El debate sobre la torre Pelli, que algunos, como José Luis Manzanares en las páginas de El Mundo, tratan de reorientar a su terreno, me recuerda la historia de los campesinos a cuenta de un burro:
-¿Eh? ¡Oiga! ¡Que ese burro se ha metido en mi trigal!
-Pero…. ¡si está capado!
-¿Y qué tienen que ver los c…. con el trigo?
A Sevilla han venido los inspectores de Icomos y han dicho:
-Hay que frenar las obras del rascacielos y revisar su altura porque al afectar al paisaje histórico, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias pone en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.
-Pero…¡si da de comer a Sevilla! (replica el presidente de Ayesa).
Desvía así la atención sobre la cuestión de fondo, pero aunque es muy fácil hacer demagogia con un tema tan delicado como el pan de las personas, veamos la auténtica realidad. Los 600 trabajadores en la torre y los 1.000 a los que indirectamente ocupa, según las cifras de Manzanares, equivalen al 0,17% de la población activa de Sevilla. Esta ‘ración alimenticia’ supone su construcción, a pesar de la cual el paro no deja de crecer (8.075 desempleados más en enero, con la torre a toda máquina).
LA SEGURIDAD JURÍDICA
A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Respuesta: Sí. ¿Dónde? En la misma Sevilla. ¿O es que ya no recuerda que apenas llegado Monteseirín a la Alcaldía en 1999 lo primero que hizo (y sin polémica previa como la de Zoido con la torre, ni debate, ni aviso, ni nada de nada), sólo por, como diría Torrijos, “tufillo de venganza” contra Soledad Becerril, fue paralizar la obra recién iniciada del edificio de Moneo en el Prado?
Y Moneo era premio Pritzker, equivalente al Nobel en Arquitectura. Y Dragados, la constructora más importante del país. ¿Alzaron la voz entonces Manzanares y la CES contra aquella quiebra de la seguridad jurídica? Silencio, como en la frase de Bertolt Brecht, que aún no han venido por mí y no es cuestión de señalarse ante el Poder.
Y SIGUIERON INVIRTIENDO
Y, ¿no vino un inversor nunca jamás a Sevilla? Hagamos memoria de todas las empresas que han invertido desde 1999 hasta hoy, empezando por la propia Dragados, involucrada desde 2003 en el Metro. Una gran empresa prefiere llegar a acuerdos extrajudiciales con la Administración y no enfrentársele, porque sabe que a la larga pierde. Basta con que no la contrate más.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
¿O es que acaso a Manzanares no le han dado la obra de la torre Pelli para compensarle por haberle frustrado su inicial proyecto de Puerto Triana, que además chocaba contra el PGOU entonces vigente al demandar más edificabilidad comercial de la permitida? El principio de la seguridad jurídica se invoca o cuestiona según convenga.
LUZ Y TAQUÍGRAFOS
Zoido le ha ‘comprado’ a Manzanares su argumento de que la torre “no se puede parar porque costaría un dineral” al decir que el Ayuntamiento no tiene fondos para indemnizar a Cajasol. ¿Y cómo sabe el alcalde –y Manzanares- que el Consistorio no tiene dinero para frenar el rascacielos si aquí nadie ha cuantificado objetivamente, partida por partida y concepto por concepto, el coste de la presunta indemnización? Zoido, que prometió ser el alcalde de la “luz y taquígrafos”, no ha dado cifra alguna. ¿Por qué?
No hace falta dinero. Se puede compensar en suelo. Recuérdese el antecedente del traslado de la edificabilidad a la Buhaira para compensar por la paralización de la torre diseñada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas. Otro ejemplo también de Sevilla.
La plataforma ‘Túmbala’, que tiene recurrida la licencia urbanística de la torre Pelli, sostiene que el coste de frenarla ahora es de cero euros, porque como la parcela sobre la que se alza mide 41.400 m2 permitiría sobradamente que en otras zonas de la misma se pudiera materializar la edificabilidad que se ‘perdiera’ en la torre si se recortara su altura. Y da una solución gratis: incrementar en dos plantas la altura de los dos ‘edificios podio’ que se construyen a sus pies y así no habría lucro cesante ni perjuicio para Cajasol.
Según Icomos, la torre pone en peligro la Sevilla Patrimonio de la Humanidad. La ciudad no está obligada a permanecer en el exclusivo club del Patrimonio Mundial, pero si quiere seguir ha de cumplir sus reglas. Si, por el contrario, valora más el pan para hoy que significa la torre y no sufrir publicidad negativa como el reportaje del ‘Guardian’, que se salga. Zoido no puede perder más tiempo y oportunidades deshojando la margarita. Debe optar entre el rascacielos y la Unesco, entre el ladrillo y el patrimonio, porque gobernar es elegir.
El 5 de septiembre, aún fresca su toma de posesión y con la fuerza de sus 19 ediles (20 con él mismo), Zoido desveló una carta a Griñán en la que le solicitaba una entrevista para pedirle, “en nombre de todos los sevillanos, que considere y atienda las demandas que desde hace varios años llevamos haciéndole desde la capital de Andalucía y que, desgraciadamente, la Junta no ha atendido como merecemos”.
