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SE-40 bis

La patronal de la construcción sevillana (Gaesco) y la patronal nacional del mismo sector (Seopan) han presentado con tan sólo veinticuatro horas de diferencia sus planes y propuestas de futuro para sus respectivos ámbitos de actuación, en los que se demuestra que una mira hacia un nuevo modelo y la otra sigue anclada en sus planteamientos de siempre.

Seopan es consciente que después de escándalos como los aeropuertos sin aviones;  las ocho autopistas privadas quebradas que en su día se justificaron con todos los argumentos posibles y que tras la falta de demanda habrá que rescatar con unos 3.000 millones de euros de los contribuyentes; las líneas de AVE deficitarias estructuralmente y cuestionadas desde por Ciudadanos hasta por el Tribunal de Cuentas….. ya es difícilmente sostenible el discurso reivindicativo de que se se sigan construyendo infraestructuras para el transporte por construirlas y simplemente para mantener los niveles de actividad del sector previos a la crisis. Esos tiempos, más que probablemente no volverán, y el sector tendrá que adaptarse a la nueva realidad y/o lanzarse a la conquista de nuevos mercados en el extranjero.

La patronal de las grandes constructoras se ha apoyado en un informe de la consultora A.T. Kearney para llegar a la obvia conclusión de que ya no es prioritario construir más líneas ferroviarias de alta velocidad y más carreteras, dado el avance logrado en los últimos años.

 

DÉFICIT SUPERADO

Tampoco era necesario contratar los servicios de una consultora extranjera para constatar lo mismo que el Observatorio del Transporte y de la Logística de España, que en su informe del año 2013, página 39, expresaba lo siguiente: “El primer impacto del esfuerzo realizado estos años es la creación de una extensa red de infraestructuras de transporte. Si bien no puede considerarse que esta red esté completamente concluida, pues persisten cuellos de botella localizados en algunos puntos concretos, sí puede afirmarse que el déficit del que se partía en los años 80 ha sido cerrado, disponiendo en este momento de una de las redes de transporte más completas de Europa y con una estructura bastante mallada.

(….) La mejora ha sido más destacada en los modos de carretera y ferroviario (donde más se ha invertido) y en los segmentos de mayor calidad (vías de alta capacidad y ferrocarril de alta velocidad), donde la dotación actual supera el nivel relativo de la media europea tras un crecimiento sensiblemente superior”.

Gracias a la inversión desde el año 2000 de 150.000 millones de euros (gran parte con la ayuda europea) en infraestructuras de transporte, no sólo se ha acelerado el proceso de convergencia con Europa, sino que incluso la hemos superado (sólo en la alta velocidad ferroviaria se han invertido 45.000 millones en la construcción de más de 3.000 kilómetros, hasta convertirnos en el líder europeo y segundo país del mundo en la materia).

En el año 2000, la densidad de infraestructuras de transporte era en España de 20,6 kilómetros por cada mil Km2 en carreteras de gran capacidad, frente a 15,89 kilómetros de la Unión Europea. En 2012, España pasó a 32,28 kilómetros, mientras que la UE a tan sólo 19,68. En cuanto a las líneas ferroviarias de alta velocidad, la densidad en España en el año 2000 era de 0,945 kilómetros, frente a 1,337 de la Unión Europea. Doce años después, España había superado con creces al resto de sus socios, al pasar a 5,63 kilómetros por cada mil Km2, frente a 3,39 del resto de Europa.

Impresionan los mapas comparativos de las redes de carreteras de gran capacidad y de alta velocidad ferroviaria de España en el año 2000 y en el año 2012: se ha creado una extraordinaria malla de vías de comunicación donde antes en el mapa había un inmenso vacío.

 

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

Por eso la gran patronal Seopan ya no se centra en pedir más carreteras y líneas férreas, con la excepción de 8.000 millones de euros en el próximo decenio para fomentar el tráfico ferroviario de mercancías (cuota del 7% en España, frente a casi el 30% en la UE), sino lo que denomina “infraestructuras sociales”: depuradoras de aguas, hospitales, redes de telecomunicaciones y energía, equipamientos para la Justicia, mejoras del medio ambiente, centros educativos y mantenimiento de las infraestructuras creadas a lo largo de estos años.

