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Misión de la Unesco a Doñana

Muestra su preocupación por el proyecto del oleoducto y la parálisis del plan 2005 de defensa del Parque Nacional

Una misión especial de la Unesco realizará una visita de inspección al Parque Nacional de Doñana en la primera quincena de diciembre (en principio las fechas más probables son del 9 al 11) para comprobar ‘in situ’ la situación de este Patrimonio de la Humanidad y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la reunión de Brasilia del pasado verano.

La Unesco está inquieta por las denuncias que en los últimos tiempos le han elevado organizaciones como el Club Doñana, Océana, la Mesa de la Ría de Huelva y la plataforma extremeña contra la refinería Balboa y el oleoducto Huelva-Extremadura.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Brasilia en su XXXIV sesión desde el 25 de julio al 3 de agosto pasados, adoptó una serie de acuerdos en relación con el Parque Nacional de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y goza de las máximas figuras de protección de la Naturaleza en los convenios internacionales (por ejemplo, el de Ramsar, referido a las zonas húmedas).

Ahora, el organismo de la Naciones Unidas para la cultura y el patrimonio ha decidido enviar una misión de expertos para verificar sobre el terreno el grado de cumplimiento de aquellas resoluciones, que pasaron totalmente inadvertidas en España.

El Comité Mundial reclama al Gobierno de Zapatero que concluya de una vez el proyecto de restauración denominado ‘Doñana 2005’, iniciado tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 con el fin de garantizar la preservación del Parque Nacional en el horizonte de aquella fecha y que aún no se ha rematado pese a que ya estamos en 2010, más de cinco años después.

La Unesco tomó nota “con inquietud” del elevado riesgo de vertidos accidentales de hidrocartburos como resultado del incremento del tráfico marítimo desde y hacia el estrecho de Gibraltar debido al proyecto de expansión de la refinería de La Rábida y al del oleoducto Huelva-Extremadura para la refinería Balboa que promueve el grupo Gallardo, los cuales, a juicio del Comité del Patrimonio Mundial, “podrían afectar al valor universal excepcional, incluidas las condiciones de integridad del bien”.

En consecuencia, el organismo de la ONU exige al Gobierno de Zapatero que le entregue una copia de los  estudios de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la refinería de La Rábida, de la expansión del tráfico marítimo, de los parques eólicos en la costa de Huelva y del plan de protección de la zona natural de Doñana tan pronto como estén disponibles.

La Unesco ha emplazado al Gobierno español a que antes del 1 de febrero de 2011 le entregue un informe sobre el estado de los proyectos de la refinería del Polo químico onubense y la de Balboa en Extremadura (grupo Gallardo) y de cualquier otro desarrollo que pudiese afectar al valor universal y excepcional de Doñana.

La lista de exigencias del organismo internacional incluye además informes sobre la continuación de la ejecución del programa de restauración del Parque (Doñana 2005), el seguimiento y evaluación de la eficacia de la gestión, impactos de los usos en los territorios adyacentes al espacio natural y su estado de conservación, con vistas a su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su XXXV sesión, que tendrá lugar durante 2011. La Unesco ha expuesto claramente al Gobierno español que no quiere que autorice en el entorno de Doñana proyectos que puedan provocarle impactos que comprometan su conservación.

El tono de las resoluciones del Comité del Patrimonio Mundial ha sido más duro con España que en ocasiones precedentes y en medios conservacionistas se duda de que  el Gobierno de Zapatero pueda cumplir todas estas exigencias antes del 1 de febrero de 2011.

El envío de una delegación de la Unesco, incluida diplomáticamente en la resolución adoptada el pasado verano como fruto de una invitación del Ejecutivo español para “una misión conjunta de seguimiento a fin de evaluar el estado de conservación” de Doñana, denota un mayor grado de preocupación internacional sobre la situación del Parque, cuyo Consejo de Participación preside ahora Felipe González.

En caso de que la Unesco concluyera que Doñana ha empeorado o se incumplen sus resoluciones, podría llegar a incluir el Parque Nacional en la lista de espacios naturales en peligro o hasta excluirlo de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que supondría un enorme desprestigio para España.

Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.

Ránking de ayuntamientos por la basura

Jerez encabeza la estadística de ayuntamientos morosos

por la basura con una deuda de 99 millones de euros

Valverde del Camino acumula 2.910 días de retraso en los pagos,

equivalentes a casi ocho años

Las empresas de limpieza amenazan con abandonar el servicio porque las deudas las abocan a la quiebra

Las empresas de limpieza y recogida de basuras agrupadas en la patronal Aselip amenazan con dejar de prestar el servicio a los ayuntamientos andaluces morosos y abandonar a los trabajadores a las puertas de los consistorios por los impagos que sufren desde hace años y que las están colocando al borde de la quiebra. Los retrasos de las corporaciones municipales en saldar sus deudas se cuentan en centenares y hasta millares de días y las cantidades pendientes de pago suman cifras multimillonarias.

Las filiales de limpieza, recogida de basuras y tratamiento de residuos de los grandes grupos constructores del país (FCC, Urbaser, Cespa y Sufi) presentaron hace  unas semanas demandas contencioso-administrativas contra el Ayuntamiento de Madrid para que les pague los 500 millones de euros que según su patronal, Aselip, les adeuda.

Una medida similar podría plantearse más pronto que tarde contra los municipios andaluces en situación de morosidad, ya que según un portavoz de Aselip la situación de las compañías por la deuda general de los consistorios, que asciende en toda España a 3.400 millones de euros, es insostenible. Las empresas están financiando con sus recursos propios a los consistorios morosos y ya no pueden soportar más esta situación en el actual contexto general de crisis y con el grifo del crédito bancario cerrado.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop) ha anunciado que se está planteando hacer lo mismo ante las deudas “antiguas” y en muchos casos de “gran cuantía” de los ayuntamientos. Actualmente está recogiendo datos entre sus afiliados para evaluar el monto total de los impagos, si bien fuentes de Ceacop han reconocido que demandar a los ayuntamientos, que en muchos casos son sus principales clientes, sería una medida a la desesperada y que confían en resolver los casos de forma amigable.

