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La Junta se endeudará a través de Agesa

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La Junta usará a Agesa para burlar el veto de

Madrid a nuevos endeudamientos

Cambiará su objeto social, limitado hasta ahora a la

gestión de activos de la Expo-92

Agesa financiará a la Junta mediante créditos bancarios, con

los que le comprará y alquilará sus propios inmuebles y solares

Transferida a la Junta en pago por la ‘deuda histórica’,

Agesa está libre de cargas y tiene 52 millones en caja

La Consejería de Economía y Hacienda convocará una junta general de accionistas de Agesa, la empresa pública que le fue traspasada por el Gobierno en pago por la ‘deuda histórica’, para cambiar sus estatutos y convertirla, junto con Sogefinpa, en el brazo ejecutor de la operación político-económica en virtud de la cual la Junta burlará la prohibición del Gobierno de la nación a que recurra a nuevos endeudamientos. L

os créditos no los pedirá la Junta, sino Agesa, que reinyectará el dinero al Gobierno autonómico comprándole sus activos inmobiliarios y alquilándoselos luego en condiciones especiales pagaderas cómodamente a lo largo de hasta 35 años.

De la ‘deuda histórica’ a la deuda de la Junta. Es el sino de Agesa, la empresa pública heredera y gestora de los activos de la Expo-92: verse marcada en los últimos tiempos por el endeudamiento de las Administraciones Públicas. El Gobierno de la nación no tuvo más ocurrencia que recurrir a esta sociedad, totalmente saneada y dedicada a hacer caja en la isla de la Cartuja con los pabellones y solares dejados por la Expo, para pagar con ella buena parte de la ‘deuda histórica’ con Andalucía mediante su traspaso a la Consejería de Economía y Hacienda, cuya titular, Carmen Martínez Aguayo, es la mano derecha del presidente José Antonio Griñán.

Agesa, que fue valorada por el Gobierno andaluz en 456,64 millones de euros, venía a la Junta libre de cargas tras haber saldado el crédito multidivisas con que afrontó los ‘agujeros’ dejados por la Muestra Universal, con un patrimonio inmobiliario en plena explotación en la cada vez más revalorizada isla de la Cartuja de Sevilla (sede de la Tecnópolis de Cartuja-93) y con 52,5 millones de euros en dinero contante y sonante, fruto de la operación ‘Puerto Triana’. Por ende, sus activos en alquiler tienen una ocupación del 89%, lo que le asegura unas rentas fijas y beneficios a final de año. Por todo ello, la sociedad es una bicoca en estos tiempos de crisis, endeudamiento y restricciones crediticias.

Con esta situación saneada y con una caja llena de dinero, Agesa no debería tener problemas para obtener créditos de la banca, justo cuando el sector financiero se caracteriza por cerrar el grifo y atender sólo a los clientes con solvencia acreditada.

DISEÑO DE LA OPERACIÓN

Martínez Aguayo lo vio claro desde el principio, de ahí que el reciente anuncio que realizó durante el acto de presentación de los Presupuestos de que la Junta recurriría a ingeniería financiera para incrementar sus recursos económicos pese al veto del Gobierno a nuevos endeudamientos no es una operación fraguada de la noche a la mañana, sino que ya fue diseñada en pleno verano y preparada en la Disposición Adicional Segunda del Decreto Ley de 27 de julio, por el que se aprobaron las medidas urgentes en materia de reordenación del sector público (Boja Nº 147, de 28 de julio).

En ese Decreto ya se faculta a la Sociedad Estatal de Gestión de Activos Agesa (denominada ahora Empresa Pública de Gestión de Activos tras su traspaso a la Junta) y a Sogefinpa (creada previamente con el nombre de Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial) para la enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010. Asimismo, se autoriza a ambas sociedades al endeudamiento necesario para la adquisición de aquéllos, atendiendo al valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la operación suponga.

Item más, se autoriza a Agesa y a Sogefinpa a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración por parte de la Consejería de Hacienda para su utilización por los departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de los inmuebles adquiridos por este procedimiento.

Carmen Martínez Aguayo se ha encontrado con un obstáculo administrativo imprevisto que deberá resolver previamente: el objeto social de Agesa es únicamente la gestión de los activos heredados de la Expo-92. Por tanto, ha de cambiar los estatutos para eliminar esa limitación mediante la convocatoria de una junta general de accionistas. Dado que la Consejería de Hacienda y el equipo directivo de la misma tiene el control de la sociedad pública al 100%, ello no entraña ninguna dificultad.

