el altísimo precio pagado por un andaluz de Puente Genil  por decir la verdad, un drama personal similar a ‘Un enemigo del pueblo’, del nobel noruego Ibsen, cuya lectura debería ser obligatoria en Aznalcóllar y absolutamente recomendable para todo el mundo en este panorama de cobardía social y relativismo moral imperante.
Manuel Aguilar murió en el año 2000, dos después de la catástrofe que había augurado, sin haber recibido ninguna reparación moral por parte de los mismos que, instalados en sus poltronas, ni se molestaron en certificar la veracidad de su denuncia. No sólo Boliden, sino también la Administración española –la que con afectada indignación lleva 13 años rasgándose las vestiduras- se ha hecho la sueca en esta vergonzosa historia. Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.

DIEZ MÁS

La de Manuel Aguilar no fue la única denuncia. Agaden refleja que los ecologistas interpusieron al menos diez más: ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Sanlúcar la Mayor, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Consejo Provincial del Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo y hasta a la UE, a la que el Gobierno español tranquilizaba con informes que descartaban cualquier tipo de peligro (¡!). Según los ecologistas, antes del vertido, Boliden –por acción- y la Administración –por omisión- incumplieron al menos diez leyes aplicables a la mina de Aznalcóllar y a los vertidos de la balsa.
Han pasado 13 años del desastre y a la incompetencia técnica de la Junta para haberlo evitado se une la jurídica de no haber sabido hallar la vía para resarcirse por el daño causado. Ha fracasado por la vía penal, la civil y la contencioso-administrativa.
El Supremo le ha recordado que ya hace 7 años el TSJA le señaló el camino que debía seguir: El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Caso omiso.
A este paso, como ha dicho Trillo, la Junta seguirá peleando, pero no hasta el final, sino hasta el Juicio Final. Y como además el Supremo la ha condenado a pagar las costas, la Junta ha propiciado que Andalucía sea el único sitio del mundo donde quien contamina no sólo no paga sino que, encima, cobra.

Granero en peligro

Casi sin solución de continuidad, y como si en política nos halláramos ante una repetición del maratón de clásicos entre el Barça y el Madrid la temporada pasada, en los cuarteles generales del PP (A) y del PSOE (A) diseñan ya la estrategia para dirimir su última batalla electoral tras las municipales de mayo y las recientes generales: las autonómicas de marzo, en que el PSOE se juega el ser o no ser en Andalucía.
Y en esta batalla va a jugar un papel esencial Sevilla, la única provincia, junto con Barcelona, que ha resistido el ‘tsunami’ popular el 20-N y que aparece como una isla roja en un mar azul. El ambiente ya empieza a calentarse. El presidente del PSOE sevillano a la vez que de la Diputación, Rodríguez Villalobos, subraya que “la provincia de Sevilla es el azote del PP en los municipales y en las generales. Vamos a hacer todo lo posible –ha añadido- por las autonómicas”.

LA PROVINCIA

Arenas, por su parte, destaca que “en Sevilla, el PSOE ha tenido un gran retroceso, su mayor retroceso. Algunos están contentos –asevera- cuando ganan por 25 o ganan por tres, pero allá ellos. Y Villalobos vuelve a la carga para poner en valor los resultados del PSOE en la provincia, su particular Numancia el 20-N: “En 70 pueblos le sacamos más de veinte puntos al PP, y en la capital hemos crecido en más de 40.000 votos respecto a las municipales”.
Dimes y diretes al margen, ¿qué estarían indicando los resultados del 20-N para la decisiva cita de marzo, en que si cae Sevilla, puede caer ya toda Andalucía  para los socialistas, y ,si resiste, puede consolidar su último feudo, desde el que iniciar su particular Reconquista?
Excluyendo la capital, vamos a dividir los municipios por población conforme al censo de 2010 (sin tener en cuenta las variaciones posteriores, aún oficiosas), para tener una mejor perspectiva sobre lo acaecido hace siete días:

Municipios con más de 50.000 habitantes: Sólo hay tres, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera. Al tratarse de un voto más urbano, es en estas localidades donde más ha caído el PSOE, que ha perdido entre los tres 24.421 sufragios de los 184.901 que se le han esfumado en el conjunto de la provincia. Los socialistas bajan del 50% en todos los casos. En Alcalá vencieron por sólo 404 votos. En Dos Hermanas, su  feudo por excelencia y escenario de sus multitudinarios mítines, el PSOE ha caído 20 puntos y el PP se ha acercado a 3.076 votos, cuando antes esta cifra se multiplicaba por 10. En Utrera la historia es similar.

