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El mensaje

Marshall McLuhan acuñó aquello de que el medio es el mensaje. En el Ayuntamiento de Sevilla,  el mensaje es Maximiliano Vílchez, al que todavía se le nota el pelo de la dehesa político a siete leguas. Presenta el delegado de Urbanismo el sablazo fiscal de su Departamento a los sevillanos por las puñeteras tasas de veladores, obras, sillas de Semana Santa y demás, y trata de justificar lo injustificable diciendo que nos clava un 6% después de que no subieran desde el año 2009 (gobernaba Monteseirín), ni siquiera de acuerdo con el IPC. El mensaje que lanza el ingenuo Max a los votantes en su candidez es que Monteseirín fue tan bueno para los contribuyentes que no les subía los impuestos cuando gobernaba y que el que los sube ahora el doble que la inflación y se inventa siete tasas nuevas (pagar hasta por tramitar un papeleo ante la Gerencia) es el alcalde que llegó a la Plaza Nueva prometiendo justo lo contrario: que iba a rebajarlos. Espadas y Torrijos tienen que estar encantados con este delegado: Zoido, a Maximiliano, como al pulpo del chiste, ni tocarlo.

 

¿Quién se ha llevado mi queso?

“Las circunstancias han cambiado”. Con esta frase resumieron algunos diputados del PP el tijeretazo dado al Plan de Infraestructuras y Viviendas 2012-2024 (PITVI) presentado el pasado miércoles en el Congreso de los diputados por la ministra de Fomento, Ana Pastor. El cambio de las circunstancias aludía a que cuando se presentó el proyecto por primera vez hace siete meses, la previsión de inversión en obra pública y vivienda era de 225.000 millones de euros, que ahora, de mantenerse la versión reducida y si no hay necesidad de nuevos recortes para cuadrar las cuentas por mayores exigencias de Bruselas, se va a quedar en tan sólo 130.000 millones de euros.

Pero incluso esta cifra tiene truco, ya que únicamente  el 60% procederá de fondos públicos. El 40% restante se confía obtenerlo de una Unión Europea cada vez más restrictiva en la libranza de dinero y de una aportación privada -los famosos proyectos de colaboración público/privada- que no depende de recursos propios, sino de la financiación bancaria, en un escenario con el grifo del crédito aún cerrado.

CADA VEZ MENOS INVERSIÓN

La proyección para el periodo 2012-2024 es que las inversiones en infraestructuras supongan cada vez menor porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), y que pasen del 1,3% en 2013 al 0,90% en años sucesivos. El problema de fondo es que como la economía española no deja de contraerse y la creación de riqueza es menor, también se estima que disminuirá consecuentemente el presupuesto destinado a carreteras, puentes, pantanos, aeropuertos, vías férreas, puertos…. hasta unos 9.000 millones de euros.
En este contexto, la prioridad absoluta de la ministra de Fomento es completar los grandes  corredores del AVE pendientes. Ana Pastor fue tajante al respecto en las Cortes: “Se acabaron los aeropuertos vacíos, los trenes sin pasajeros y las autovías sin tráfico”.

La plasmación de esta política en los Presupuestos Generales del Estado para Sevilla se ha traducido en que el 85%  de los 275 millones de euros asignados a nuestra provincia se destinan a proyectos en marcha y sólo el 7% para nuevas obras; y en que la partida principal, de unos 44 millones de euros, se reserva para el tramo Utrera-Jerez de la línea ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Cádiz. En contraste, el dinero para la ronda de circunvalación exterior SE-40 se reduce a unos 15 millones de euros, un 67% menos que en el Presupuesto anterior.

PARÁLISIS

El hundimiento de la obra pública en Andalucía es brutal. El Colegio de Ingenieros de Caminos y representantes de las principales empresas constructoras que operan en nuestra comunidad han denunciado este fin de semana que prácticamente el 90% de las infraestructuras licitadas en Andalucía están paralizadas debido a la “sequía inversora” existente, hasta el punto de que si no se reactivan pronto se perderán los 1.500 millones de euros comprometidos por Bruselas a través de los Fondos Feder.
Si la ministra Ana Pastor hablaba de aeropuertos vacíos, trenes sin pasajeros y autovías sin tráfico como consecuencia de la desaforada política constructora de los años del ‘boom’ del ladrillo, tanto en infraestructuras como en viviendas (al menos hay 600.000 vacías todavía), los ingenieros de Caminos andaluces lamentan que la paralización del 90% de las obras por falta de inversión puede dejar “agujeros abiertos en las ciudades, vías que llevan a ninguna parte y edificaciones públicas abandonadas”. Estamos purgando, pues, los excesos de la etapa anterior, y todo indica que esta “sequía inversora” se va a prolongar en el tiempo.