PRESTAMISTA INTERPUESTO

Durante el acto de presentación de los Presupuestos para 2011, la consejera de Hacienda anunció que espera ingresar hasta 951,7 millones de euros mediante la venta de entre 80 y 90 edificios administrativos de la Junta y que en conjunto disponen de casi 400 millones de m2. Según Carmen Martínez Aguayo, estos edificios “podrían ser del interés de los inversores”, aunque no aclaró cómo podrían interesarles con los funcionarios dentro.

Los inversores no serán más que Agesa y Sogefinpa, los cuales se endeudarán en los mercados para comprarlos y alquilarlos a la Junta durante al menos 35 años, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Decreto de Reordenación del Sector Público andaluz. Dicho de otro modo, la Junta se prestará el dinero a sí misma a través de estas dos empresas públicas, pero la deuda no computará en su balance, sino en el de Agesa y Sogefinpa.

El papel de Agesa será esencial, no sólo por la posición de fortaleza que le da su patrimonio, la liquidez que tiene en caja y su cartera de clientes y grado de ocupación de sus inmuebles en renta, sino también porque es la que tiene la experiencia de la gestión del patrimonio inmobiliario, tras haberse dedicado con éxito a esta tarea durante casi 18 años desde su fundación para administrar el legado de la Expo-92.

NUEVO OBJETO SOCIAL:

CARGAR CON LA DEUDA DE LA JUNTA

El PSOE (A), para justificar el pago por parte del Gobierno de Zapatero de la ‘deuda histórica’ con la sociedad estatal Agesa y solares, hizo hasta una campaña de propaganda en la que destacaba los supuestos elevados dividendos que Agesa aportaría a las arcas de la comunidad autónoma , que llegó a cifrar en unos 9 millones de euros anuales.

Sin embargo, los buenos resultados económicos de los últimos años se han debido fundamentalmente a ingresos de carácter extraordinario. Así, los 6.706.000 euros de beneficio de 2008 se han convertido en 4.186.000 en 2009 con la actividad ordinaria (alquiler de inmuebles y venta de servicios) de la empresa.

El nuevo Consejo de Administración tiene una composición similar al de Sogefinpa, integrado por la plana mayor de la Consejería, con Martínez Aguayo al frente. La consejera ha nombrado como director-gerente a Adolfo García Fernández en detrimento de Alicia Ruiz Badanelli, auténtica memoria viva de la Expo y persona de confianza a lo largo de 18 años de los cinco presidentes que, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, ha tenido anteriormente la sociedad. Badanelli dimitió recientemente de su cargo y pidió el reingreso en la Cámara de Cuentas.

En este periodo de tiempo, Agesa ha liquidado el crédito multidivisas con el que se afrontó el pasivo de la Muestra Universal, resuelto infinidad de pleitos jurídicos heredados del 92 y rentabilizado los activos del Estado en la isla de la Cartuja, hasta el punto de que al cierre de 2009 había logrado un 89% de ocupación de los 78.000 m2 que ofrece en alquiler. La empresa tiene un patrimonio de 153.726 m2 de edificaciones y de 71.916 m2 en parcelas.

Devoluciones de los ayuntamientos a Hacienda

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Los ayuntamientos sevillanos deben devolver

al Estado más de 24 millones de euros

La liquidación de las cuentas agrava la ya precaria situación de pueblos que hasta han suspendido sus ferias

Sólo Burguillos, Castilblanco y Villaverde del Río tienen un saldo favorable en sus balances con Hacienda

Sevilla capital, Alcalá deGuadaíra y Mairena del Aljarafe encabezan la lista de municipios con más pagos pendientes

El conjunto de los 105 municipios de la provincia de Sevilla deberá devolver al Ministerio de Economía y Hacienda 24,6 millones de euros tras el cierre de la liquidación de las cuentas de 2008, otra detracción de recursos que contribuirá a agravar la situación de las arcas municipales, ya sumamente castigadas por efecto de la crisis y del hundimiento del sector inmobiliario, principal fuente hasta ahora de los ingresos.

El Gobierno pecó de excesivo optimismo en su previsión de ingresos fiscales para el año 2008, cuando ya la crisis había hecho acto de presencia en el panorama nacional, y esa sobreponderación se ha puesto de manifiesto ahora, cuando ha llegado el momento de liquidar las cuentas y hacer balance.

El resultado es que sólo tres ayuntamientos de la provincia de Sevilla tienen un balance positivo en sus relaciones con la Hacienda estatal: Burguillos, Castilblanco y Villaverde del Río. Los 102 restantes tendrán que devolver parte del dinero recibido a cuenta, hecho que contribuirá a agravar la situación y que marcará también la elaboración de los presupuestos para el año 2011.