Mas de 40.000 habitantes: Mairena del Aljarafe y Écija, ambos ganados por el PP merced al hundimiento socialista, con fuga de 4.000 votos en números redondos respecto de las generales de 2008. El PP ha invertido la situación y ahora gana hasta con holgura: supera en 2.676 votos al PSOE en Écija y en 1.605 en Mairena.

Más de 30.000 habitantes: Los Palacios, quizás por causa de la nefasta gestión del gobierno local socialista anterior y su multimillonaria deuda, registra el mayor hundimiento del PSOE en la provincia: 5.615 votos perdidos y 27,64 puntos. Por el contrario, conserva La Rinconada, el municipio de tamaño medio donde el PP, aun acercándose, queda más lejos de los socialistas: a 4.561 votos. Aun así, el PSOE pierde aquí 16,72 puntos y a duras penas supera el 50% de sufragios.

De 20.000 a 30.000 habitantes: El PP, que ya ganó en Tomares en 2008, incrementa ahora su ventaja porque el PSOE pierde 16 puntos. Además, arrebata a los socialistas (-17,42%) Mairena del Alcor. El PSOE conserva Camas, Carmona Coria, Lebrija, Morón y San Juan, pero en todos estos municipios cayendo por debajo del 50% de los votos, salvo en Morón, donde aun así pierde 1.749 sufragios.

De 10.000 a 20.000 habitantes: Un grupo de 19 municipios, en los que el PP arrebata al PSOE tres (Gines, Sanlúcar la Mayor y Bormujos) y mantiene el que ya tenía (Espartinas). El PSOE gana en 15 pueblos, pero cae por debajo del porcentaje que implica siempre una mayoría absoluta en diez, y supera el 50% en cinco: Arahal, Brenes, Las Cabezas, La Puebla y Osuna).

De 5.000 a 10.000 habitantes: Un grupo de 30 municipios de esa Andalucía profunda que Arenas pone a su partido como la asignatura pendiente en la comunidad autónoma y también en este caso en la provincia de Sevilla, si bien el PP gana en seis respecto de las generales de 2008: Bollullos, Gelves, Palomares, Salteras, Valencina y Villanueva del Ariscal. Es un reflejo de que la fuerza del PP se concentra sobre todo en el Aljarafe (15 de los 17 municipios donde ha ganado).
Los socialistas triunfan en 24, pero caen por debajo del 50% en 14. Incluso en los diez con menor descenso (Aznalcóllar, Benacazón, La Campana, Casariche, Cazalla, Constantina, El Cuervo, Fuentes, Isla Mayor, Tocina) las pérdidas de votos llegan hasta el 16% (Aznalcóllar).

Menos de 5.000 habitantes: Un mar socialista de 39 municipios con la isla de Marinaleda (IU) y en el que el PP ha conquistado Carrión de los Céspedes y Castilleja de Guzmán. Los 36 restantes revalidan su apoyo al PSOE, pero en mucha menor medida que antes, ya que en nueve ha perdido la mayoría absoluta y donde la mantiene, sufre caídas de entre 9 y 18 puntos (El Garrobo).

Excluyendo Sevilla capital, el PP se ha quedado a sólo 62.529 votos del PSOE en la provincia, y lo que más debe preocupar a los socialistas es que no crece en ningún municipio mientras que los populares lo hacen en todos, y aún más en los de mayor censo electoral,  que pueden contrarrestar esas 70 localidades rurales y menos pobladas de las que alardea Villalobos.
Decididamente, el PSOE tiene razones para pensar que su granero de Sevilla está en peligro.