Los ayuntamientos, por su parte, se escudan en que prestan servicios impropios para los que no reciben suficiente financiación estatal y en el hundimiento de sus ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La interdependencia entre empresas de servicios y consistorios, que se necesitan mutuamente, ha impedido hasta ahora más denuncias ante los tribunales por morosidad, pero la situación puede cambiar porque las compañías no están dispuestas a que la bola de la deuda siga engordando y llegue por este camino a los 4.000 millones de euros en el conjunto de España.

En Andalucía, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera lidera de forma destacada el ránking de las deudas a las empresas de limpieza, con más de 99 millones de euros, seguido de Jaén capital, con 71 millones, y del Puerto de Santa María, con 48 millones. Granada y Huelva tienen deudas vencidas (se ha sobrepasado el plazo de pago acordado sin ingresar el dinero) por unos 40 millones de euros.

En general, tal como muestran los datos de una serie de municipios representativos de toda la región, los ayuntamientos andaluces mantienen deudas millonarias con las compañías afiliadas a Aselip y retrasos en los pagos que se cuentan por centenares y millares de días. El consistorio onubense de Valverde del Camino se lleva la palma en este sentido, con un retraso acumulado de 2.910 días, equivalentes a casi ocho años.

Según un portavoz de Aselip, esta situación de morosidad no se da en el País Vasco y Navarra, mientras que Barcelona se está esforzando por pagar en un plazo de 30 días. Con esta morosidad generalizada, las únicas compañías con capacidad de resistencia son las filiales de los grandes grupos de construcción, pero han llegado ya al límite porque los 3.400 millones de deuda equivalen al 80% de su facturación, y eso pese a que en los últimos tiempos están renegociando a la baja los contratos con una rebaja media del 15%, lo que se ha traducido por parte de las compañías en recortes de plantilla (en total daban empleo antes de la crsisi a 110.000 personas)  y por parte de los ayuntamientos en dejar de recoger la basura un día de la semana en algunos casos.

Al frente que están formando las empresas de recogida de basuras y las constructoras pueden unirse las de parques y jardines, agrupadas en Aseja. Estas compañías también están elaborando su particular ránking de consistorios morosos y en la lista aparecen, entre otros, los siguientes de Andalucía: Granada, deuda de 10 millones de euros; Benalmádena, 8,5 millones; Huelva, 5 millones; Almería, 5 millones y La Línea de la Concepción, 4,2 millones de euros.

Según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el conjunto del sector público debe más de 35.000 millones de euros a los proveedores y tarda una media de 154 días en pagar, si bien en el caso de los ayuntamientos la demora media es de 238 días, una cifra inferior en muchos casos a los días acumulados por impago con la patronal de la limpieza. Si las Administraciones Públicas pagaran al menos en un plazo prudencial se podrían haber mantenido 600.000 empleos que han desaparecido porque el sector privado está refinanciado al público al soportar su morosidad.

Se da la circunstancia de que los ayuntamientos no contabilizan como déficit las deudas que mantienen con sus proveedores, aunque sí los intereses bancarios por aquéllas.

DEUDAS DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PUBLICOS ANDALUCES POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

AYUNTAMIENTO                DEUDA                      DEUDA          DIAS RETRASO

U ORGANISMO                    TOTAL                       VENCIDA      EN EL PAGO

Adra                                       –                                  4.789.074                      368

Albox                                      –                                  3.048.884                   1.043

Alhama-Temple             1.400.00                                           ¿                      1.440

(Mancomunidad)

Almería                                   –                                  2.594.065                      153

Almería Consorcio Sector II                                      10.446.798                      421

Almería                        10.000.000                                         ¿                         540

(Consorcio

Poniente)

Almonte                       5.510.000                                           ¿                         510

Almuñécar                   4.500.000                                           ¿                      1.440

Atarfe                          4.600.000                                           ¿                      1.440

Bajo Guadalquivir                    ¿                                             ¿                         810

(Manomunidad. Lebrija)

Barbate                       4.430.000                                           ¿                         ¿

Baza                            1.468.038                               1.064.950                      450

Bailén                                      –                                  4.342.058                   1.386

Benalmádena                           –                                  8.499.898                       999

Cádiz                          11.300.422                              9.876.901                       330

Carboneras                             –                                  3.090.498                       713

Carolina, La                            –                                  4.141.863                     1.257

Cartaya                                   –                                  4.182.371            Empresa se fue

Consorcio Desarrollo Mo.       –                                  1.209.529                        647

Consorcio Montes                   –                                              ¿                          360

Orientales

Estepona                                 –                                10.325.556                        613

Fuengirola                 18.370.000                                            ¿                         1.560

Granada,                    17.500.000                                           ¿                            540

(Consorcio

Provincial)

Garrucha                     1.610.000                                            ¿                            630

Gibraleón                                –                                  2.485.121                      1.596

Granada                                  –                              40.485.862                           375

Huelva                                     –                               39.403.518                       1.123

Huelva, Diputación                  –                                  6.995.040                         340

Huétor Vega                            –                                  1.269.356                         462

Isla Cristina                  2.127.054                               1.553.927                        600

Illora                                       –                                  1.122.081                      1.316

Mijas                             13.200.000                                       ¿                         1.800

Jaén                               71.500.000                                       ¿                         1.800

Janda, Mancomunidad  10.500.000                                        ¿                         1.260

Jerez                              99.380.000                                       ¿                           990

La Palma del Condado            –                                  1.447.295                         873

Lebrija                            4.840.000                                        ¿                            810

Lepe                               2.044.868                            2.044.868                       1.320

Loja                                        –                                  1.702.283                          474

Los Palacios                   2.000.000                                        ¿                             540

Los Vélez, Consorcio              –                                  1.838.749                       1.415

Mancomunidad Sierra Occidental                                1.087.943                          532

Maracena                                –                                  2.823.122                          764

Martos                                    –                                  3.320.534                          741

Mojácar                         2.670.000                                       ¿                            1.170