Los ayuntamientos de los municipios más poblados, con la relativa excepción de Dos Hermanas, son los que mantienen una mayor posición deudora con el Gobierno de la nación, empezando por Sevilla capital, con 2,6 millones de euros, seguida de Alcalá de Guadaíra (1,3 millones) y Mairena del Aljarafe (0,9 millones). El municipio nazareno, segundo más poblado de la provincia, tiene un saldo negativo de 211.175 euros, inferior a otros de bastante menor peso demográfico, como son los casos de Alcalá del Río, Aznalcóllar, Las Cabezas de San Juan, Fuentes de Andalucía y Tocina, por citar tan sólo algunos ejemplos.

Dos Hermanas y Sevilla capital son los dos únicos ayuntamientos sevillanos adscritos al régimen de cesión de tributos, mientras que el resto participa del sistema general de financiación. Sevilla, por ser la capital de la provincia y de la comunidad autónoma, y Dos Hermanas, por tener una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, se benefician de la cesión de unos porcentajes aplicables a la parte de los impuestos no cedida ya a las comunidades autónomas, tales como cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recaudación líquida por el IVA imputable a cada municipio y la misma figura por los impuestos especiales sobre la cerveza, bebidas alcohólicas, hidrocarburos y labores de tabaco.

Alcalá de Guadaíra, por su parte, es uno de los cincuenta y cinco ayuntamientos españoles que tendrán que devolver este año al Estado más de un millón de euros, dándose el caso de que en esta lista hay cuarenta cuya población es inferior a los 75.000 habitantes y no son capitales de provincia.

Un número significativo de ayuntamientos de la provincia se han visto obligados incluso a suspender las fiestas locales y a adoptar medidas traumáticas en las empresas municipales por la caída de sus ingresos en los últimos ejercicios.

El caso más reciente es el de Castilleja de Guzmán, cuyo consistorio ha convocado una comisión vecinal ante la imposibilidad de que la corporación local asuma la financiación y preparación de la próxima Cabalgata de Reyes Magos. El Ayuntamiento ha de devolver 42.180 euros a Hacienda y, además, afrontar el pago de 555.887 euros a la constructora Aroa por deudas acumuladas en diversos ejercicios.

El hundimiento del sector inmobiliario ha dejado a un tercio de los 8.000 municipios españoles con números rojos en sus cuentas, ya que en conjunto han dejado de percibir cerca de 20.000 millones de euros anuales provenientes del ladrillo.

DINERO A DEVOLVER AL ESTADO

(liquidaciones de 2008)

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Aguadulce – 21.652,62

Alanís – 39.414,57

Albaida – 70.324,98

Alcalá Guadaíra – 1.314.026,39

Alcalá del Río – 274.765,19

Alcolea del Río – 111.216,00

Algaba, La – 254.659,41

Algámitas – 17.911,61

Almadén de la Plata – 22.829,21

Almensilla – 90.761,42

Arahal – 382.723,05

Aznalcázar – 97.078,09

Aznalcóllar – 228.061,40

Badolatosa – 50.041,86

Benacazón – 163.462,10

Bollullos Mitación – 107.904,95

Bormujos – 377.743,74

Brenes – 238.233,18

Burguillos 29.520,28 –

Cabezas, Las – 408.623,74

Camas – 787.528,13

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Campana, La – 103.721,32

Cañada Rosal – 61.513,93

Cantillana – 215.887,10

Carmona – 700.324,73

Carrión Céspedes – 46.112,72

Casariche – 123.150,75

Castilblanco 9.371,52 –

Castilleja Guzmán – 42.180,18

Castilleja Cuesta – 443.113,14

Castilleja del Campo – 15.541,78

Castillo de las Guardas – 21.081,44

Cazalla de la Sierra – 141.109,33

Constantina – 141.454,64

Coria del Río – 485.237,99

Coripe – 22.879,49

Coronil, El – 107.670,80

Corrales, Los – 57.126,95

Cuervo, El – 186.963,15

Dos Hermanas – 211.175,28

Ecija – 851.644,05

Espartinas – 168.518,71

Estepa – 253.450,31

Fuentes de Andalucía – 250.728,21

Garrobo, El – 14.964,93

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Gelves – 177.914,77

Gerena – 130.398,09

Gilena – 62.036,97

Gines – 287.569,13

Guadalcanal – 54.986,70

Guillena – 173.428,64

Herrera – 166.783,19

Huévar – 57.991,65

Isla Mayor – 113.689,62

Lantejuela, La – 67.445,28

Lebrija – 706.363,49

Lora de Estepa – 9.378,89

Lora del Río – 639.412,48

Luisiana, La – 81.269,86

Madroño, El – 8.520,71

Mairena del Alcor – 367.880,02

Mairena del Aljarafe – 932.047,74

Marchena – 417.844,60

Marinaleda – 32.749,50

Martín de la Jara – 43.285,02

Molares, Los – 47.180,82

Montellano – 201.849,55

Morón de la Frontera – 575.377,69

Municipio Liquidación positiva (+) Liquidación negativa (-)