En este marco se inscribe la estruendosa rueda de prensa de la pasada semana en que el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, cogestor de una empresa constructora familiar vinculada históricamente a la obra pública y que llegó a la cúpula de la patronal procedente de Gaesco, la sectorial de la construcción, criticó agriamente tanto al Ayuntamiento y a Zoido como a la Junta de Andalucía, aunque el mayor eco de su enmienda a la totalidad la ha tenido el alcalde, el cual se quedó literalmente atónito por lo inesperado del golpe, como el boxeador cazado en frío por un crochet a la mandíbula.

VISIÓN UNIDIMENSIONAL

Al igual que Zoido no ha interiorizado aún que además de alcalde de Sevilla es presidente del PP (A) y por tanto su visión política ha de abarcar el conjunto de Andalucía y no circunscribirse sólo a la capital hIspalense, Miguel Rus todavía carece de una visión global de la economía sevillana y sigue expresándose conforme a los intereses y preocupaciones de Gaesco más que como presidente de la CES. Este carácter  unidimensional de su presidencia ya lo puso claramente de manifiesto cuando despreció públicamente al sector arrocero, al que también representa teóricamente como presidente de todos los empresarios sevillanos, en su defensa unilateral del dragado del Guadalquivir, que beneficiaría a las grandes constructoras, su sector por naturaleza.

Rus alternó ataques contra la Junta y el Ayuntamiento. Acusó al alcalde de falta de interlocución, del abortado ‘tasazo’ de las Ordenanzas Fiscales y de las contradicciones y falta de agilidad de la Gerencia de Urbanismo con Decathlon y Caixafórum, temas en los que podía estar cargado de razones pero que estaban ligados únicamente al sector de la construcción. Su irritación por la falta de grandes obras públicas, debido a los obligados recortes presupuestarios, llegó al extremo de abogar por el cierre de la línea 1 del Metro, en la que se han invertido 658 millones de euros, si no se licitan las restantes pendientes, porque él no le ve sentido a que permanezca en solitario. La tesis no puede ser más disparatada, por cuanto la línea 1 ya arroja beneficios (por más que la empresa constructora de Rus, que participaba en la misma, vendiera en tiempos su participación pensando en que sería deficitaria y por los sobresaltos en su construcción) y es usada por 15 millones de viajeros al año, por lo que algún efecto vertebrador tendrá, diga lo que diga el presidente de la CES.

Sin obviar la responsabilidad de Zoido (derivada de su autocomplacencia y su escudamiento en la confrontación con la Junta para tratar de orillar así los problemas) en la situación de ‘impasse’ de la ciudad, en su desahogo contra la Junta y especialmente contra el alcalde, Rus sangraba por la herida, tal como dejaban en evidencia expresiones en estos términos: “No es de recibo que el recorte sea siempre en obra pública en vez de en presupuestos prescindibles como empresas públicas, observatorios y fundaciones”.

UNA NUEVA REALIDAD

Aun aceptando todas esas lamentaciones, el problema de fondo que expusimos al principio y que parece no quieren ver ni la CES ni Gaesco es que los dorados años de la obra pública y de la construcción del millón de viviendas en números redondos ya no volverán. Por tanto, el sector de la construcción no va a tener ese increíble peso del 17% del PIB, como llegó a ocurrir en Andalucía, y debe adaptarse a la nueva realidad, reinventarse y buscar nuevos nichos de mercados dentro y en el exterior, llámense rehabilitación o eficiencia energética, por más que Rus brame contra las Administraciones que se le pongan a tiro. Su situación recuerda a la descrita en forma de parábola por Spencer Johnson en la famosa obra ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’

El libro cuenta cómo la vida de dos ratones y dos liliputienses giraba alrededor de un abundante depósito de queso. Se sentían tan a gusto que no se percataron de que su alimento disminuía día tras día, hasta que se acabó. Al advertirlo, los ratones se lanzaron de inmediato a la aventura por el laberinto en busca de nuevos depósitos de queso. Los liliputienses, por su parte, creían tener derecho al queso que había desaparecido, regresaban cada día al depósito ya vacío, se lamentaban y se limitaban a esperar sentados a que lloviera nuevo queso del cielo, sin arriesgarse a penetrar en el laberinto en busca de una alternativa.