Monachil                            800.000                                      ¿                            1.080

Níjar                                3.500.000                            1.539.572                          564

Ogijares                                  –                                  1.696.248                           916

Otura                                      –                                  2.371.203                           665

Peligros                           2.000.000                                      ¿                           1.440

Punta Umbría                        3.240.000                                  ¿                             570

Puerto de Sta. Mª, El          48.000.000                      4.617.148                        1.095

Puerto Real                           7.000.000                         401.584                           450

Pulpí                                        590.000                                 ¿                              510

Pulianas                                   –                                  1.331.871                           940

Rincón Victoria                        4.700.000                              ¿                             450

Ronda                                                 ¿                                  ¿                             420

Rota                                       10.000.000                              ¿                           1.095

Salobreña                                8.300.000                               ¿                            1.440

San Fernando                          10.120.000                             ¿                              510

San Roque                              –                                  9.541.747                        1.434

Santa Fe                                  5.200.000                               ¿                           1.440

Servicio Andaluz Salud            –                                  1.068.167                           169

Sierra Norte Sevilla                 ¿                                             ¿                           1.800

(Cazalla)

Tomares                                  –                                  1.342.488                           317

Torremolinos                              1.900.000                            ¿                                  ¿

Ubeda                                       7.200.000                             ¿                          1.080

Utrera                                       3.000.000                             ¿                             420

Valverde                                 –                                  2.315.484                        2.910

Vélez Málaga                          13.890.000                              ¿                                 ¿

Vera                                         1.050.000                              ¿                              450

Fuente: Asociación Española de Empresas de Limpieza (Aselip)

El túnel

El túnel de la Avenida de las Tres Mil Palmeras según (in)Movilidad se ha retrasado tanto que, miren qué inocente casualidad, puede acabar inaugurándose justo en vísperas de las elecciones municipales según la última (im)previsión municipal. Dicen que primero dijeron que lo iban a rematar en junio de este año, pero yo oigo hablar del túnel tan inacabado como la sinfonía de Schubert desde que el (sin) alcalde se peleaba con Viera y con Carrillo, antes de acabar K.O. a manos de Griñán con un simple teletipo de Europa Press. Para justificar los retrasos del túnel estratégico desde los tiempos del Plan ídem que iba a liquidar los atascos en las Tres Mil Palmeras y aledaños, el último hombre de Filipinas del (sin), Fran Fernández, alega que los contratistas acometen las obras al ritmo que estiman oportuno y que el Consistorio apenas puede hacer nada ante ello. El mundo al revés: no es la corporación municipal la que marca los plazos y penaliza por los retrasos, sino las empresas las que imponen su calendario a la ciudad. Sevilla, sin alcalde y sin Ayuntamiento.

Tala fantasma

Si Marx -Karl, no Groucho,  aunque ésto es más propio del cómico que del ideólogo-  acuñó aquello de que la historia acaece primero como tragedia y se repite como farsa, la falsa factura falsa por los 3.000 árboles talados para el túnel de la Avenida de la Palmera demuestra que tras el escándalo por las facturas ídem del caso Macarena, que acabó con algún colaborador del (sin) alcalde en la cárcel, éste hay que tomárselo no como drama, sino a chacota. En La Palmera-Bueno Monreal no hay ni 3.000, ni 300, ni 30 ni creo que  3 árboles talados, por la sencilla razón de que ya se ahorraron plantar alguno en su día y porque las obras del túnel no afectaron a las aceras, habitual ubicación de los vegetales cuando los plantan. Pero como a (in)Movilidad le cabe el Titanic de los atascos, le cupo hasta que le colaran la factura de la tala fantasma. Parafraseando a Jardiel, podríamos preguntar: “pero…¿hubo alguna vez 3.000 palmeras en La Palmera?”. El delegado de (in)Movilidad es el único que cree que los reyes magos son Marchena y que hay 3.000 palmeras en La Palmera.

Radiografía del Guadalquivir

El Guadalquivir necesita cuatro veces más

agua para frenar la salinidad y la turbidez

Transporta una media de 63 m3/segundo y precisa de 250 m3, aunque lo ideal serían 1.000 m3.

El comité de expertos concluye que todos los planes sobre el río tienen un impacto negativo salvo el de inundar los llanos mareales de Doñana

Dragar el río hasta -8 metros para que lleguen a Sevilla barcos más grandes provocaría  la erosión de las márgenes

Ampliar el arrozal implicaría más demanda de agua, reduciría aún más  la biodiversidad y multiplicaría los episodios tóxicos

El río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce por las presas para el regadío

El Guadalquivir se ha convertido en un foco emisor de CO2 y de fitoplancton tóxico para la cadena alimentaria

El dictamen científico aboga por una autoridad única que gestione los recursos y el mantenimiento del dragado actual

El comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de universidades andaluzas que durante dos años ha estudiado el impacto ambiental que causarían en el Guadalquivir una serie de proyectos, como el dragado para incrementar en dos metros la profundidad del canal de navegación a Sevilla, y la ampliación del arrozal, ha llegado a la conclusión de que todos tendrían consecuencias negativas salvo, y con matices, eliminar las barreras para permitir inundaciones mareales en Doñana. Los expertos abogan por una gestión integral del estuario y dictaminan que el río no lleva agua suficiente para mantener el ecosistema.

El río Grande de Andalucía cada vez es menos río porque ha perdido caudal a chorros como consecuencia de la intervención humana y ésa es la causa última de la mayor parte de sus males: incremento de la salinidad, turbidez, erosión, menor biodiversidad, episodios de toxicidad, cegamiento de los canales…Las actividades humanas han ido colonizando y compartimentando el estuario del Guadalquivir (110 kilómetros de longitud desde la presa de Alcalá) para acoger la agricultura intensiva bajo invernadero y el cultivo de arroz; la navegación comercial, pesquera y deportiva; las pesquerías, la acuicultura y las salinas; los desarrollos urbanos y sus infraestructuras; una amplia red de carreteras, caminos, canales de riego y de desagüe, y las actuaciones para controlar las descargas del propio río y las mareas en Doñana (los llanos mareales se han reducido en un 85% por usos agrícolas y ganaderos, vertido del dragado en las márgenes y ampliación del propio espacio natural).