‘Betislandia’

El compañero Antonio Félix publicó en magnífica primicia en El Mundo el proyecto denominado ‘Betislandia’, que auspicia la futurible Fundación del Betis. Esta entidad, cuyos patronos serían famosos y/o adinerados aficionados béticos, sería la titular de los derechos sobre el patrimonio del club, que quedaría así ‘blindado’ frente a la posible aparición de otros Ruiz de Lopera. Ningún presidente podría disponer al margen de la Fundación y de su tutela del patrimonio del Betis: el estadio, la nueva residencia para la cantera y la ciudad deportiva.
Al margen de que esta última, salvo sorpresas ocultas, no es patrimonio del club verdiblanco sino del Ayuntamiento, la gran operación encubierta  del proyecto ‘Betislandia’ no es la de salvaguardar el patrimonio de esa sociedad anónima deportiva o empresa privada llamada Real Betis Balompié, sino incrementarlo a costa, de nuevo, de Sevilla.

NUEVO REGALO

Conforme a los datos y las fotografías de la exclusiva de Antonio Félix, la Fundación de esta empresa privada ha proyectado, sin que el Consistorio lo haya desmentido, quedarse con el cercano centro deportivo municipal de ‘Ifni’ y montar, entre otras instalaciones de uso privativo, un club ‘social’ para, previo pago de sus usuarios, ingresar 1,2 millones de euros anualmente. Cabe preguntarse qué hay que blindar realmente, el Betis frente a Lopera o la ciudad de Sevilla frente al Betis y, por extensión, el Sevilla F. C., dos empresas privadas y propiedad de sus accionistas, en cuyos bolsillos únicamente revierten sus beneficios.
Ya Monteseirín, declarado bético (su valido y furibundo hincha sevillista, Manuel Marchena, compensaba el beticismo del alcalde laborando desde el Ayuntamiento en pro de su equipo), regaló al Betis durante su mandato la zona verde de Heliópolis sita junto al estadio pero en la práctica usurpada –y hasta vallada- como aparcamiento privado del club.
La coartada de Monteseirín para justificar la operación era que el Betis construiría sobre el solar un minúsculo centro cívico para el barrio, mientras que Lopera, entonces (¿y aún?) dueño de la sociedad anónima deportiva, tenía así luz verde para construir allí un hotel, un complejo comercial, oficinas … (planes parados por la crisis del ladrillo) y obtener una plusvalía regalada de al menos 30 millones de euros y teóricamente destinada a rematar el estadio.

SEMI ABANDONADO

Mientras los vecinos de Los Bermejales, que  se rebelaron contra el plan de Monteseirín de privarles del suelo destinado en el PGOU a equipamientos de su barrio y entregarlo a una confesión religiosa para que erigiera una mezquita, ganaron su derecho en los tribunales y ahora la Universidad les va a construir el centro cívico junto a la Politécnica, los residentes en Heliópolis claudicaron y ahora no tienen ni zona verde ni centro cívico.
De materializarse ‘Betislandia’, lo siguiente que perderán será el complejo deportivo público de ‘Ifni’ con la coartada de que está medio abandonado por el Ayuntamiento. Osea, que es el propio Consistorio el que, no conservando el complejo deportivo (mientras gasta más de 400.000 euros en la cubierta de la Davis para meterla en un almacén), crea las condiciones ‘objetivas’ para regalárselo a la empresa privada llamada Betis. ¿No recuerda acaso este abandono la misma táctica de esos propietarios del Centro que dejaban arruinarse las casas sin invertir en su conservación para así obtener la licencia de derribo y dar el posterior pelotazo urbanístico?
¿Acaso no impone la ley al propietario la obligación de conservación y, en caso de incumplimiento, la ejecución subsidiaria de las obras por parte del Ayuntamiento, con remisión de la factura para que aquél pague los gastos? Pero, ¿qué pasa cuando quien incumple la obligación legal de conservación es el propio Ayuntamiento? ¿Quién vigila al vigilante?