Al margen de que Zoido mereciera en mayor o menor grado el zamarreón del presidente de la CES a ver si sale de su ensimismamiento, en el mensaje contra tirios y troyanos (también la Junta se llevó su buena ración de críticas) de Miguel Rus latía en el fondo la misma airada queja de algunos de los protagonistas de la fábula de Spencer Johnson:

¿Quién se ha llevado mi obra pública?

Guadaira

La Plataforma pro Parque Guadaira (a mí me gusta sin acento en la ‘i’, pese a Gutiérrez Limones), ya saben, el único parque del mundo proyectado desde su origen con una carretera por medio, ha pedido públicamente su cerramiento ante el riesgo de que sea “fagocitado” por los coches de los aficionados que acuden a los partidos del Betis. Miedo más que justificado. El sábado pasé por allí coincidiendo con el encuentro ante el Español y los automovilistas aparcaban incluso sobre el campo de fútbol del complejo deportivo municipal de la calle Ifni, sin que la invisible Policía se inmutara ni a Zoido se le ocurriera mandar la grúa, no vaya a ser que se le cabreen los votantes. Larga bula a los dos clubes sevillanos. Los gorrillas, que ahora están al aguardo de sus víctimas montados en bicicleta para que nadie se libre de pagarles el ‘impuesto revolucionario’, ya se frotan las manos ante la perspectiva que les ofrece el nuevo espacio explanado entre el Polígono Sur y Heliópolis. Mucho me temo que el Guadaira, más que parque va a ser el parking anexo al estadio del Betis.

 

¿Gobierna Zoido?

Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.

Dineros

Guillermo Vázquez Consuegra ha lamentado de forma despectiva que a los periodistas que preguntaban en el ‘chupacámaras’ del alcalde por el coste final de la ampliación de  Fibes “sólo les preocupa el dinero” cuando, como Francisco Umbral en su famosa anécdota televisiva, si él había tragado con ir allí de escolta de Zoido era para hablar sólo de su libro, vamos, de su diseño arquitectónico. Pues sí, don Guillermo, aun sin dudar de su arte, cuando una obra ha sido presupuestada por los técnicos en 65,4 millones de euros y acaba costando al contribuyente 120 millones, comprenderá que incurramos en, para usted como sublime arquitecto-estrella, la ordinariez de interesarnos por esta ‘pequeña’ miseria terrenal ajena al Olimpo arquitectónico: un desfase de 55 millones, equivalentes al coste oficial de su restauración del Palacio de San Telmo. Aunque usted sólo querría hablar de su libro, como Umbral, en una Democracia que debe velar por el dinero con el que entre todos le  pagamos sus cuantiosos emolumentos también, aunque le pese, hay que hablar del libro de cuentas.

El escándalo del Prado

La arquitecta angloiraquí Zaha Hadid ha tachado de “escándalo” la orden de derribo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a sus sentencias previas ratificadas por el Tribunal Supremo, de demoler la biblioteca (o más bien el esqueleto levantado hasta la fecha) diseñada por ella sobre los jardines del Prado de San Sebastián. La estrella del ‘establishment’ de la arquitectura internacional a raíz de ser distinguida con el premio Pritzker (considerado como el Nobel de su profesión) ha hecho sus declaraciones en Madrid, adonde ha viajado para inaugurar en la galería Ivorypress la exposición ‘Zaha Hadid Beyond Bo undaries. Art and Design’.

Dice la arquitecta nacida en Bagdad y afincada en Londres: “No conozco los detalles. Quizás alguien cometió un error. No tengo idea de la historia completa, pero en estas circunstancias, cuando España está pasando por serios problemas financieros, demoler un edificio que ya se está construyendo cuesta dinero y es, simplemente, inaceptable”. Y añade: “Es una locura; es una pena; es un proyecto maravilloso. No es una casa privada, es un edificio público, bueno para los estudiantes. Tenía todos los permisos de edificación”.