La circulación de la masa de agua del río depende principalmente de su propio caudal, de la onda de marea, de las condiciones atmosféricas del mar y del viento. Estos agentes naturales unidos a la acción humana son tan variables que se produce una amplísima gama de situaciones, pero con el denominador común de una gestión heterogénea y descoordinada por parte de las Administraciones y del sector privado y de una cada vez mayor demanda de recursos o un uso aún más intensivo: incremento de los dragados, del arrozal, desmantelamiento del muro en Doñana, crecimiento de los núcleos urbanos….

El aumento de la presión humana sobre el río símbolo de Andalucía está dejando al Guadalquivir sin agua. Los expertos reflejan que entre la construcción de pantanos (desde 1950 al año 2000 se ha pasado de almacenar 1.646 a 6.554 Hm3 de agua) y el desarrollo de grandes áreas de regadío (incremento del 181% en los últimos 70 años) los aportes de agua dulce al estuario han descendido en un 60%, al pasar de una media de 5.000 Hm3/año (en  el periodo 1931-1981) a sólo 2.000 (en el periodo 1981-2000), unos valores aún más bajos en los ciclos de sequía.

El volumen de agua dulce en el estuario es vital para frenar la salinidad y la turbidez y mantener los niveles de oxígeno. Cuando ese volumen persiste durante un tiempo, el ecosistema reacciona y sienta las bases para la recuperación del río. Según los expertos, se necesitaría  que el río transportara al menos 250 m3/segundo e, idealmente, algo más de 1.000 m3; la realidad es que más del 80% de los días del año el caudal de agua dulce es inferior a 100 m3/segundo (el promedio general anual es de 63,31 m3/segundo), lo que se traduce en que en vez de mandar el río sobre la dinámica del estuario, mandan las mareas y se incrementa la intrusión salina, la turbidez y la erosión.

Debido a la poca velocidad del agua dulce –de uno a cinco centímetros cada segundo- cuando es escasa(la mitad de los días el río no transporta más de 25 m3/seg) y a la pérdida de llanos mareales y marismas, la marea favorece la colmatación del estuario, tiende a desarrollar meandros y erosiona las márgenes ayudada por el paso de los barcos y los dragados. El avance de los arenales de Doñana ha empujado las mareas contra la ribera izquierda y desestabilizado el canal de navegación.

SALINIDAD Y TURBIDEZ

Los aportes salinos llegan al estuario desde el océano con la propagación de la onda de marea y su penetración y concentración está en función del caudal del río. Con caudales medios y con avenidas del Guadalquivir, las aportaciones salinas se mantienen cerca de la desembocadura y en forma de cuña. Con caudales bajos, la salinidad avanza en forma de media campana y 40 kilómetros río arriba (Punta de la Mata) y su valor máximo es de 1,75 gramos/litro aproximadamente (menos del 5% del registro en la desembocadura).

Desde allí a la presa de Alcalá, la salinidad es prácticamente despreciable. En mareas vivas, la intrusión salina puede alcanzar hasta la Punta del Verde (80 kilómetros río arriba). En promedio se producen de cuatro a seis episodios de cuña salina (generación, evolución y desaparición) en un año en el estuario y su duración media es del orden de 5 a 7 días.

Los sólidos en suspensión, que provocan la turbidez, dependen de numerosos factores, siendo uno de ellos las descargas de agua desde la presa de Alcalá del Río, si bien son amplificados por la propia dinámica del estuario. En el 10% de los casos, se registra una concentración de 900 miligramos de sedimentos por litro de agua.

La fuente principal de sedimentos es la erosión de una capa “flotante” del lecho del río que tiene un metro de espesor aproximadamente y que flota debido principalmente a la acción de las mareas, si bien no hay una norma fija, ya que todo depende del agua dulce que transporte el río, los vientos y otros elementos.

Desde principios del siglo XX el estuario ha sufrido varios episodios de turbidez extrema de larga duración y en toda su longitud. La recuperación parcial de la normalidad por decantación de los sedimentos puede durar meses y es posible acortar el plazo gestionando bien los desembalses de la presa de Alcalá.

El informe de los expertos subraya que el tránsito de buques hacia el puerto de Sevilla condiciona la turbidez y la calidad de las aguas, ya que provoca la resuspensión de sedimentos (principalmente de la capa flotante) y, eventualmente, la erosión de las márgenes, al igual que la política de dragados.

Las elevadas concentraciones de sólidos en suspensión limita de forma severa la penetración de la luz y afecta enormemente al fitoplancton: es 20 veces menor que en otros estuarios similares y en primavera, hasta 40 veces menor. La falta de luz, unida a la turbidez de las aguas y a la elevada concentración de materia orgánica priva de buena parte de oxígeno a áreas extensas, y en la zona de Don Isaías se mantuvo en un 90% del tiempo por debajo del nivel crítico.

En estas circunstancias, el Guadalquivir ha acabado convertido en una fuente de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y creando ‘zonas muertas’ en la costa que condiciona el desarrollo de los recursos naturales. Las condiciones están abonadas para el desarrollo de fitoplancton tóxico como cianobacterias que se concentran en la cadena alimentaria, como moluscos (coquinas) y peces. Algunos de éstos registran concentraciones tan elevadas como para ponerlos al borde de la muerte y los episodios de mortandad acaecidos en Doñana desde 2001 se debieron a cianobacterias tóxicas de agua dulce.

EL DRAGADO

La dinámica mareal es incapaz de mantener el calado actual de 5-6 metros para la navegación (referido a la bajamar) del tramo Tarfia-Esclusa, por lo que la tendencia es a que se sedimente el cauce y se reduzca a su calado natural de 3-4 metros. El calado necesario para la navegación (los 5-6 metros en bajamar) se consigue mediante dragados y descargas de agua dulce superiores a 500 m3/segundo, pero a costa de crear una capa flotante de sedimentos en las proximidades del lecho del río que vuelve a quedar en suspensión con la acción de la marea.

