El cabeza de lista a perpetuidad del PSOE en Sevilla, Alfonso Guerra, alardea de que fue él quien trajo el AVE a Sevilla contra la opinión de políticos del PP, que supuestamente lo habrían acusado de llevar la alta velocidad hacia Africa en vez de hacia Europa. En ese saco ha metido a “un tal Javier” ahora más conocido que antes (alusión a Arenas) y que cuando se ven en el tren le dice que es magnífico (el AVE, no él). Guerra, en un ejercicio de memoria selectiva, se atribuye lo que se hizo por Sevilla, pero calla lo que no se hizo. Por ejemplo, que se boicoteó un tren-bala que un grupo japonés quería construir entre Sevilla y la Costa del Sol, quizás porque podía ser más veloz que el nuestro. O que, alegando que era un espectáculo para señoritos, se cargó un teatro para la ópera diseñado por Eleuterio Población y cuyas escalinatas besaban el Guadalquivir. Luego, contra el reloj, hubo que recrecer el Maestranza en forma de ‘olla exprés’. Por cierto, el teatro de la ópera vetado por Guerra se iba a alzar donde ahora la torre Pelli. Ironías de la historia.
Un lector denunciaba que se le ocurrió subir a la Plaza Mayor (pero, ¿estamos en Madrid o Salamanca o en Sevilla?) de las ‘setas’ y que tres guardas de seguridad le prohibieron el paso porque aquello estaba acotado para un acto privado de la Cruzcampo. Y se preguntaba: “¿De carácter privado en una obra que más que duplicó su presupuesto inicial y que se ha financiado con dinero público?”. Pues, sí, enojado –con razón- lector. Acto privado y en una plaza particular, pues si usted y ‘cienes’ y ‘cienes’ de miles de sevillanos aún no se han enterado, el dúo viajero Monteseirín&Marchena no sólo financió con dinero nuestro la obra en beneficio de Sacyr, sino que además le ha permitido convertirla en el equivalente al patio de su casa por los próximos 40 años. Y no únicamente ese remedo madrileño de Plaza Mayor, sino todo lo que de forma cursi llaman ahora el ‘espacio Encarnación’. Decían con su habitual demagogia que iban a democratizar (¿?) las vistas de los tejados y ocultaban que era a costa de crear un coto privado en el corazón de Sevilla.
Las obras de Fibes van camino de superar en coste (si no lo han hecho ya) a las setas de la Encarnación. Una auditoría de la Cámara de Cuentas eleva la factura a casi 113 millones de euros, cuando el Ayuntamiento de Monteseirín sólo había previsto financiación por 78 millones. ¿A qué se debe esta desviación? La Dirección Facultativa ha tratado de justificarse con una perla lingüística: se han producido unas obras adicionales, aprobadas por “el devenir inexcusable”. Osea, que aquí se adjudica una obra por un presupuesto equis y al final (¿tendrá final esta historia interminable, digna de Michael Ende?) ya vamos por equis más 35 millones, como si esta desviación fuera fruto de una fatalidad y no consecuencia de los caprichos de última hora del arquitecto, de imprevistos previsibles o bajas temerarias para hacerse con el contrato, que ya pagará al que le toque. Y en eso llegó Zoido y mandó parar y no pagar hasta que no se revisen las facturas una por una. También el Ayuntamiento, en justa reciprocidad con las constructoras, puede invocar “el devenir inexcusable”.
El rector de la Hispalense, que ya era vicerrector de Infraestructuras cuando se gestó el proyecto de la ilegal biblioteca universitaria por él mismo ejecutada en una zona verde del Prado, está buscando escaparse por la tangente al declarar que el Supremo no ha sentenciado que haya que derribar la susodicha en ningún caso y que está evaluando la mejor manera de ejecutar esa sentencia de común acuerdo con el Ayuntamiento. Esto huele a componenda, contubernio, pasteleo o como quiera llamarse y, para más ‘inri’, con un alcalde juez. ¿Se saltará Zoido a pídola el fallo del Supremo? Los vecinos le han recordado al rector que la sentencia ordena “reponer el estado original de la parcela”, lo cual implica la demolición. Es lo mismo que decía el Reglamento de la Expo a los participantes: devolver la parcela tal como se les había entregado. Y todos lo entendieron a la perfección: sin pabellón, osea, con el pabellón demolido. Claro que España, y más aún Sevilla, es diferente. Para el rector la palabra ‘reponer’ sólo le evoca al ‘reponedor’ de mercancías del supermercado.