 

Este proyecto que ella misma califica de “maravilloso” es obra de su oficina, con arquitectos auxiliares a su servicio como es típico en los grandes estudios internacionales; no es un proyecto singular ni específico para Sevilla, sino de su catálogo previo, con variantes a partir de un diseño primigenio y luego trasplantado a cualquier sitio con mentalidad cateta que crea que por comprar un trabajo firmado por un/una arquitecto/a estrella ya ha entrado de golpe en la vanguardia y en la modernidad. Al igual que el arquitecto argentino César Pelli le ha vendido a Cajasol una mera variante del rascacielos que previamente le ha construido a Iberdrola en Bilbao, Zaha Hadid, o más bien su estudio, le ha trasplantado a Sevilla una copia de uno de sus diseños para Alemania, como las ‘setas’ de Jürgen Mayer en la Encarnación recuerdan inevitablemente la cubierta de una gasolinera de Hamburgo. Arquitectura internacional comodín valedera para cualquier parte al margen de su historia e idiosincrasia.

Ese es, pues, el primer escándalo: comprar supuesta modernidad arquitectónica a golpe de talonario, independientemente de si encaja o no encaja en su contexto, porque lo más importante no es la ciudad donde debe incardinarse, sino el objeto arquitectónico mismo, en línea con el programa iconográfico ideado por Monteseirín para dejar su huella para la eternidad ‘resolviendo’ los espacios vacíos de la ciudad, como la Encarnación, con las ‘setas’, y el Prado, con la biblioteca universitaria.

INSEGURIDAD JURIDICA

Es comprensible, por otra parte, que a Zaha Hadid no le quepa en la cabeza que se pueda demoler una obra que tenía todos los permisos de edificación. Es la misma queja de tantos miles de extranjeros que han comprado una vivienda en España con licencia de obra municipal y que luego los tribunales han declarado ilegales por hallarse situadas sobre una zona rústica, inundable o afectada por la Ley de Costas.

Para un extranjero es, sencillamente, inconcebible que una Administración Pública u órgano oficial pueda incurrir en un acto ilegal. Pero el nuestro es un país diferente como rezaba el lema turístico, y justamente por su inseguridad jurídica (ya sea en urbanismo como en energía o fiscalidad), que la coloca a la altura de una república bananera, hoy la ‘marca’ España está por los suelos y nuestra prima de riesgo disparada en unos mercados internacionales a los que no inspiramos confianza. Nada es casual.

Ya que, por su inhibición o exceso de ocupaciones, Zaha Hadid desconoce todos los detalles del escándalo del Prado con ‘su’ biblioteca, habría que explicarle que se le dio la licencia para construirla sobre una zona verde financiada hace veinte años por los contribuyentes de la Unión Europea, algo que sería inconcebible en un país avanzado de la UE que no fuera España, donde hasta ponen un policía a dirigir el tráfico cuando descubren que un nido de pájaros ha inutilizado un semáforo, en vez de interrumpir la nidificación de las aves para repararlo.

JARDINES MUTILADOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid lo escandaloso de que su biblioteca hubiera obligado a suprimir decenas de árboles de los jardines, mutilados así para meter con calzador arquitectónico su proyecto con aires del pabellón de México en la Expo-92. El escándalo ha sido que se eliminara un buen trozo de los jardines del Prado cuando los vecinos, apoyados por otros colectivos del resto de la ciudad, señalaban que en el entorno de los cinco ‘campus’ de la Hispalense había terrenos libres, e incluso en el mismísimo Prado de San Sebastián, justamente en los solares de enfrente, sin que el Ayuntamiento dirigido por Monteseirín y la Hispalense se atuvieran a razones en su política de hechos consumados para desembocar, en su abuso de poder, en la situación por la que ahora se escandaliza la arquitecta: ya que hemos gastado 6 millones de euros o más en la obra, ¿cómo la vamos a demoler ahora?