(a devolver al Estado)

Navas, Las – 39.915,07

Olivares – 197.927,74

Osuna – 375.269,27

Palacios, Los – 713.100,22

Palomares – 54.180,96

Paradas – 150.084,59

Pedrera – 129.878,37

Pedroso, El – 34.818,26

Peñaflor – 68.379,63

Pilas – 191.504,76

Pruna – 49.004,70

Puebla de Cazalla, La – 200.268,82

Puebla de los Infantes, La – 58.009,55

Puebla del Río, La – 344.596,57

Real de la Jara, El – 25.389,10

Rinconada, La – 466.253,68

Roda de Andalucía, La – 73.470,26

Ronquillo, El – 22.191,10

Rubio, El – 50.804,48

Salteras – 102.467,88

San Juan deAznalfarache – 475.695,95

Sanlúcar la Mayor – 282.097,41

San Nicolás del Puerto – 8.415,21

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Santiponce – 166.508,93

Saucejo, El – 73.250,58

Sevilla – 2.684.818,01

Tocina – 222.705,47

Tomares – 611.110,14

Umbrete – 103.474,80

Utrera – 589.426,96

Valencina – 164.890,14

Villamanrique – 105.975,92

Villanueva del Ariscal – 145.327,93

Villanueva del Río y Minas – 177.888,74

Villanueva de San Juan – 19.633,23

Villaverde del Río 6.783,10 –

Viso del Alcor, El – 416.671,21

SUBTOTAL + 45.674,90 – 24.675.322,62

_____________________________________________________________________

BALANCE (- 24.629.647,72)

Fuente.- Ministerio de Hacienda

El alcalde, sin margen para más ingresos

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Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años

Ha anunciado la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3 millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo, se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

Dimite la directora general de Agesa

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La directora general de Agesa se va

tras el desembarco de la Junta en

la firma heredera de la Expo

Pilotó durante 18 años toda la transición post-92 junto a cinco presidentes de distinto color político

Alicia Ruiz Badanelli, directora general de Agesa, la sociedad creada por el Estado para la gestión de los activos de la Exposición Universal de Sevilla, ha dimitido de su cargo y ha pedido el reingreso en la Cámara de Cuentas, a cuyo cuerpo de auditores pertenece.

El Consejo de Administración de la empresa conoció ayer oficialmente esta renuncia voluntaria. A nadie se le escapa en la isla de la Cartuja la circunstancia de que la marcha de Ruiz Badanelli se produce tras el desembarco en la sociedad pública de la Junta de Andalucía, a la que Agesa fue transferida antes del verano por el Gobierno de la nación como parte del pago de la denominada ‘deuda histórica’.

Tras pasar a manos del Gobierno andaluz, ha cambiado su denominación por la de Empresa Pública de Gestión de Activos, adscrita a la Consejería de Hacienda. La nueva titular de Agesa es la propia consejera, Carmen Martínez Aguayo, lo que implica la marcha efectiva a Madrid de su antecesora, Carmen Rodríguez Ares, desde este mes de octubre. Se deshace así, pues, el último equipo directivo que ha tenido la compañía bajo la dependencia del Gobierno central.

Después del acuerdo de liquidación definitiva de la ‘deuda histórica’ mediante el pago con solares y el traspaso de Agesa, el objetivo de Martínez Aguayo consiste en facilitar la futura fusión de la heredera de la Expo con otra empresa patrimonial de la Junta, Sogefinpa, y que no arroje pérdidas, ya que fue presentada por los socialistas ante la opinión pública como la ‘joya de la corona’ para tratar de justificar su aceptación en pago de la deuda por Zapatero.

En su momento, el PSOE (A) hizo hasta una campaña de propaganda en la que destacaba los supuestos elevados dividendos que Agesa aportaría a las arcas de la comunidad, que llegó a cifrar en unos 9 millones de euros anuales. Sin embargo, los buenos resultados económicos de los últimos años se han debido fundamentalmente a ingresos de carácter extraordinario. Así, los 6.706.000 euros de beneficio de 2008 se han convertido en 4.186.000 en 2009 con la actividad ordinaria (alquiler de inmuebles y venta de servicios) de la empresa.