LA VIDA SIGUE IGUAL

A ver cómo justifica Zoido el cierre de una instalación municipal, su privatización y, por ende, su obligada recalificación urbanística, pues se trata de un equipamiento público en el PGOU al que habría que dar un uso lucrativo.
Ahora se explica mejor el precio (que paga siempre la ciudad) de la populista foto de Zoido con Del Nido y Guillén, presidentes del Sevilla y del Betis, que de inmediato empezaron a hablar de nuevas recalificaciones para seguir sacando tajada del urbanismo.
Al final, Zoido, que decía ser tan diferente a Monteseirín, está repitiendo las mismas prácticas que su antecesor con las empresas privadas llamadas Sevilla F. C. y Betis, las cuales adeudan en conjunto casi 5 millones de euros en tributos no pagados al Ayuntamiento, pese a que el Sevilla ha obtenido beneficios en los últimos ocho años (239.179 euros en su balance reciente). Este dinero hay que sumarlo al impagado anteriormente y condonado por Monteseirín bajo la fórmula de la ‘prestación fiscal sustitutoria’: disputar un partido para saldar la deuda. ¿Por qué no se ofrece a los sevillanos la misma posibilidad? Que cada uno haga lo que sepa a favor del Ayuntamiento (barrer una calle, conducir un vehículo municipal..) y así pague, en ‘especie’ y no en dinero, el IBI, la basura, el agua, el sello del coche….
La ‘prestación fiscal sustitutoria’ copiada por Zoido de Monteseirín consiste ahora en que ambos clubes se vayan a jugar unos partidos a la Cartuja “para darle vida al estadio” que, para colmo, es mayoritariamente de la Junta de Andalucía.
Así pues, más que ‘Betislandia’ esto es ‘Neverland’, el país del nunca jamás: donde quienes no pagan nunca son el Sevilla F. C. y el Betis.

Sevilla paga todas las crisis

El 17 de octubre de 2019, dentro de ocho años, se conmemorará el centenario del Metro de Madrid, que desde aquella lejana fecha no ha parado de crecer en kilómetros y en líneas en servicio. Actualmente su red se extiende a lo largo de 293 kilómetros, distribuidos entre doce líneas subterráneas y un ramal. Como apéndice tiene un Metro ligero en superficie, con una longitud de 27,78 Kms. Al año siguiente, en 2020, la efemérides centenaria será la del Metro de Barcelona, la segunda ciudad de España. El suburbano catalán se compone de once líneas, tres de ellas totalmente automatizadas, y sus vías cubren un total de 123,661 kilómetros. Lo lógico en esta secuencia cronológica es que en 2021 se festejara el centenario del suburbano de la que tantos años fue la tercera ciudad más importante del país, Sevilla, pero no será así porque aunque su ley del Metro fue aprobada por las Cortes el último día del año 1975, en el tiempo transcurrido desde entonces la han adelantado por la derecha y por la izquierda Valencia, Bilbao y hasta Palma de Mallorca.

El Metro de la capital del Turia data de 1988 y lo conforman seis líneas (más el tranvía), con un total de 146,77 Kms.  y la mitad de ellas parcialmente automatizadas. El suburbano de Bilbao es, por sus vicisitudes, el más parecido al de Sevilla, ya que su proyecto constructivo se aprobó en 1977 (sólo dos años después que la ley del Metro sevillano), pero las obras no comenzaron hasta 1988 después de agrias polémicas y la primera línea no se inauguró hasta 1995. Aun así, los bilbaínos no han perdido el tiempo en estos dieciséis años y ya disfrutan de tres líneas con un recorrido total de 43,31 Kms.; tienen una de 5,88 Kms. en construcción; otra de 6 Kms. con el estudio totalmente redactado y otra más de 6,6 Kms. en avanzada fase de redacción, por lo que a medio plazo podrán utilizar una red de 65,98 Kms.

También se le adelantó a Sevilla la capital balear, Palma de Mallorca: su única línea, de 7,2 Kms., se proyectó a finales del año 2002 y se inauguró en abril de 2007.

Y por fin llegamos a nuestra ciudad en este recorrido histórico por los ferrocarriles metropolitanos. Desde la citada ley del Metro, de 1975, se ha tardado 34 años en abrir una sola línea, de 18 kilómetros. ¿Cuántos años tardaremos en abrir la siguiente? ¿Será plena o en gran parte subterránea o quedará reducida a un Metro ligero para seguir ahorrando costes?