Mientras Seopan cambia de forma inteligente el paso desde Madrid y marca la nueva estrategia a seguir, la patronal sevillana Gaesco, con el apoyo de UGT y CCOO, insistió veinticuatro horas antes en su viejo discurso de las infraestructuras de transporte, con el argumento de que como la obra pública ha caído en un 80% en los últimos años, se han perdido unos 70.000 empleos en la construcción.

Gaesco no parece ser consciente de la improbabilidad de que vuelvan esos tiempos en que se invertía una media de 12.500 millones de euros anuales en infraestructuras y se llegaban a iniciar 762.540 viviendas en un año (2006), más que en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas, contribuyendo así a crear una enorme burbuja, cuyo estallido nos ha sumido en ocho años de la peor crisis económica de la historia reciente.

 

NO ESPERAR

Con tal de que se hagan obras, la patronal sevillana ha pedido hace unos días que se gasten al menos 30 millones de euros en duplicar los carriles de la carretera comarcal A-477 entre Huévar y Gerena para así conectar la autovía A-49 (Sevilla-Huelva) con la A-66 (autovía de la Plata) y no tener que esperar a la conclusión de la SE-40.

La propuesta se realiza paradójicamente después de que el PP anunciara que en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 habrá fondos para el tramo de la SE-40 que conecta las dos autovías, por lo que su ejecución supondría un gasto añadido de difícil justificación. Dicho de otro modo, esta propuesta equivale a hacer un tramo bis de la SE-40. ¿Y no sería mejor acelerar la SE-40 original en vez de dispersar los fondos existentes? O, en último extremo, convertir en autovía la N-435 para que así los camioneros de Huelva no tengan que dar un rodeo por Huévar y Gerena para conectar con la Ruta de la Plata -el argumento esgrimido por Gaesco- y puedan dirigirse directamente desde Huelva capital a Extremadura vertebrando toda la provincia hermana de Sur a Norte.

Gaesco, en su afán de exigir obra pública como sea, sigue reivindicando proyectos en suspenso o en cuestión, como el dragado del Guadalquivir y la ronda intermedia SE-35 (sometida a un expediente por Bruselas por cruzar por medio de un parque sufragado con fondos europeos) e insistiendo en mantras sin fundamento, como la supuesta falta de suelo en el PGOU de 2006, pese a que en el mismo se reservó terreno para construir 45.000 viviendas y con la crisis los promotores y constructores no han puesto apenas un ladrillo, amén de que el 94% de los suelos urbanizables (25,5 millones de m2) tampoco se ha desarrollado.

Pero, nada, ahí sigue, inasequible al desaliento, repitiendo los mismos tópicos una y otra vez. Al contrario que Seopan, Gaesco no se percata de que los tiempos están cambiando.

 

Tasa cero

Se les llena la boca con la palabra Sevilla y se consideran a sí mismos la esencia de la ciudad, pero a la hora de contribuir a los gastos exigen un trato de favor y que paguen los demás. El presidente del Consejo General de Cofradías insta al Ayuntamiento a que le apliquen la tasa cero ( o sea, cero impuestos) por la ocupación de la vía pública con el negocio que hacen con sus sillas en Semana Santa. Vamos, que a efectos fiscales, además de los habituales (recuerden que un solo comentario suyo forzó el levantamiento por obras de la Campana este verano, sólo para complacerlo y aunque se fastidiaran los comerciantes), quieren la misma consideración VIP que el Sevilla y el Betis, los cuales ya se autoaplican no la tasa cero, sino la menos cero directamente. Y otros que tal bailan son los de Gaesco. Han acudido a Urbanismo a exigirle una rebaja del 40% en las Ordenanzas. Dicen que conforme a la cuantía en que han bajado los pisos. Cuando ellos los ponían por las nubes, nunca se ofrecieron voluntarios a la Gerencia para pagar en línea con sus enormes plusvalías.

Más ladrillo

El anuncio del Ayuntamiento sobre la supuesta necesidad de ‘actualizar’ el PGOU, con la tesis de que impide el desarrollo al frenar la actividad económica, ha colmado sólo de momento las aspiraciones de Gaesco, cuyo aún presidente, Miguel Rus, ya ha revelado su estrategia: quiere más densidad de viviendas en el nuevo Plan y que se desarrolle el actual para construir los pisos que se pueda.