El nuevo Consejo de Administración tiene una composición similar al de Sogefinpa, integrado por la plana mayor de la Consejería, con Martínez Aguayo al frente. La consejera había nombrado como director-gerente a Adolfo García Fernández en detrimento de Ruiz Badanelli, auténtica memoria viva de la Expo y persona de confianza a lo largo de 18 años de los cinco presidentes que, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, ha tenido anteriormente la sociedad.

Alicia Ruiz Badanelli es, además de auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía, vicedecana del Colegio de Economistas de Sevilla, y ha sido miembro del Consejo de Administración de Cartuja-93 y la sociedad Estadio Olímpico, así como profesora asociada de la Universidad Hispalense.

Deudas de los ayuntamientos de Sevilla

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Ocho consistorios no podrán

pedir más créditos por su elevada deuda

Almensilla es el municipio español con mayor endeudamiento

en relación con sus ingresos

Un informe del interventor desvelado por el PP demostraría que

Sevilla capital supera en quince puntos el límite del 75%

Ocho ayuntamientos sevillanos tienen una deuda que supera el 75% de sus ingresos, el último requisito exigido por el Ministerio de Economía y Hacienda para que puedan solicitar nuevos créditos a partir del año 2011, por lo que deberán abstenerse de pedir más financiación a la banca. Destaca entre todos ellos el de Almensilla, cuyo 801,24% de deuda en relación con sus ingresos al 31 de diciembre de 2009 lo convierten en el primero del ranking nacional.

De los 105 ayuntamientos de la provincia de Sevilla tan sólo ocho tienen una deuda superior en un 75% sobre sus ingresos al finalizar el año 2009, último ejercicio concluido, por lo que el Ministerio de Economía y Hacienda les prohibirá recurrir a nuevas operaciones crediticias. Las ocho corporaciones en esta situación son las de Almensilla, Alcalá de Guadaíra, Brenes, Lebrija, Aznalcóllar, Ecija, El Coronil y Marchena, según la estadística del colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

El límite para nuevos endeudamientos anunciado por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, es tan laxo a juicio de Gestha que únicamente el 4% de los 7.595 ayuntamientos del país, exceptuando los del régimen foral del País Vasco y Navarra, incumple la prohibición. En total son 310 municipios los que superan la línea roja del 75% de deuda en relación con sus ingresos.

La provincia de Sevilla, con sus ocho ayuntamientos que superan el límite, casi duplica la media nacional, ya que suponen el 7,61% del total de los 105 municipios de la provincia.

Sobresale el caso del ayuntamiento de Almensilla, cuyo 801,24% de proporción de endeudamiento en relación con sus ingresos no tiene parangón en ninguna otra corporación local. El segundo municipio con más endeudamiento es otro andaluz, el almeriense de Alhabia, con un 301,31%, seguido de tres aragoneses: Puértolas (277,60%), Isuerre (219,95%) y La Almunia de doña Godina (209,93%).

El alcalde de la localidad sevillana, Carlos Ufano, no se cansa de repetir a quien quiera escucharle que el endeudamiento con que aparece Almensilla en las estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda fue una situación transitoria, felizmente ya superada, a causa de un crédito solicitado al margen del presupuesto ordinario para financiar una promoción de 225 viviendas de protección oficial y en el que posteriormente se subrogaron los compradores de los pisos. El Ayuntamiento de Almensilla confía en que se corrijan los datos al fin del ejercicio de 2010 para quitarse el sambenito de pueblo más endeudado de España y, en todo caso, no tiene en el horizonte ninguna otra promoción de VPO que le exigiera recurrir a nuevos préstamos, por lo que si el Ministerio lo incluyera en la lista de los vetados conforme a los datos de 2009 tampoco le afectaría, puesto que actualmente el funcionamiento ordinario de la corporación municipal no está en peligro.

Para Gestha, el nuevo criterio de Economía de restringir el endeudamiento de las corporaciones locales con un endeudamiento superior al 75% es «engañoso», dado que no se consideran las deudas que puedan tener las sociedades públicas o privadas constituidas por los consistorios. Además, este colectivo señala que los criterios para la aplicación de esta medida pueden basarse en una «pura trampa», ya que permite un mayor endeudamiento a los ayuntamientos que hayan empleado «ingeniería financiera para maquillar» su deuda y cumplan con los nuevos requisitos.