Súper Zoido, el alcalde que puede con todo y lo mismo abarca la Plaza Nueva que el Parlamento de Andalucía y los 8.000 ayuntamientos de España a través de la FEMP, ha sido derrotado por los 5.000 botelloneros que fueron de jarana a la Cartuja por más que Zoidoman anunció un plan para impedirles el acceso, reunió al Cecop y desplegó cien policías. El anuncio de tales medidas ha ampliado aún más el eco de su derrota frente a la Movida, en parte por tal avalancha humana, en parte por la ineficacia de la actuación policial. ¿Cómo se explica estadísticamente que allí hubiera 5.000 personas congregadas para beber alcohol y que todos los controles de alcoholemia de la Policía dieran resultado negativo? ¿A quién controlaban, a los de la macrobotellona o a los conductores que iban camino del Aljarafe por el Muro de Defensa? Cuentan las crónicas que los guindillas intentaron canalizar la masa por las cuatro puertas abiertas al Charco de la Pava, pero nada les dio resultado. Zoido se está percatando de que tratar de domeñar la Movida es como ponerle puertas al campo.
…y tiro porque me toca, ha dicho Zoido. Si el PSOE denunció que el Ayuntamiento dejó de pagar la cuota anual de 46.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) justo en vísperas –hay que tener poco ojo clínico- de que el alcalde fuera elegido su presidente, ahora el PP ha revelado que Monteseirín nunca pagó la cuota de la filial andaluza de la FEMP, la FAMP, en sus doce años de mandato. Y no podía alegar ignorancia de sus obligaciones porque venía de ser su presidente antes de acabar como alcalde de Sevilla. Lo más significativo es que la FAMP guardó silencio sobre esos impagos durante cuatro trienios justo hasta un mes antes de las pasadas elecciones municipales, cuando ya se preveía el relevo en la Alcaldía y la deuda acumulada ascendía a casi 400.000 euros de vellón. En las facultades de Periodismo se enseña que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Con Monteseirín, igual: la noticia no es que no pague nunca, sino que alguna vez haya pagado algo (premio Pulitzer al que lo descubra).
Campmany sostenía que los errores/erratas mejoraban un texto porque le daban nuevos e insospechados sentidos que se prestaban a todo tipo de interpretaciones. ¿Cómo cabe interpretar que en vísperas de la elección de Zoido como presidente de la FEMP el gobierno local decidiera no pagar la cuota anual de 46.000 euros? ¿Es presentable que el presidente de la FEMP sea un moroso de su propia institución? Zoido, que en la Oposición pedía una escoba para barrer el Ayuntamiento, se escuda en que ha habido un error humano en el barrido de las partidas suprimibles y se coló la de la FEMP. El PSOE exige explicaciones de por qué con Zoido ya presidente el gobierno local ha preparado una resolución restitutoria de la cuota suprimida, en la que figura “modificada con una anotación hecha a mano”. Anotaciones a mano para darse de baja o de alta de la cuota sin o tras percatarse de que Zoido iba a ser propuesto para presidente. Pero, ¿quién (des)coordina aquí? Al alcalde, al contrario que a Campmany, no le cabe la coartada de echarle la culpa a los duendes de la imprenta.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y las terminales mediáticas del Gobierno han montado una escandalera tras denunciar que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, debe el IBI de decenas de edificios públicos, una deuda que según Granado puede provocar retrasos en el abono de las pensiones. El Gabinete manchego levantó las alfombras dejadas por Barreda tras 30 años del PSOE en el poder y vio que las facturas pendientes por IBI como herencia recibida ascendían a 1.176.488 euros. Granado, apocalíptico e integrado, tronó que no existen antecedentes de esta dimensión y que estos impagos no tienen justificación alguna. ¿Que no hay antecedentes de esta dimensión? Hace tan sólo unos días, Zoido desglosó en el Parlamento la deuda de la Junta de Andalucía, sus empresas y entes con el Ayuntamiento en concepto de IBI, sello del coche, tasa de basuras y otros: 8,6 millones de euros. Osea, siete veces más que Castilla-La Mancha. Si las pensiones están en peligro no será por el IBI impagado en Toledo, sino en Sevilla.
La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma? Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.
La barrida de partidas municipales para con los recortes pagar los 4,9 millones de la factura de la luz adeudada por Monteseirín desde hacía año y medio se llevó por delante no sólo la cuota de la FEMP, sino también 60.000 euros para UGT y CCOO. ¿A cuenta de qué? Pues de un subterfugio en forma de ‘Pacto Local por la Salud Laboral’ (Torrijos se pirraba por esto de los pactos locales) arbitrado por el gobierno ‘de progreso’ para eludir la sentencia del TSJA, que había declarado ilegal el acuerdo de someter a controles a las empresas contratistas del Ayuntamiento con la excusa de la siniestralidad. Ahora, gracias a la morosidad innata de Monteseirín (recuérdese la tira de años que estuvo sin pagar el sello del coche) hemos sabido de otra subvención trincada por los sindicatos. ¿Ven como entre ellos siempre hallaban una rendija de donde sacar dinerillo? Y yo me pregunto para qué pagar a los sindicatos por controlar la siniestralidad si para ello ya están los inspectores de Trabajo como, sin ir más lejos, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.