Alguna de las previsiones atribuidas a la Junta de Andalucía indicaban una apertura parcial de alguna línea nueva para el año 2017, pero este hipotético calendario ha quedado en el aire con los ‘Presupuestos de la crisis’ presentados por el Gobierno andaluz, en los que no se concreta partida alguna para nuevos desarrollos del Metro en la capital de la comunidad autónoma y tampoco cuánto dinero se invertirá en la provincia por todos los conceptos. Es la primera vez en la historia reciente que la Junta no ‘provincializa’ los Presupuestos, obviamente con el fin de no agraviar al electorado con el recorte de inversiones productivas que ha practicado (aunque el monto total se haya incrementado en un 1,1% merced a mayores gastos sociales) cuando están en juego las elecciones generales del 20 de noviembre y las autonómicas de la próxima primavera.

Los astros siempre se alinean de forma tal que Sevilla acabe pagando con tijeretazos a sus nonatas infraestructuras las facturas de las crisis económicas. Le ocurrió tras las dos Exposiciones (la Iberoamericana de 1929 y la Universal de 1992) , que habían creado ‘a priori’ las condiciones para su definitivo despegue como la gran metrópolis del Sur de Europa; le pasó con la crisis del petróleo, la de los años 80 y ahora con la de las hipotecas-basura y la de la deuda soberana de la Eurozona.

Siempre hay una causa sobrevenida que paraliza algo o casi todo, ya sea el canal Sevilla-Bonanza, la Ciudad de la Justicia, las nuevas líneas del Metro, el túnel del AVE al aeropuerto, el eje ferroviario…..

Con la tesis de que hay que priorizar el gasto en educación y sanidad, la Junta ha convertido la otrora consejería clave de Obras Públicas en una de las ‘marías’ del organigrama al asignarle sólo 609 millones de euros en los Presupuestos, con un recorte del 25,3%. Si a ello le sumamos la reducción del 9,9% en Medio Ambiente (788 millones), los dos brazos inversores en infraestructuras apenas tienen capacidad de maniobra en una región con más de un millón de parados y necesitada más que nunca de estímulos keynesianos en forma de obra pública.

En los Presupuestos se contempla la continuidad de las obras ya en marcha y hasta el inicio del proceso de licitación de las tres líneas pendientes del Metro, pero hay truco. No aparecen detalladas las partidas específicas para el suburbano hispalense, los Metros de Granada y Málaga y el tranvía de la Bahía de Cádiz, sino un ‘totum revolutum’ de algunos centenares de millones de euros que se manejará según convenga o allí  donde haya que apagar fuegos por intereses políticos.

De momento, el mayor incendio está en Granada, donde las empresas que tienen la ciudad cortada por las obras del Metro (¿nos suena?) no han cobrado a la fecha ninguna certificación del año 2011 (la deuda de la Junta asciende ya a 55 millones de euros) y ya se reconoce oficialmente un retraso de un año como mínimo en la inauguración del suburbano.

Con este precedente, la invocación a la colaboración público-privada para iniciar al menos los trabajos en sólo un tramo de la línea 3 del Metro sevillano (Pino Montano-Prado) suena a brindis al sol. Salvo que recojan el guante las grandes constructoras del país, parece improbable que empresas andaluzas se embarquen en una operación de alto riesgo, por la morosidad de la Junta. Fadeco, la patronal andaluza de la construcción, estima que el Gobierno de Griñán le debe 1.000 millones de euros.

Si además el grifo del crédito está cada vez más cerrado  por la necesidad de la banca de recapitalizarse, los recortes aplicados por la Junta a la obra pública con estos Presupuestos van a darle la puntilla a un sector que hasta hace tan sólo tres años aportaba el 17% del PIB regional.

Con este panorama, la movilidad seguirá siendo la gran asignatura pendiente en la ciudad. Es probable que Madrid y Barcelona conmemoren los centenarios de sus respectivos Metro antes de que en Sevilla se abra aunque sólo sea un tramo de cualquiera de las tres líneas pendientes.