Según los criterios del Ministerio de Economía y Hacienda, el ayuntamiento de Sevilla no supera el límite del 75% y podría pedir nuevos créditos, pese a que tal como bien apuntan los técnicos la estadística deja fuera el elevado endeudamiento de empresas municipales como Tussam (en torno a los 130 millones de euros) y Lipasam (sometida a un plan de saneamiento). En este sentido, el PP ha divulgado un documento interno del interventor municipal según el cual el porcentaje de deuda de Sevilla (89,83) superaría en casi quince puntos el tope fijado por la vicepresidenta Salgado.

Gestha atribuye la «crítica» situación por que atraviesan las cuentas de los consistorios a la caída de la recaudación derivada de la crisis financiera actual y a la recesión económica que «ha hecho mella» en una de sus principales fuentes de ingresos como era el sector constructor e inmobiliario.

Por ello, los técnicos de Hacienda instan al Ejecutivo a mejorar la vía de los ingresos mediante una lucha «más eficaz» contra la economía sumergida, una de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea, que actualmente supone que 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, escapen al control del fisco.

AYUNTAMIENTOS DE SEVILLA CON DEUDA

SUPERIOR AL 75% DE SUS INGRESOS

(Al 31 de diciembre de 2009)

Ayuntamiento Ingresos Deuda % deuda/ingresos

Almensilla 2.934.194,05 23.510.000 801,24

Alcalá de Guadaira 53.781.349,21 56.093.000 104,30

Brenes 6.531.710,16 6.608.000 101,17

Lebrija 20.722.768,62 19.908.000 96,07

Aznalcóllar 4.122.956,88 3.790.000 91,92

Ecija 36.514.707,53 31.439.000 86,10

El Coronil 3.112.023,41 2.630.000 84,51

Marchena 12.760.098,66 10.500.000 82,29

Fuente.- Colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Línea roja

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Al contrario de la frase de Lenin “un paso adelante y dos atrás”, el Gobierno da dos pasos atrás y uno adelante en el déficit al anunciar ahora que permitirá a los Ayuntamientos, endeudados hasta las cejas de sus vecinos, que piedan créditos en 2011. No será una política de barra libre, como la que una ex-dirigente de Tussam dijo que practicaba Monteseirín con los sindicatos, sino limitada a los que cumplan una condición: su endeudamiento no debe, nunca mejor dicho, superar el 75% de sus ingresos. La vicepresidenta económica, que se corrige a sí misma en el BOE para tapar sus vergüenzas políticas, dice que este tope lo salvan 6.000 ayuntamientos. Lo que no dice es que, como se ve en cierto medio afín, el Gobierno ha estudiando tan bien el ránking de los morosos que debajo de la línea roja aparecen las tres de las siete grandes capitales no gobernadas por el PP, únicas que podrán seguir engordando la deuda con Sevilla a la cabeza. ¿Casualidad o coincidencia? A la raya portuguesa habrá que unir ahora otra en el mapa de la deuda: la raya de Sevilla.

Pinza contra Sevilla

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Las 22 academias de la Lengua Española incorporaron recientemente a la página web del Diccionario voces como ‘abducir’, ‘cultureta’, ‘muslamen’, ‘tsunami’, ‘bróker’, ‘meloncete’, ‘rojillo’….y así hasta 2.996 enmiendas y adiciones al texto normativo de nuestro idioma porque, según el secretario de la Real Academia, ésta está “en el tajo siempre, haciendo aportes continuos para seguir el ritmo de la sociedad y del idioma”.

No estará tan en el tajo cuando aún no ha incorporado la palabra de moda del verano tras su invención por esa maestra del eufemismo que tiene la Junta de Andalucía y que se llama Rosa Aguilar. Si usted teclea en el buscador web de la Academia los neologismos ‘reprogramación’ y ‘reprogramar’, acuñados por la consejera de Obras Públicas, la respuesta que obtendrá será que “no están en el Diccionario”.

Sí están en el Diccionario palabras de toda la vida como ‘retrasar’, ‘diferir’, ‘aplazar’, ‘posponer’….pero como con ésas se entiende todo y de lo que se trata es justamente de contrariar a nuestro universal poeta Juan Ramón Jiménez, que decía “inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas”, Rosa Aguilar no anunció este agosto un retraso en la ejecución de 39 obras públicas programadas por la Junta y un recorte de 850 millones de euros en las inversiones, sino una ‘reprogramación’.

DISFRAZAR LA REALIDAD

¿Que cuál es la diferencia? Según la María Moliner del Gobierno andaluz, “retraso significa que no se sabe cuándo culminarán las obras; hablamos de ‘reprogramación’ con la certeza de que las obras se van a culminar”. Extrapolando a la realidad sevillana el argot de la consejera, el que las setas de la Encarnación no se concluyeran en ninguna de las cuatro fechas anunciadas desde 2004 hasta hoy no significa que acumulen tres años de retraso, sino simplemente que su ejecución fue ‘reprogramada’.