Emulando el ‘urbanismo bajo sospecha’ con que, sin aportar una sola prueba, Monteseirín desacreditó al PA para romper en 2003 su matrimonio político de conveniencia, Zoido, ya desde antes de la campaña electoral, extendió dudas sobre la legalidad de la licencia de obras –la plataforma ‘Túmbala’ había recurrido ante los tribunales el proceso urbanístico previo, ligado al PGOU- y proclamó que por el rascacielos no pondría en peligro la declaración de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad.
Contra la lógica económica, demográfica (clientela potencial), internacional (acercamiento a Europa) y hasta política (satisfacción del nacionalismo catalán), González decidió que el primer AVE uniera Madrid con Sevilla a través de un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, distinto de Despeñaperros (Brazatortas) y con vía de ancho internacional y no ibérico.
del Gobierno Zapatero, albergue en la vega de Antequera el anillo de ensayos de la alta velocidad más grande del mundo, con 55 Kms. de longitud y capacidad para probar prototipos que alcancen los 520 Kms./hora, cuando ninguno de los existentes permite superar los 270. Además, tendrá otros tres anillos para distintos anchos y tipos de trenes, e incluso para Metro y tranvía. El proyecto requerirá más de 400 millones de euros y generará 7.000 empleos.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
No sólo eso: dentro de su política de ‘puesta en valor’ del inmueble lo ha incorporado a la lista de espacios para la celebración de todo tipo de eventos, incluyendo el rodaje de un mayor número de películas si es posible, con todo el movimiento de medios y personas que implican. El nuevo conservador, el arquitecto Jacinto Pérez Elliot, autor de la polémica restauración (destrucción, según los conservacionistas) de la antigua Posada del Lucero, aboga por explotarlo turísticamente los 365 días del año, sin considerar las consecuencias del exceso de presión turística y que todo monumento necesita de, al menos, un día de ‘respiro’ semanal.
El plan del gobierno local ha sido motivo de confrontación tanto con PSOE-IU como con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. A pesar de las amenazas previas del delegado, Bernardo Bueno, el Gobierno autónomo ha acabado por reconocer que no podía impedir los propósitos del Ayuntamiento, al aferrarse éste a que no va a tocar la estructura del BIC ni acometer obra alguna, sino simplemente a usarlo como depósito con carácter provisional.
Porque, tal como descubrió en su día el colega Carlos Navarro, Monteseirín renegoció hasta por dos veces con los bancos la deuda municipal a fin de garantizarse un balón de oxígeno financiero en la última etapa de su mandato, pensando vanamente hasta casi el final que volvería a ser el candidato del PSOE. Por éso difirió a 2012 el pago en todo lo que pudo de deudas bancarias por valor de 272 millones de euros, aun a costa de que el Consistorio soportara luego intereses cercanos al 6%. Como, por otra parte, Monteseirín dejó los cajones llenos de facturas pendientes y tres años consecutivos (prácticamente su último mandato) de remanentes negativos de tesorería que también hereda Zoido, en este panorama “financieramente arrasado” (Gregorio Serrano ‘dixit’), la nueva Corporación ha redactado unas Cuentas con una previsión de 33 millones de euros de superávit (762 millones de ingresos frente a 728 millones de gastos) para absorber también el trienio monteseirinesco de déficits.
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.
Dimes y diretes al margen, ¿qué estarían indicando los resultados del 20-N para la decisiva cita de marzo, en que si cae Sevilla, puede caer ya toda Andalucía para los socialistas, y ,si resiste, puede consolidar su último feudo, desde el que iniciar su particular Reconquista?
únicamente revierten sus beneficios.
Al año siguiente, en 2020, la efemérides centenaria será la del Metro de Barcelona, la segunda ciudad de España. El suburbano catalán se compone de once líneas, tres de ellas totalmente automatizadas, y sus vías cubren un total de 123,661 kilómetros. Lo lógico en esta secuencia cronológica es que en 2021 se festejara el centenario del suburbano de la que tantos años fue la tercera ciudad más importante del país, Sevilla, pero no será así porque aunque su ley del Metro fue aprobada por las Cortes el último día del año 1975, en el tiempo transcurrido desde entonces la han adelantado por la derecha y por la izquierda Valencia, Bilbao y hasta Palma de Mallorca.
Los astros siempre se alinean de forma tal que Sevilla acabe pagando con tijeretazos a sus nonatas infraestructuras las facturas de las crisis económicas. Le ocurrió tras las dos Exposiciones (la Iberoamericana de 1929 y la Universal de 1992) , que habían creado ‘a priori’ las condiciones para su definitivo despegue como la gran metrópolis del Sur de Europa; le pasó con la crisis del petróleo, la de los años 80 y ahora con la de las hipotecas-basura y la de la deuda soberana de la Eurozona.