Cuando este sedimento se extrae mediante dragados o por transporte hacia la desembocadura, la marea erosiona las márgenes y se vuelve a la situación anterior.

Según los expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado hasta -8 metros. Se entraría en una espiral sin fin: la extracción del material del dragado creará por parte del río nuevo material sedimentario que necesariamente saldrá de la erosión de las márgenes.

Aunque el dragado tendría efectos positivos en algunos aspectos (mejora de la capacidad de circulación de las avenidas, reducción del riesgo de inundaciones, amortiguación de los efectos de los barcos de menor porte en riberas y lecho, penetración de la luz…), el comité no lo recomienda expresamente (deja la decisión a los órganos políticos) tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el río (turbidez, salinidad) y porque sería complejo identificar sus efectos directos para, en su caso, exigir responsabilidades.

Del dictamen, relativamente ambiguo en los puntos conflictivos, se colige que los expertos abogan por mantener el ‘statu quo’ (dragado actual), crear una autoridad única del Guadalquivir, no dar luz verde a los proyectos nuevos y recuperar los llanos mareales de Doñana.

DICTAMEN DE LOS EXPERTOS SOBRE LOS

PROYECTOS EN EL ESTUARIO DEL RÍO

PROYECTO                    POSITIVO                 NEGATIVO                      DICTAMEN

Ampliación del             –                      Incremento de la    NO RECOMENDABLE

Arrozal                                                demanda de agua,

Que si se extrae del

Río  reduce aún más

La biodiversidad,

Favorece los episodios

De toxicidad e impide

Controlar la turbidez

Levantamiento  Potencia la                   Saliniza algunos            RECOMENDABLE

Del muro del río           inundación de               entornos que hoy

Algunos llanos  son dominio del

Mareales,                    agua dulce

Corrige el

Desequilibrio de

La desembocadura

Y aumenta volumen

En ciclos de marea

Dique en la margen                  –                      Colabora en la      NO RECOMENDABLE

Izquierda                                                    “canalización” y el

Control del flujo de

Descarga por aquella

Margen y favorece la

Profundización

Asimétrica del canal

De navegación

Dragado del canal de

Navegación a -8 metros    Mejora la                  La dinámica mareal   NO RECOMENDA.

Circulación de         no será capaz de

Las avenidas,             mantener el calado,   MANTENER LAS

Reduce riesgo de      la extracción de         LABORES DEL

Inundaciones,             material erosionará    DRAGADO

Amortigua efectos    las márgenes, será     ACTUAL

Barcos de menor       complejo identificar

Porte, reduce             sus efectos directos      GESTIÓN

Sólidos que van a       en las curvas de           INTEGRAL DEL

La superficie,             salinidad y turbidez    ESTUARIO

Mejora la

Transmisión de

La luz.

Deslizamientos en Las Cruces

Las paredes del depósito de estériles de las Cruces

se deslizaron 500 metros durante su construcción

Los ecologistas temen que se vuelva a repetir y la compañía

niega riesgos como los de Hungría y Aznalcóllar al no ser una balsa

Los verdes sospechan que no se compactan los residuos y CLC replica que ya ha completado la primera celda

El vertido tóxico de Hungría ha vuelto a resucitar el fantasma de la fractura de la presa de residuos de Boliden en Aznalcóllar y a reavivar la polémica entre los ecologistas y Cobre las Cruces, la compañía propietaria de la mina sita en Gerena, a cuenta de los potenciales riesgos de la explotación minera.

Ecologistas en Acción ha revelado que los muros de margas del depósito de residuos de las Cruces ya se deslizaron durante su construcción, por lo que este hecho podría volver a repetirse. La empresa, por su parte, considera que se trató de un problema habitual que suele producirse en las fases iniciales de la minería, acusa de alarmistas a los verdes y da “garantías absolutas” de que no hay riesgos porque, al contrario que en Aznalcóllar y Hungría, en Gerena no hay ninguna balsa de almacenamiento con líquido.

Entre las 3 y las 7 de la madrugada del 9 de julio de 2008 se produjo un deslizamiento en la escombrera norte del complejo hidrometalúrgico de Las Cruces, concretamente en la zona central del área conocida como Esparragal, que afectó al área de vertido libre y a la berma-barrera Este del área de vertido de estériles de planta, según verificó posteriormente un informe de la consultora Geocontrol que han revelado Ecologistas en Acción con motivo de la reciente catástrofe ecológica en Hungría, similar a la de Boliden en Aznalcóllar.

El deslizamiento tuvo una longitud aproximada de 500 metros, una anchura de 50 y una profundidad máxima valorada en 10 metros, con un volumen estimado de 250.000 m3 de material. El deslizamiento lateral se calculó de entre 5 y 10 metros.

La causa de la fractura de las paredes del depósito de estériles de la mina parece que estuvo asociada, según el informe técnico, a una excesiva altura de tierras, sumada a la existencia de poro en el vertido (entre cero y 6,5 metros) y habría provocado en el nivel natural de cimentación un mecanismo de rotura progresiva. Hubo que retirar tierras de la cabecera de la escombrera hasta la cota +73 en El Esparragal y hasta la cota +70 en la zona de cresta de la fractura, lo que supuso un movimiento de 2,3 millones de metros cúbicos de material.

Ecologistas en Acción ha revelado estos datos que, a su juicio, demuestran que el depósito de residuos de las Cruces sufre el riesgo de nuevos deslizamientos en el futuro por las características gerológicas de las margas y han subrayado que también el muro de la presa de Aznalcóllar estaba compuesto de marga compactada, la cual acabó por quebrarse al combinarse su capacidad deslizante con la humedad de la balsa de Boliden por el agua que acumulaba.