Más densidad de viviendas, ésta es una de las claves. Significa más ladrillo y más negocio, obviamente, pensando en que como los altibajos económicos son cíclicos, volverá a producirse otro ‘boom’ inmobiliario, y si para entonces se permite construir más pisos  y/o que sean aún más pequeños, los beneficios del sector se multiplicarán. Quienes alientan el cambio del PGOU no están pensando a corto plazo, sino a medio y largo.

Gaesco invoca el dato del Ministerio de Fomento de que en el primer trimestre la venta de pisos ha repuntado un 11% en Sevilla, supuesta prueba de que entre nosotros ya no existe problema de ‘stock’ y razón por la cual habría que desarrollar más suelo urbano, objetivo teóricamente incumplido con el Plan General vigente, de lo que se deduciría  la necesidad de su modificación.

CONCURSO DESIERTO

Apenas anunciada la ‘actualización’ del PGOU, en los últimos días algunas noticias cuestionan el argumentario de la patronal y del propio Consistorio. Urbanismo convocó un concurso para la construcción de 220 viviendas protegidas sobre una parcela de 7.586 m2 de la Hacienda del Rosario, con un presupuesto base de 3,8 millones de euros. Para optar a la concesión sólo era necesario depositar una fianza del 5% de dicha cantidad: 190.000 euros.

Dado que, según la patronal, ya no hay ‘stock’ de viviendas ni suelo desarrollado para construir y, por el contrario, una demanda creciente e insatisfecha, sobre todo de sevillanos desplazados al alfoz que quieren retornar, cabría esperar que las empresas se lanzaran en tromba a aprovechar esta buena oportunidad. Ha ocurrido todo lo contrario: Urbanismo ha tenido ahora que declarar desierto el concurso porque no se ha presentado ninguna oferta.

OBRAS PARADAS

Segunda noticia en paralelo: el Ayuntamiento ha detectado 109 obras de edificios en construcción paralizados en la ciudad, por lo que ha enviado a sus promotores un requerimiento para que en el plazo de diez días acrediten las medidas de seguridad adoptadas. Es una decisión más que acertada y oportuna, ya que en la memoria colectiva se mantiene el recuerdo de la tragedia por el derrumbamiento del muro perimetral del antiguo solar del Bazar España.

Si existiera esa demanda de pisos que supuestamente frena el actual PGOU, sería inimaginable que existieran 109 edificios en construcción paralizados por los promotores. Algo, pues, no cuadra aquí. Y no cuadra el argumentario de la patronal y del Ayuntamiento porque en Sevilla tenemos actualmente suelo desarrollado de sobra para construir tanto miles de viviendas de renta libre como de protección.

Sin embargo, los promotores no promueven, pese a la existencia de esas amplias bolsas de suelo (el reciente caso de la Hacienda del Rosario es la prueba evidente), pero  siguen con su campaña, secundada por Zoido, de que el PGOU impide el crecimiento económico de la ciudad y su propia actividad sectorial.

STOCK Y SUELO

Si ha habido un repunte de las ventas de viviendas en el primer trimestre habrá contribuido a rebajar ese ‘stock’ cuya existencia también niega la patronal pero que han reflejado el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (48.178 pisos vacíos en Sevilla capital, de los que 18.394 serían invendidos, y 126.900 en el conjunto de la provincia) y el Pulsímetro inmobiliario del Colegio de Aparejadores, según el cual en 2012 había en Sevilla 17.014 pisos nuevos terminados y sin vender.

En los cinco meses de 2013 transcurridos, es prácticamente imposible que se haya absorbido esa ingente cifra, porque en tal caso habría sido noticia económica nacional y hasta internacional. Fomento estima 1.219 transacciones en nuestra ciudad, sin discriminar entre pisos nuevos y de segunda mano, pero aunque todos fueran del primer tipo, tomando como referencia el Pulsímetro de los Aparejadores aún quedarían 15.795 viviendas nuevas en ‘stock’. Si se mantuviera ese ritmo de ventas y todas fueran de pisos nuevos, aún se tardarían casi cuatro años en poner el contador a cero.

LA ALAMEDA

No caigamos, pues, en falsos espejismos, porque una golondrina no hace verano. En Sevilla tenemos aún un amplio parque por colocar en el mercado y suelo desarrollado de sobra para seguir construyendo en paralelo,  a fin de satisfacer un hipotético repunte sostenido de la demanda, por lo que si promotores y constructores no edifican no es precisamente porque se lo impida el Plan General vigente, sino porque no les interesa a los actuales precios de mercado, no quieren arriesgarse o no encuentran financiación bancaria en estos momentos de sequía crediticia.