Pues bien, este derribo simboliza el triunfo del Derecho sobre el Poder y de la razón de una causa refrendada por numerosas sentencias de los tribunales, que fueron desestimando uno tras otro los sucesivos recursos de la Universidad. Se ha cumplido en este caso la máxima de los romanos: ‘Hágasela Justicia aunque se hunda el mundo’.

OIDOS SORDOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid que el escándalo radicó en que, pese a las reiteradas advertencias de los vecinos de defender, conforme a Derecho y al dinero de sus propios bolsillos frente a una Universidad soberbia que exigía fianzas millonarias para que no pudieran seguir adelante con el pleito, la zona verde vigente desde hacía veinte años, la Hispalense se lanzó segura de su victoria en todos los frentes a materializar el proyecto en plan Goliath que desprecia a David con su humilde honda. Hasta tal punto pecó de soberbia que le firmó al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena un documento por el que le exoneraba de cualquier responsabilidad por la concesión de la licencia urbanística y asumía plenamente las consecuencias de su actuación irreflexiva. Estos vecinos han defendido con sus escasos medios frente al gigante de la Administración (Ayuntamiento+Universidad) el interés general por la preservación de un equipamiento que, como han ratificado los tribunales, era esencial y que derivaba de un ejido comunal durante siglos.

No es lo mismo construir una biblioteca ex-novo sobre un suelo baldío y rodearla de jardines que sacrificar parte de unos jardines consolidados desde hacía veinte años y sus árboles para levantar una biblioteca que podría haberse alzado sin problemas justo enfrente y cuyo sentido hasta cabe cuestionar en esta era de Internet, cuando ya es posible subir los libros a la ‘nube’ de la Red para que tanto estudiantes como cualquier ciudadano puedan descargárselos directamente a su ordenador sin necesidad de desplazarse, perder tiempo, gastar dinero en viajes y / o hacer cola para coger sitio en una mesa física.

El escándalo, pues, radica en que Zaha Hadid ignore todos estos extremos y en que los responsabes de este quebranto para las arcas públicas y del desprestigio para la Universidad se hayan ido de rositas. Será Sevilla quien pague este doble error: el de la construcción primero y (el coste) de la demolición después.

El escándalo del Prado

La zapata de Triana

El delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo (no sé si me he dejado alguna competencia más en el tintero) del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, ha criticado la “hipocresía” de la Junta de Andalucía en relación con el polémico proyecto del alicatado con un mural cerámico de la zapata de Triana, por “dejar ahora en manos del Ayuntamiento toda la responsabilidad (del proyecto) cuando tiene el liderazgo del plan turístico”.

Según Serrano, para el que la ubicación del lienzo de azulejos “depende del proceso de diálogo con vecinos y entidades”, el mural “fue una obra licitada y consentida por la Junta en el marco del Plan Turístico de Sevilla y no entendemos -añadió- que antes se estuviera de acuerdo y ahora no”.

El mural en el malecón trianero se ha convertido en toda una metáfora del proceder político del Ayuntamiento presidido por Juan Ignacio Zoido, más atento al afán de protagonismo inmediato y a hacerse la foto que a atender a otras consideraciones de índole cultural y económica.

AL MARGEN DE LA JUNTA

Si ahora resulta que es la Junta de Andalucía la que tiene el liderazgo político del Plan Turístico de Sevilla, en cuyo marco se habría aprobado la instalación de este gran mural que desfiguraría la imagen tradicional que ofrece la calle Betis desde hace un par de siglos, ¿cómo es que nada menos que tres delegados municipales, el propio Serrano; Francisco Pérez, ‘alcalde’ de Triana, y Maximiliano Vílchez, responsable de Urbanismo, lo presentaron a bombo y platillo la pasada primavera y sin participación de ningún representante del Gobierno andaluz? ¿Cómo debería calificarse entonces la iniciativa del Ayuntamiento? ¿Deslealtad institucional? ¿Afán de protagonismo? ¿No habría puesto Gregorio Serrano el grito en el cielo en caso de que la Junta hubiera dado un golpe de mano como el suyo y hubiera presentado en solitario a los medios de comunicación un proyecto cuyo liderazgo correspondiera al Consistorio?