HECHO PUNTUAL

Cobre las Cruces reconoce la incidencia acaecida hace dos años, pero matiza que ocurrió en la escombrera en construcción, sin contenido almacenado alguno. “Este tema –afirma un portavoz de la compañía- se considera habitual en las instalaciones mineras: que las margas de un proyecto en construcción se muevan previamente durante las obras. No se puede alarmar –añade- sobre hechos habituales en cualquier operación minera y que en cualquier otra parte se entiende perfectamente. El desplazamiento se produjo en la berma de la instalación y no en los estériles depositados en ella”.

La compañía minera afirma que una vez que se terminó de construir el depósito de estériles, antes de arrojar residuo alguno expertos y consultores geotécnicos internacionales revisaron todo y verificaron la seguridad de las instalaciones. Por tanto, a juicio de Cobre las Cruces las garantías “son absolutas” y sólo desde el alarmismo más infundado se puede hacer una comparación con las catástrofes ecológicas de Aznalcóllar y Hungría, ya que el hecho diferencial de la mina de Gerena respecto de aquéllas es que no hay balsa que contenga líquido y, por lo tanto, ni hay agua ni barro que puedan romper nada ni transportar los residuos por algún cauce: los estériles son secos, no húmedos. La compañía insiste en que la única balsa existente en el complejo minero es una de agua depurada procedente de una EDAR de Sevilla (depuradora de San Jerónimo).

Según el portavoz de CLC, los residuos de las Cruces, conforme al proyecto aprobado por la Administración, se están encapsulando a medida que se van depositando y ya se ha finalizado la primera celda de la escombrera, cuyo grado de humedad es del 10% al 14% tras el sistema de filtración utilizado.

LIXIVIACIÓN INTERNA

Ecologistas en Acción aporta fotos aéreas realizadas el pasado 22 de septiembre y que a su juicio demuestran que ni los residuos son tan secos como sostiene la compañía ni se cubren con tongadas de margas compactadas, obligación que habría contraído ante la Administración y contemplada en el estudio de impacto ambiental.

Según las imágenes tomadas por los verdes, la lixiviación de los residuos es tal por el grado de humedad que contienen que se acumula el líquido en grandes encharcamientos dentro del depósito de estériles y se han llegado a construir balsas interiores para recoger los lixiviados.

“Los camiones que transportan los residuos basculan por una parte del depósito y éstos se van luego deslizando hacia la mitad del mismo, prueba evidente de que se mueven porque no son completamente secos, y tienen fluidez debido a los ácidos del proceso hidrometalúrgico, ya que en caso contrario se acumularían en el sitio de la descarga sin cambiar de emplazamiento”, afirma por su parte un portavoz de Ecologistas en Acción.

Las imágenes también demostrarían en opinión de los verdes que no se están compactando los estériles con margas, pues en tal caso el fondo del depósito tendría el mismo color grisáceo que el terreno que lo circunda y no es así: reflejan el aspecto multicolor del material tratado en la planta metalúrgica.

La Agencia Andaluza del Agua

Los funcionarios se encierran durante 24 horas en contra de su paso a la nueva Egmasa

Denuncian que el Gobierno andaluz les impondrá una cadena de mando privada

Historiadores, veterinarios y biólogos han acabando al mando de los pantanos en vez de los ingenieros

Los casi 1.700 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua protagonizan desde ayer un encierro de 24 horas en todas las sedes provinciales de este organismo para protestar contra su fusión con Egmasa, que proyecta la Junta para la integración de ambas en la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Según denuncian los encerrados, esta operación política propiciará el desembarco en la gestión del agua de miles de empleados de Egmasa, en detrimento de funcionarios y de otro personal público, que accedieron a sus puestos a través de una oposición o concurso.

La creación de la Agencia Empresarial de Medio Ambiente y Agua como otro eslabón más de la Administración paralela de la Junta supone el último episodio del desmantelamiento de la tradicional estructura administrativa articulada en torno a las confederaciones hidrográficas y el principio de la unidad de cuencas.

En el año 2005, el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur así como las cuencas del Odiel, Tinto, Piedras, Guadalete y Barbate, con las que se creó la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Todos los funcionarios transferidos, la mayoría de nivel 26 por oposición, fueron convertidos automáticamente en la nueva relación de puestos de trabajo (RTP) en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto.

Quienes no habían consolidado aún su nivel 26 podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta la antigüedad de los transferidos cuando concursaban a otra plaza.

Así, por ejemplo, si un ingeniero de Caminos que llevaba 20 años como jefe de explotación de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con tan sólo un año de experiencia ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia de esta política fue ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos.

LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Tras transferirse el 1 de enero de 2009 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a la Junta de Andalucía, a los funcionarios que tenían el nivel 26 les privaron del personal a sus órdenes y aterrizaron nuevos niveles 28, en su mayoría sin perfil técnico, que tomaron el mando sobre los miembros de toda la vida de la CHG. Se llegó al extremo de relegarlos aun a costa de duplicar las plazas: junto a un funcionario del Estado era colocado otro de libre designación puesto a dedo.

Al frente de cada provincia andaluza (en la CHG estaba un funcionario de nivel 28) fueron colocados delegados políticos sin perfil técnico (cuando hasta entonces solían ser ingenieros), siguiendo en la estructura de mando un gerente también de carácter político y varios niveles 28, todos nombrados a dedo. La consecuencia fue el quebrantamiento del principio de profesionalidad y unidad de cuenca en la gestión del Guadalquivir, como se puso de manifiesto en la descoordinación de los desembalses durante las últimas inundaciones en Andalucía por el temporal de lluvias del pasado invierno.

Este verano, con la excusa de reducir organismos para ahorrar por la crisis, la Junta ha avanzado aún más en esta estrategia con la creación de un ente empresarial que sustituya al organismo autónomo: la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuya base es Egmasa, compuesta por personal ajeno a la función pública. Esto supone la eliminación por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y la ‘dilución’ de los funcionarios y personal laboral procedentes de la antigua CHG y que habían accedido a sus puestos tras superar unas oposiciones.

Como a la nueva Egmasa, que es en el fondo esta Agencia Empresarial, se le otorgan potestades administrativas aun troceando los procedimientos, la Junta elude así los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Egmasa asumía competencias propias de los funcionarios.