Por otra parte, las modificaciones del PGOU para permitir la ejecución de los proyectos promovidos por Zoido, están empezando a levantar ampollas. El alcalde ha incurrido en un enorme patinazo al asegurar que el parking en la Alameda figuraba en su programa electoral, un aserto ajeno a la realidad, y el presidente del Colegio de Aparejadores y el secretario provincial de UGT han mostrado su abierta oposición a ese estacionamiento rotatorio y subterráneo en el bulevar, máxime tras unas obras de remodelación que duraron años y que fueron financiadas con fondos europeos. ¿Podría repetirse aquí la historia de la biblioteca en el Prado?

Mal pagao

El valido de Alfredo Sánchez Monteseirín y cuádruple imputado por la juez Alaya en los escándalos que investiga,  Manuel Marchena, ha reaparecido con su natural desfachatez en una mesa redonda organizada por Gaesco para decir que en su época de gerente de Urbanismo convivió con la tensión y el conflicto (¿y quién no lo hace en su trabajo habitual, sea el que sea?), razón por la que se les paga “medianamente bien o bien” a quienes ocupan ese cargo. O sea, que no le han parecido  suficientes los 168.392 euros que llegó a cobrar anualmente como hombre de confianza de Monteseirín en los puestos para los que fue nombrado a dedo, sin contar con la retribución en especie en forma de opíparas comidas en los reservados de los restaurantes y a cuenta, habitualmente, de los señores del ladrillo y de todos los que, queriendo hacer negocio en Sevilla, sabían que antes debían congraciarse y rendirle pleitesía al dueño del lápiz del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que en sus manos estaba desde tramitar las recalificaciones hasta otorgar las licencias de obras.

 

¿Gobierna Zoido?

Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.

Unidimensional

Miguel Rus, el hombre que sabía demasiado sobre el desalojo de los chabolistas de Los
Bermejales, ha demostrado en horas 24 que, aunque no lea a Marcuse, es un presidente
unidimensional de la CES. Vamos, que aún piensa como  ladrillero de Gaesco y urbanita de
Híspalis, en vez de como para lo que, se supone, fue elegido: representante de todos los
empresarios de Sevilla, incluida la provincia y su agro. Sólo así se entiende (y se le entiende
todo) su olímpico desprecio a los  arroceros, a su aportación al PIB sevillano y a los miles de
empleos que sustentan  (incluida la parte industrial de Ebro Foods, primera multinacional
arrocera del mundo, nacida aquí), sólo porque cuestionan el dragado (¡uy, perdón! que en el
lenguaje políticamente correcto de Rus debe llamarse ahora “garantía de la navegabilidad del río
para barcos de gran calado”) del Guadalquivir. No sólo no ha leído a Marcuse, sino tampoco el
dictamen de los expertos sobre el estado terminal del río, que precisa de una visión integral y no
de la unidimensional del ladrillero presidente de la CES.

El modelo de ciudad

El  presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha aprovechado la polémica sobre la recalificación de Ikea para exigir que se cambie el PGOU. A su juicio, el Plan General “ha provocado una paralización en el sector parecida a la de Marbella”, pese a que “hay demanda” y a que Sevilla “no tiene problema de stock de viviendas”.

Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.

La patronal intenta hacer creer que el Plan coarta el desarrollo de Sevilla con otros argumentos similares, como que sólo ha sido ejecutado en un 2%: “Si en cinco años –afirma Rus- no se hizo ningún bordillo es que algo no funciona”. ¿Puede decirse con seriedad que un Plan que ha reservado suelo para 55.000 viviendas y del que aún quedan por desarrollar 13 millones de m2 de terreno industrial está frenando la construcción? ¿Quién si no los promotores y constructores deben desarrollar ese 98% pendiente?

El problema no es el PGOU, sino que los constructores todavía no se creen que la dorada –para ellos- época de la burbuja inmobiliaria ha terminado. Rus queda en evidencia cuando dice que Sevilla no tiene problemas de ‘stock’  justo cuatro días antes de que el Ministerio de Fomento difundiera que hay 18.803 viviendas nuevas sin vender. No digamos las usadas, de las que la banca tiene para dar y repartir como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

Las  catorce inmobiliarias más grandes del país sólo han vendido en el primer semestre 900 pisos. ¿Dónde está la demanda de que habla Rus en una nación que anualmente construía más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas –ahora sobran dos millones de pisos-, con cinco millones de parados, sin desgravación fiscal por compra de vivienda que siga inflando la burbuja, sin ayudas a la VPO por la falta de fondos de las Administraciones y sin financiación hipotecaria por la delicada situación de la Banca?