Aunque fuera verdad lo que ahora, que no desde el principio ni a lo largo de estos meses de polémica, ha dicho Gregorio Serrano, su tesis es inaceptable desde el minuto uno, o sea, desde el momento en que el Ayuntamiento le arrebató el proyecto a la Junta de Andalucía e hizo bandera del mismo ante la opinión pública pensando en que la idea iba a ser tan aplaudida en Triana y en el resto de Sevilla como el ‘mapping’ que proyectó en Navidad sobre la fachada de las Casas Consistoriales.

Aunque fuera verdad que la Consejería de Turismo aprobó, como reconoce, el presupuesto del Plan Turístico de Sevilla pero no más, y en cuyo capítulo de señalética se habría incluido esta innecesaria y costosa -máxime en los tiempos de gravísima crisis económica que estamos viviendo- rotulación en Triana, el proyecto tiene una afección al patrimonio histórico-artístico tan obvia hasta para el más profano que escapa a la competencia de la Consejería de Turismo y que ha de someterse al dictamen previo (subráyese lo de previo) de la Comisión Provincial del Patrimonio de la Consejería de Cultura, un trámite que el Ayuntamiento soslayó desde el principio en una práctica que recuerda los peores vicios de la etapa de Monteseirín.

PARADOJA

Por tanto, puede producirse perfectamente la paradoja, incomprensible para Gregorio Serrano, de que el consejero de Turismo Luciano Alonso no vetara desde la perspectiva de su Departamento que se incluyera Triana en el plan señalético-turístico y que, posteriormente, el mismo Luciano Alonso, ya investido con la responsabilidad de la Cultura andaluza, objete la adulteración del paisaje tradicional de la calle Betis y la zapata con la instalación de este mural, primero de una serie, de gran tamaño.

‘Mutatis mutandis’, el delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, se entusiasmaría ante la posibilidad de que una gran multinacional ofreciera una cantidad multimillonaria por que se la autorizara a colocar su publicidad en el Real de la Feria de Abril, pero el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, casualmente también Gregorio Serrano, vetería la propuesta sin caer en la esquizofrenia, sabedor de que vulneraría la Ordenanza de la Feria, cuya aplicación es de su competencia.

CONTUMACIA

El segundo aserto de Gregorio Serrano, ése de que “la ubicación del mural depende del proceso de diálogo con vecinos y entidades”, es una burla a la inteligencia. El Ayuntamiento no ha dialogado con nadie: lo suyo ha sido un monólogo. Si hubiera dialogado previamente, y vuelvo a subrayar lo de previamente, le habría bastado con constatar el rechazo de amplios sectores ciudadanos y culturales de la ciudad, opuestos a que se altere la visión tradicional de Triana, para haber renunciado a la iniciativa, bienintencionada pero errónea. Y no habría pasado nada. Al revés: más que probablemente se habría ganado el aplauso general (el consejero Llera hasta recibió parabienes por reconocer que no había un euro para seguir mareando la perdiz con la Ciudad de la Justicia) por haber sabido rectificar a tiempo y escuchado la opinión ciudadana.

Sin embargo, la soberbia de los políticos es tal que la mayoría prefiere la contumacia en el error antes que dar su brazo a torcer. Para aparentar el inexistente diálogo, hasta todo un profesor universitario como el delegado trianero, Francisco Pérez, se inventó unas Jornadas patrimoniales en que sólo dio voz a la parte interesada en el proyecto y alineada con las tesis municipales. ¿Diálogo o monólogo?

HECHOS CONSUMADOS

En una política de hechos consumados, sin tener en cuenta el posible dictamen negativo de la Consejería de Cultura ni atender los miles de firmas en contra del proyecto, el Ayuntamiento encargó bajo cuerda a una fábrica de Castellón los azulejos para el mural supuestamente trianero, con lo cual ha incurrido en un nuevo despropósito y dejado en evidencia su argumento de que con este proyecto también pretendía realzar la artesanía cerámica tradicional del arrabal. El mural ni siquiera está hecho en Triana, y en vez de fomentar la artesanía local hemois acabado fomentando la de Castellón de la Plana.

Gregorio Serrano, pues, ha aludido a un supuesto proceso de participación ciudadana para decidir sobre el mural cerámico que no es más que un paripé, una pantomima, pues ya estaba todo atado y bien atado y los azulejos, traídos desde Castellón y almacenados aquí a la espera de su colocación final, prevista para este mes de septiembre.