Los encerrados en protesta por esta nueva estructura administrativa del agua en Andalucía denuncian que en la nueva Egmasa se llegará al extremo de que cualquier contratado externo podrá elevar informes en contra de funcionarios a los que se le incoe un procedimiento sancionador.

Es la primera vez en la historia que funcionarios procedentes de las antiguas confederaciones hidrográficas protagonizan encierros y manifestaciones, algo que no hicieron ni siquiera cuando las transferencias o cuando los orillaron en sus puestos o dejaron de computarles la antigüedad a la hora de los concursos.

Su protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF, USTEA y SAFJA.

Sevilla tiene 600 Kilómetros de costa

La longitud de ría del Guadalquivir y sus brazos sometida a la marea sólo es superada en la Península por el litoral de La Coruña, Asturias y Cantabria

Deslindado el 95% de las riberas del río, falta únicamente la parte sevillana de Doñana y la dársena en la capital

Se dice que a Sevilla, para ser perfecta, sólo le falta la playa. Sin embargo, Sevilla, en estricto sentido geográfico y legal, tiene el cuarto litoral o costa más extenso de la Península descontando las provincias insulares (archipiélagos balear y canario), gracias a la ría del Guadalquivir. De hecho, la capital hispalense siempre ha albergado Comandancia de Marina y una Jefatura Provincial de Costas, como cualquier otra capital de provincia marítima española, porque la costa puede adoptar muchas formas y no sólo las arenosas que dan lugar a las playas de Huelva y Cádiz.

En el imaginario colectivo, si no hay playa es como si no hubiera costa, pero técnicamente Sevilla posee tantos kilómetros de litoral que hasta deben ser objeto de deslinde, como el de la polémica entre el Gobierno de Madrid y la Junta de Andalucía por el de la fachada marítima de Doñana.

La ley de Costas es muy clara al respecto en su artículo 3º  al enumerar los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud del artículo 132.2 de la Constitución e incluir entre ellos “los márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”. Y la altura de la marea que penetra desde el océano Atlántico hasta Sevilla y aún más río arriba, hasta la presa de Alcalá (unos cien kilómetros en total desde la desembocadura), es de un metro y medio a la altura del puerto de Sevilla.

La costa sevillana viene, pues, definida por la línea de pleamar viva en las orillas de los brazos del río Guadalquivir, de ahí su longitud, cercana a los 600 kilómetros, superior a la del resto de provincias andaluzas que dan al mar, del que sólo separan a la provincia sevillana los términos municipales de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.

El Guadalquivir en su desembocadura

El Guadalquivir en su desembocadura

a Jefatura Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha deslindado ya el 95,5% de la costa sevillana, no sin civilizada oposición en los tribunales de propietarios colindantes con la ría del Guadalquivir. La longitud de los deslindes anulados por sentencia judicial se eleva a 63,4 kilómetros, pero es muy superior la suma de los tramos deslindados sin conflicto jurídico alguno y, en todo caso, los deslindes anulados por los tribunales no paralizan la acción de Costas, sino que se acometen nuevos trabajos teniendo en cuenta los fallos judiciales.

Un hecho insólito con el que se ha encontrado ahora Costas es una sentencia de la Audiencia Nacional dictada en el antiguo régimen y según la cual se anuló el deslinde realizado entonces del dominio público marítimo terrestre en el cauce histórico del río Guadalquivir, el que habían surcado las carabelas y galeones de ida y vuelta a América tras el Descubrimiento y Elcano tras completar la circunnavegación del globo terráqueo.

Según el fallo judicial, irrecurrible entonces, no había dominio público por no existir ya cauce, presuntamente usurpado por terceros, y pese a las pruebas históricas. Por tanto, el deslinde actual ha tenido un carácter más bien simbólico, basado en el hilo de agua que aún fluye. La única forma de recuperar la titularidad pública del cauce tradicional del río sería mediante su protección como patrimonio histórico o cultural.

La determinación del dominio público marítimo terrestre en el estuario del Guadalquivir no es precisamente una tarea fácil cuando se hallan en juego, y muchas veces en conflicto, tantos intereses y sectores distintos: arroceros, pescadores, acuicultores, agricultores, el Parque Nacional de Doñana, los ecologistas, la navegación fluvial, los municipios ribereños, la autoridad portuaria con su proyecto de dragado y nueva esclusa, la Diputación con sus pantalanes turísticos, los puertos privados, planes urbanísticos, obras de infraestructura….. y cuando el río ha sido tan transformado en el último tramo de su cauce, hasta el punto de que Costas ha tenido que servirse como elemento clave de referencia del famoso vuelo de los americanos, que en 1956 fotografiaron de cabo a rabo Andalucía y plasmaron cómo era la realidad física de nuestra comunidad a mediados del siglo pasado.

Queda aún por deslindar la parte de costa sevillana colindante con el Parque Nacional de Doñana y el tramo urbano de la dársena del Guadalquivir en la capital.

RIBERAS EROSIONADAS

La erosión es uno de los principales problemas que afecta a la costa sevillana, debido fundamentalmente al paso de barcos de gran tamaño por el río y a los dragados ilegales. Hasta no hace mucho, la Dirección General de Costas realizaba obras de defensa del Guadalquivir en sucesivos tramos, pero actualmente el Ministerio de Medio Ambiente entiende que no procede gastar más dinero en ese tipo de tareas, por su impacto ambiental en un espacio ecológico declarado Lugar de Interés Comunitario (zona LIC).y porque aboga por imputar los costes a los causantes de la erosión y no a los contribuyentes.

Por tanto, además del deslinde para fijar el dominio público (una franja de protección de una anchura de cien metros en cada orilla, marcada con hitos, de los que se habrán colocado casi 5.000 desde 2007 al final del año en curso), Costas está incrementando la vigilancia y denuncia de dragados ilegales, plantando vegetación de ribera como complemento de estabilización de márgenes y empleando materiales blandos en las actuaciones puntuales de protección.