Y cuando a Rosa Aguilar le preguntaron por una obra sevillana cuyo inicio se retrasará, perdón, quería decir ‘reprogramar’, seis meses, estuvo sembrada al decir que sufriría “una deriva en el tiempo”. Genial. Habrá que pensar seriamente en proponer la candidatura de nuestra maga del lenguaje para el primer sillón vacante de la Academia, porque esta inventora de eufemismos se merece una letra mayúscula.

SEVILLA TRAGA

Para que no la acusen de estar al servicio del ‘centralismo sevillano’ y sabedora de que a quien dentro del PSOE levante la voz en defensa de Sevilla le puede pasar lo mismo que a José Caballos, y que todos los suyos aquí van a decir amén o a repetir como papagayos el argumentario oficial, Rosa Aguilar le ha pasado la mayor parte de la factura de la ‘reprogramación’ a Sevilla, para blindarse frente a las protestas de otras provincias. Así, del ahorro global de 850 millones en toda Andalucía, la Junta le ha metido un tijeretazo de 451,6 millones a Sevilla o, lo que es lo mismo, de cada 100 euros que no invierte, 53 se los quita a nuestra provincia. Y de las 39 obras que se ‘reprograman’, 12 (el 30,76% del total) estaban previstas en Sevilla.

Sufrirán un retraso de entre 6 y 10 meses el viaducto del Pago del Medio -que debe unir La Rinconada con San José-, el ramal de Brenes, la ronda urbana sur de Mairena del Aljarafe y otras tres carreteras. En materia ferroviaria, la consejera no ha osado meterle mano al tren de la Bahía de Cádiz, el tranvía de Jaén o los Metros de Granada y Málaga, pero ha ‘reprogramado’ todas las conexiones de Sevilla. Ni siquiera ha dejado indemne una sola para al menos disimular: dos tramos del tranvía de Dos Hermanas –y Toscano, tan contento-, el tranvía del Aljarafe, el tramo final del tranvía de Alcalá de Guadaíra con la Universidad Pablo de Olavide y dos tramos de la alta velocidad, el de la estación de Santa Justa al aeropuerto y el túnel de los Alcores.

Ésta era, a lo que se ve, la apuesta de la Junta por la movilidad sostenible en el área metropolitana. Si a la ‘reprogramación’ de la Junta en materia ferroviaria se le une la del Ministerio de Fomento en carreteras, especialmente en la SE-40, vemos que Sevilla es la gran víctima andaluza de la ‘pinza’ formada por las dos Administraciones en materia de obras públicas.

CONSECUENCIAS

La Junta va a diferir la inversión de 451 millones de euros en la provincia de Sevilla durante los próximos seis, siete o diez meses si, en el mejor de los casos, se cumplen los plazos de la ‘reprogramación’, pero, por la magia del lenguaje eufemístico de Rosa Aguilar, como no se van a rescindir los contratos, ni se van a paralizar (¿?) las obras, no va a haber repercusión alguna en el empleo, como si las empresas constructoras pudieran mantener en plena crisis mano sobre mano a sus plantillas si no hay carga de trabajo.

Cuando el Ministerio de Fomento anunció su propio plan de recortes y anulaciones de obras públicas, las patronales de la construcción, en un vano intento de frenar al ministro Blanco, hicieron un estudio para estimar los efectos de las desinversiones gubernamentales. Según el informe, por cada millón de euros dejados de invertir en las obras públicas se pierden 18 empleos directos e indirectos, tanto en la construcción como en los sectores auxiliares.

Aplicando estos cálculos al anuncio de la Junta, los 451 millones de euros que por de pronto no se invertirán en Sevilla se traducirán en la pérdida de 8.118 empleos.

Esta cifra equivale a todos los habitantes de un municipio como Santiponce, pero probablemente Rosa Aguilar diría que se trata de “una deriva temporal en la ocupación”.

La otra agenda oculta de Monteseirín

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La historia de cómo nació y se desarrolló el Parque Alcosa que cuenta en su web el IES Pablo Picasso (www.iesppicasso.org) es un ejemplo de historias similares de decenas de barriadas. Narra esta web que en los años 60, ante la escasez de vivienda en Sevilla, un constructor valenciano se comprometió a construir VPO si le cedían suelo barato.