SEÑALÉTICA SIN IMPACTO

Ahora, para salvar la cara pero para demostrar que el mural se va a colocar en Triana pese a quien pese, Zoido se muestra dispuesto a buscar un emplazamiento alternativo al malecón, lo cual no hace más que ratificar la innecesariedad de un proyecto con un presupuesto global de 180.000 euros y en el que ya se habrían gastado 60.000. ¿Acaso no saben los turistas dónde está Triana, aunque no haya mural alguno en la zapata? ¿Necesita Roma colocar un mural de gran tamaño en el malecón del Tíber para indicar dónde está el Trastevere? ¿O París en el malecón del Sena para señalizar el Barrio Latino o cualquier otro? ¿Y por qué no instalar en justa correspondencia otro gran mural cerámico en la pared del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, para indicarles a los turistas ‘trianeros’ dónde está Sevilla?

Por el contrario, lo que sí necesitan Triana y Sevilla es que se rotulen cuantos más tramos de avenidas y calles en sus intersecciones con otras vías públicas, mejor, como, por ejemplo, hace de forma modélica Salamanca, para que los turistas no se confundan y nuestro nomenclátor responda a lo que viene en los mapas. Serían pequeñas actuaciones, baratas y de grandísima utilidad para nuestros visitantes, pero, claro, no permitirían a los políticos de turno hacerse la foto como la que se harían ante un mural de gran tamaño como el que desfiguraría el paisaje histórico de Triana y cuya única función sería señalizar lo obvio.

Obras contrarreloj en la carretera por el Parque del Guadaira

Vecinos de Heliópolis, Pedro Salvador y Bermejales se sienten

estafados y denunciarán el caso a la UE

 

Insisten en que la vía, de 10 metros y 8 rotondas, discurre por

una zona verde y que vulnera el PGOU vigente

 

La Plataforma pro Parque del Guadaira, compuesta por vecinos de Heliópolis, la barriada Pedro Salvador y Los Bermejales, denuncia que en las últimas semanas se está trabajando en exclusiva, en jornadas de hasta doce horas diarias, para terminar cuanto antes la carretera que cruza por mitad del futuro parque que se construye sobre el antiguo cauce del río, desde el Polígono Sur hasta la Avenida de La Raza, pese a tratarse de una zona verde y con la aquiescencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la vista gorda de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

 

El proceso de negociación abierto a instancias del Ayuntamiento, después de que Zoido visitara las obras, entre los vecinos de varios barrios del Sur de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), promotora de las obras del futuro parque sobre el viejo cauce del Guadaira, se da por fracasado después de que la Plataforma haya comprobado que la construcción de la polémica vía de circulación que parte en dos la zona verde no sólo no se ha paralizado, sino que continúa a marchas forzadas, en jornadas de sol a sol, con el claro propósito por parte de la empresa ejecutante de concluirla cuanto antes como un hecho consumado.

El único compromiso que en principio habrían alcanzado la CHG y la empresa con un sector de Heliópolis consistiría en no conectar la nueva vía de comunicación con las calles Ifni y Perú, a fin de que los antiguos hotelitos de la Exposición del 29 no sufran la invasión de los vehículos que crucen de Norte a Sur , entre el estadio y la ciudad deportiva del Betis, para enlazar con La Raza y los puentes del Centenario y Delicias.

Los vecinos opositores a la carretera exigen la paralización cautelar de esta vía rápida de 10 metros de anchura y 8 rotondas y denuncian la, a su juicio, complicidad del Ayuntamiento, ya que pese a tratarse de un proyecto conveniado con la CHG, a la Gerencia de Urbanismo le corresponde velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el cual el suelo que ocupará el asfalto estaría calificado como zona verde.

El proyecto original del Parque del Guadaira, cuyas obras se interrumpieron en 2007 por la incapacidad de la empresa constructora de continuarlas tras una bajada económica cercana al 40% del coste de salida, incluía un vial de servicio para el futuro parque colindante con la fachada Sur de Heliópolis y una gran zona verde y de esparcimiento, con lagos y cursos de agua  hasta el Guadalquivir. El presupuesto inicial era de unos 25 millones de euros, de los que el 75% correspondían a la Unión Europea.