PULMÓN VERDE

Uno de los grandes objetivos del Servicio de Costas es que el deslinde de las márgenes del río permita crear un gran pulmón verde en el área metropolitana mediante su reforestación, sobre todo en las zonas colindantes con la capital. Ese pulmón verde se uniría a la recuperación hídrica del cauce del Brazo  del Este, declarado Paraje Natural por la Junta de Andalucía, y a la creación de una reserva ornitológica en el cauce bajo del río Guadaira.

Dentro de esa política de preservación de la franja de 100 metros en cada ribera, se ha logrado frenar el proyecto de crear una plataforma para los autobuses metropolitanos desde La Puebla hasta Sevilla a través del dominio público marítimo-terrestre y se ha convencido al Ministerio de Fomento de la necesidad de que tanto el túnel de los Atlantes como el viaducto de La Rinconada, en la futura SE-40, se inicien mucho antes de llegar a los aledaños del río para permitir la continuidad del corredor forestal.

Asimismo, se han iniciado o preparado los expedientes para recuperar 55 ocupaciones detectadas en el área urbana de Isla Mayor, se ha demolido una nave y recuperado el entorno en una superficie de 1.800 m2 de Coria, se han rescatado antiguas concesiones para el desembarque de arenas procedentes de dragados y se han levantado y replantados 10.000 m2 de viales con firme de aglomerado asfáltico que se habían realizado  en la corta de la Cartuja con motivo de la Expo y cuya permanencia venía favoreciendo la instalación de poblados chabolistas.

Este pulmón verde ha permitido ya la adecuación de casi 20 kilómetros de senderos dentro de las obras de mantenimiento, incluyendo el de la corta de la Cartuja, a los que siguen el parque de ribera entre San Juan y Gelves, de 2,1 kilómetros, y otro similar en Alcalá del Río, de un kilómetro de longitud.

La determinación del dominio público marítimo terrestre no impide que en esa franja se sigan desarrollando usos tradicionales de agricultura y pesca, salvo situaciones de fuerza mayor. Tradicionalmente, Costas ha autorizado todos los años el cultivo de arroz en una superficie de 650 hectáreas, aunque cuando ha habido sequía los permisos se han revocado en coordinación con la Agencia Andaluza del Agua. También es habitual la autorización de aprovechamiento de pastos y cultivos de secano, avícolas y de eneas.

Dominio Público Marítimo de España

(Longitud en kilómetros)

Provincia                                 Kilómetros

Alicante                                   275,000

Almería                                   245,410

Asturias                                   657,470

Baleares                              1.415,610

Barcelona                                139,875

Cádiz                                      493,122

Cantabria                                614,961

Castellón                                 123,300

Ceuta                                        22,835

Coruña, La                           1.089,840

Gerona                                    345,000

Granada                                    80,402

Gran Canaria                           740,320

Guipúzcoa                               234,707

Huelva                                     514,500

Lugo                                       219,970

Málaga                        180,000

Melilla                                         7,329

Murcia                                    271,580

Pontevedra                              575,000

Sevilla                                     599,890

Tarragona                                327,036

Tenerife                                   695,000

Valencia                                  130,000

Vizcaya                                   263,000

ESPAÑA                          10.261,157

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente)

BRAZO DEL ESTE, EL

COMPLEMENTO DE DOÑANA

El Paraje Natural Brazo del Este está constituido por uno de los antiguos brazos en que se dividía el río Guadalquivir en su recorrido por las marismas. Está situado a unos 17 kilómetros al Sur de Sevilla capital, en un punto donde se bifurca del cauce principal, y desemboca 15,5 kilómetros aguas abajo, aunque debido a su gran sinuosidad tiene una longitud real de aproximadamente 39 kilómetros.

Es una zona húmeda de excepcional importancia para la avifauna, pese a las grandes intervenciones efectuadas desde el siglo pasado, que han modificado sus características naturales.

El Servicio de Costas, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, está llevando a cabo la recuperación posesoria de este espacio. En el último año se recuperaron 10 Has., que dejaron de cultivarse de arroz para incorporarlas al humedal. Su ubicación en las marismas le otorga una importancia estratégica, ya que actúa como punto de descanso en la escala migratoria y como hábitat alternativo a las especies existentes en el Parque Nacional de Doñana cuando las condiciones en este espacio son desfavorables, especialmente en verano, época en que se suelen agotar las reservas hídricas, por lo que las aves acuáticas encuentran en el Brazo del Este un refugio vital para su supervivencia durante este periodo.

El paraje es totalmente llano. El cauce del Brazo aparece fragmentando en varios sectores, independizado del río Guadalquivir. A lo largo de éste se suceden meandros, conocidos localmente como “vueltas”, en avanzado estado de colmatación y cubiertos en su mayoría de vegetación acuática.

Además de actuar en el Brazo del Este, Costas ha delimitado y protegido con malla cinegética el cauce y riberas del río Guadaira en una longitud de un kilómetro para observatorio de aves y estación de anillamiento, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y el Ayuntamiento de Coria del Río.

Chupar cámara

El PSOE ya no sabe qué hacer con tal de que el candidato a candidato (no ha sido designado oficialmente) a la Alcaldía, frustrado candidato a delegado del Gobierno y a senador y ciudadano llamado Juan Espadas chupe cámara en cualquier acto público aunque su presencia no pueda justificarse por carecer de cargo alguno y ser un señor tan particular como usted o como yo. A Espadas ya lo empotraron en la comitiva oficial durante la  inauguración del curso para que se viera que allí estaba Wally, y ahora han hecho lo mismo para que chupara cámara en el Alcázar en la peor foto posible: la entrega de un premio ecológico a Monteseirín, el depredador de árboles,  cuya imagen, como dicen del tabaco en la salud,  perjudica seriamente la marca PSOE. ¿No decía Viera que Alfredo debía dar un paso atrás? Pues al revés: obliga a Espadas a dar un paso al frente y salir en la foto con el que le sabotea y erosiona, sin tener más ‘justificación’ para ello que su remota condición de exviceconsejero de Medio Ambiente. Patético, y más aún que Espadas se preste sin pudor a la jugada.