En los cinco años del PGOU, los promotores sólo desarrollarán –y porque el Ayuntamiento les adelanta 14 millones de euros- dos bolsas de suelo: Hacienda del Rosario (Gabriel Rojas) y Palmas Altas Sur (Metrovacesa). Pero esta última empresa  ha comunicado a la CNMV que suspende el desarrollo de nuevos proyectos residenciales ante el deterioro del mercado inmobiliario: en el primer trimestre sólo logró ‘prevender’ trece pisos. ¿También esto es culpa del PGOU y de su supuesta inflexibilidad? Y todavía Rus aboga  por construir en Tablada. Si se hubieran hecho pisos en la dehesa, ¿cuántos estarían hoy vacíos y qué ruina no habrían causado a los compradores a crédito y a la banca financiadora.

El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren  recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?

Ikea exige 41.400 m2 más de edificabilidad para un parque comercial en torno a su segunda tienda frente al aeropuerto. Con su ‘efecto llamada’, pese a que lo niegue Zoido, ha abierto la veda y ahora se acumulan las exigencias de recalificaciones a la carta. Isla Mágica pide que sus 45.000 m2 en la Cartuja, con 1.700 m2 de uso comercial,  se le recalifiquen para poder construir sin limitación más áreas comerciales y lúdicas. El Sevilla F.C., beneficiario ya de dos recalificaciones (el Nervión Plaza es fruto de la primera), plantea una tercera para colmatar aún más una zona ya saturada de comercios. El Betis, al que se le regaló una zona verde de Heliópolis para comercios y hoteles, también quiere más en línea con el Sevilla, aunque sea a costa de embutir en ladrillo el Benito Villamarín. Primark plantea otra operación comercial en la Gavidia. Altadis, que cerró la fábrica de tabacos más antigua del mundo, pretende que le cambien la calificación industrial …..

¿Es la salida a la crisis multiplicar los centros comerciales en una ciudad que ya tiene 25 grandes superficies y regalar edificabilidad a tutiplén? ¿Hay que cambiar el PGOU continuamente para acoger sólo y exclusivamente proyectos comerciales cuando según el Instituto de Estadística de Andalucía las ventas en las grandes superficies han caído un 6,3% en mayo?

Volvamos al ejemplo de Ikea: la recalificación de 41.400 m2 que pretende en San Nicolás sería a costa de detraer esa edificabilidad de la prevista para la implantación de empresas de servicios avanzados. Si se van colmatando los espacios y ocupándolos con lo primero que venga -como ocurrió en la Cartuja por el ‘horror vacui’, y ahora falta espacio para la Tecnópolis-  nos quedaremos sin suelo de calidad que ofrecer a otros inversores que no sean meramente del comercio, porque sólo con una economía diversificada y no con un monocultivo (ladrillos y centros comerciales no han impedido que tengamos más de 70.000 parados) se resiste mejor la crisis.

Para eso se redacta un PGOU: para planificar el futuro. Si el Plan se cambia continuamente por los intereses de unos y de otros, significa que Sevilla carece de modelo económico y de modelo de ciudad.

 

 

 

La otra agenda oculta de Monteseirín

La historia de cómo nació y se desarrolló el Parque Alcosa que cuenta en su web el IES Pablo Picasso (www.iesppicasso.org) es un ejemplo de historias similares de decenas de barriadas. Narra esta web que en los años 60, ante la escasez de vivienda en Sevilla, un constructor valenciano se comprometió a construir VPO si le cedían suelo barato.

Los comienzos fueron muy difíciles, por la falta de agua potable, que se distribuía con camiones-cisterna. Las aguas residuales corrían por tuberías paralelas a las del agua potable y morían en un principio en pozos negros. El alumbrado público dejaba esquinas de los primeros bloques sin iluminar, lo que favorecía el gamberrismo.