Sin embargo, tras abandonar la primera empresa constructora, se redactó un modificado del proyecto para volverlo a licitar bajo la coordinación de la CHG y del Ayuntamiento. Así, se eliminaron partidas significativas, como el paso subterráneo por la Avenida de Holanda y la pasarela de la SE-30, que comunicaba el parque con la ribera original del Guadaira.

Para su sorpresa, los residentes en los barrios colindantes con el futuro parque comprobaron que lo que se estaba construyendo una vez reanudados los trabajos no se parecía ni al proyecto original ni a lo que dicen haberles prometido durante la modificación, porque en lugar de un vial de servicio que discurriera por el lateral de la zona verde más cercano a Heliópolis se está construyendo una vía rápida para el tráfico con ocho rotondas y por medio de los jardines, que quedan reducidos a una mera función de ornamentación y camuflaje de la carretera.

Según la Plataforma vecinal, ni la CHG ni la Gerencia de Urbanismo les enseñan el proyecto que se está ejecutando, y tampoco plasman ninguna promesa por escrito, al igual que cambian de versión continuamente. Así, denuncian que unas veces les dicen que la carretera va a ser para exclusivo uso peatonal, algo carente de sentido por la magnitud y coste de las obras, y otras que  se reservará para el uso del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuyo representante en una de las reuniones reconoció que les bastaría con un vial de servicio de 3,5 metros de anchura, cuando se está hormigonando una anchura tres veces mayor.

Ante el avance a marchas forzadas de las obras, la Plataforma pro Parque del Guadaira ha decidido denunciar la actuación de la CGH y del Ayuntamiento a la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Unión Europea, ya que esta última subvenciona el 75% del coste del parque, por lo que existe el riesgo de que se repita un conflicto como el de la Biblioteca universitaria erigida sobre una zona verde en el Prado de San Sebastián, también con financiación europea y que tras la lucha de los vecinos de su entorno tendrá que ser demolida por sentencia judicial.

Récord

Contaba  el testimonio de Enriqueta Vila sobre el provisional mercado de Las Palmeritas, que lleva en esta transitoriedad desde hace 39 años, a sólo uno de la cifra redonda de los 40, pero me llegan noticias de que esa marca ha sido ampliamente batida en el Porvenir. Allí, con motivo de una visita del alcalde a las obras en la calle Exposición (por la del 29, no la del 92), se ha constatado que unos postes que se colocaron ‘provisionalmente’ para los cables del teléfono hace 50 años aún siguen en pie, en espera de que Telefónica sustituya el cableado aéreo por otro subterráneo. Desde una perspectiva ecologista la actuación es impecable: total, si aún dan el avío, ¿para qué cambiarlos? Al igual que esos azulejos indicadores de la altura a la que llegaron las riadas de antaño, Zoido debería aprovechar sus giras por los barrios para identificar con una placa todos esos elementos urbanos que han sobrepasado con creces su condición de soluciones de urgencia para convertirse en parte constitutiva del paisaje de Sevilla, capital de lo efímero trocado en permanente.

 

Preocupante

Curro Pérez, la Voz a Ti Debida de Zoido, habló, en su calidad de alcalde del arrabal,  en el acto
de presentación del cartel de la Velá de Triana, pero no o además de sobre el barrio, sino
también  sobre la torre Cajasol, alias Pelli, y el salvados por la campana de ser incluidos en la
‘lista negra’ de la Unesco en la convención de San Petersburgo, con estas palabras: “El que
quiera remover las cosas se encontrará con cosas (sic) desagradables. Hemos descubierto
cuestiones preocupantes. Es un aviso a navegantes”. Lo preocupante es que el Ayuntamiento
pepero haya descubierto cosas preocupantes sobre el rascacielos y mande avisos a
navegantes de que no remuevan nada y se imponga la ley del silencio como en la película de
Elia Kazan, por más que Curro Pérez no sea Marlon Brando precisamente. ¿Qué está
ocultando el Ayuntamiento que no quiere que conozcan la opinión pública y la plataforma
‘Túmbala’? ¿A quién está protegiendo el Consistorio? Con estos secretismos se demuestra que
la promesa de Zoido de luz y taquígrafos no era más que un brindis a (Caja)sol.