Como estos terrenos quedaban muy alejados del casco urbano y no entraban en los planes del Ayuntamiento a corto plazo, el barrio demandaba servicios que no tenía: acometida de agua potable y alcantarillado, mercado, colegios, consultorio…

Dice la página del instituto que actualmente las avenidas principales están recepcionadas por Urbanismo, pero no el interior de las plazas, por lo que son los propios vecinos los que, constituyendo intercomunidades, cuidan jardines, acerados y parterres, y que una de las reivindicaciones más antiguas de las asociaciones es la recepción de las zonas urbanizadas y la urbanización de las zonas pendientes, ya que los vecinos pagan sus impuestos municipales “y el Ayuntamiento contesta que con los medios económicos actuales la recepción total del barrio se hará en sucesivas etapas”.

En tiempos de Rafael Carmona como delegado de Urbanismo –hasta 2003- se calculó que el Ayuntamiento aún tenía un centenar de barrios por recepcionar oficialmente. Y en febrero de 1995, el portavoz del grupo socialista, José Vallés, decía que actuar en barrios sin estar recepcionados “es una falta de ética en la que el PSOE no hubiera incurrido nunca”.

LA TASA FUSTEGUERAS

Cincuenta años después de aquella colonización de suelos para erigir Alcosa y otros barrios sin apenas equipamientos, los tiempos del urbanismo son otros. Ahora, en los Planes Generales adquiere una importancia fundamental la determinación de la red de sistemas generales, para asegurar la coherencia y racionalidad en el desarrollo urbano: red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal; infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso, suministro de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, telecomunicaciones…

El suelo destinado a estas dotaciones públicas de carácter general lo obtiene el Ayuntamiento de forma gratuita con cargo a los propietarios del suelo, pero además de esta contribución forzosa, el redactor del último PGOU de Sevilla (2006), el arquitecto Manuel González Fustegueras, supo comprometer  a los promotores y constructores para que se implicaran en la financiación de las futuras infraestructuras generales de la ciudad, que habrían de permitir su expansión y el nacimiento ordenado de los nuevos barrios. A tal efecto, aquéllos firmaron 52 convenios urbanísticos por los que entregaron al Ayuntamiento unos 230 millones de euros.

DESVÍO DEL DINERO

En tiempos de vacas flacas como los actuales, esta reserva de dinero realizada en los tiempos de vacas gordas habría permitido activar la construcción de VPO (la ley exige un cupo mínimo en cualquier nueva promoción de viviendas) a precios asequibles para las decenas de miles de sevillanos demandantes de pisos, y mantener la actividad en el sector de la construcción.

Sin embargo, al igual que hizo con el informe sobre la inviabilidad técnica de las setas de la Encarnación, Monteseirín ha ocultado durante estos años que la denominada ‘hucha del PGOU’ se la estaba gastando no en los sistemas generales para la Sevilla del futuro, sino en su urbanismo de escaparate en, sobre todo, el Centro, justamente la zona con menos problemas de equipamiento de Sevilla: 65 millones de euros en el Parasol, 5 millones en la Alameda, 6 en la Plaza de España, 18 en los carriles-bici….y 41 millones en el primer tramo de la SE-35, 17,7 millones en el bulevar de Bellavista, 19,7 millones en el Plan de Barrios…

El Monteseirín que irrumpió en la política local firmando contratos-programa con las asociaciones de vecinos por el déficit de equipamientos de los barrios debido justamente a que las inversiones se concentraban históricamente aquende la Ronda del Tamarguillo, ha cambiado de discurso al verse descubierto. Ahora proclama que el dinero de los convenios urbanísticos debe servir para equipar “la ciudad construida” y no para hacer “viales o calles que van de ningún sitio a ninguna parte”.

CIUDAD HIPOTECADA

Los promotores, agrupados en Gaesco, han calificado el desvío del dinero de ‘la hucha del PGOU’ como “una estafa en toda regla” e, indignados, estudian cómo llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Ahora, después de cuatro años con un PGOU nuevo, no hay sistemas generales ni dinero para ejecutarlos, por lo que, conforme a la nueva ley, ni siquiera se podrían otorgar licencias para viviendas si previamente no se han construido las infraestructuras.

Monteseirín no sólo ha hipotecado el presente de la ciudad (con él la deuda del Ayuntamiento asciende ya a 522 millones de euros), sino también el futuro. Los vecinos de Alcosa ya saben la respuesta a su pregunta de por qué el Ayuntamiento dice que no hay dinero para la recepción total de la barriada: porque el alcalde se lo gastó en las setas de la Encarnación y en “la ciudad construida”, no en la del futuro ni en la pendiente de rematar.