Los comienzos fueron muy difíciles, por la falta de agua potable, que se distribuía con camiones-cisterna. Las aguas residuales corrían por tuberías paralelas a las del agua potable y morían en un principio en pozos negros. El alumbrado público dejaba esquinas de los primeros bloques sin iluminar, lo que favorecía el gamberrismo.

Como estos terrenos quedaban muy alejados del casco urbano y no entraban en los planes del Ayuntamiento a corto plazo, el barrio demandaba servicios que no tenía: acometida de agua potable y alcantarillado, mercado, colegios, consultorio…

Dice la página del instituto que actualmente las avenidas principales están recepcionadas por Urbanismo, pero no el interior de las plazas, por lo que son los propios vecinos los que, constituyendo intercomunidades, cuidan jardines, acerados y parterres, y que una de las reivindicaciones más antiguas de las asociaciones es la recepción de las zonas urbanizadas y la urbanización de las zonas pendientes, ya que los vecinos pagan sus impuestos municipales “y el Ayuntamiento contesta que con los medios económicos actuales la recepción total del barrio se hará en sucesivas etapas”.

En tiempos de Rafael Carmona como delegado de Urbanismo –hasta 2003- se calculó que el Ayuntamiento aún tenía un centenar de barrios por recepcionar oficialmente. Y en febrero de 1995, el portavoz del grupo socialista, José Vallés, decía que actuar en barrios sin estar recepcionados “es una falta de ética en la que el PSOE no hubiera incurrido nunca”.

LA TASA FUSTEGUERAS

Cincuenta años después de aquella colonización de suelos para erigir Alcosa y otros barrios sin apenas equipamientos, los tiempos del urbanismo son otros. Ahora, en los Planes Generales adquiere una importancia fundamental la determinación de la red de sistemas generales, para asegurar la coherencia y racionalidad en el desarrollo urbano: red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal; infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso, suministro de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, telecomunicaciones…

El suelo destinado a estas dotaciones públicas de carácter general lo obtiene el Ayuntamiento de forma gratuita con cargo a los propietarios del suelo, pero además de esta contribución forzosa, el redactor del último PGOU de Sevilla (2006), el arquitecto Manuel González Fustegueras, supo comprometer a los promotores y constructores para que se implicaran en la financiación de las futuras infraestructuras generales de la ciudad, que habrían de permitir su expansión y el nacimiento ordenado de los nuevos barrios. A tal efecto, aquéllos firmaron 52 convenios urbanísticos por los que entregaron al Ayuntamiento unos 230 millones de euros.

DESVÍO DEL DINERO

En tiempos de vacas flacas como los actuales, esta reserva de dinero realizada en los tiempos de vacas gordas habría permitido activar la construcción de VPO (la ley exige un cupo mínimo en cualquier nueva promoción de viviendas) a precios asequibles para las decenas de miles de sevillanos demandantes de pisos, y mantener la actividad en el sector de la construcción.

Sin embargo, al igual que hizo con el informe sobre la inviabilidad técnica de las setas de la Encarnación, Monteseirín ha ocultado durante estos años que la denominada ‘hucha del PGOU’ se la estaba gastando no en los sistemas generales para la Sevilla del futuro, sino en su urbanismo de escaparate en, sobre todo, el Centro, justamente la zona con menos problemas de equipamiento de Sevilla: 65 millones de euros en el Parasol, 5 millones en la Alameda, 6 en la Plaza de España, 18 en los carriles-bici….y 41 millones en el primer tramo de la SE-35, 17,7 millones en el bulevar de Bellavista, 19,7 millones en el Plan de Barrios…

El Monteseirín que irrumpió en la política local firmando contratos-programa con las asociaciones de vecinos por el déficit de equipamientos de los barrios debido justamente a que las inversiones se concentraban históricamente aquende la Ronda del Tamarguillo, ha cambiado de discurso al verse descubierto. Ahora proclama que el dinero de los convenios urbanísticos debe servir para equipar “la ciudad construida” y no para hacer “viales o calles que van de ningún sitio a ninguna parte”.

CIUDAD HIPOTECADA

Los promotores, agrupados en Gaesco, han calificado el desvío del dinero de ‘la hucha del PGOU’ como “una estafa en toda regla” e, indignados, estudian cómo llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Ahora, después de cuatro años con un PGOU nuevo, no hay sistemas generales ni dinero para ejecutarlos, por lo que, conforme a la nueva ley, ni siquiera se podrían otorgar licencias para viviendas si previamente no se han construido las infraestructuras.

Monteseirín no sólo ha hipotecado el presente de la ciudad (con él la deuda del Ayuntamiento asciende ya a 522 millones de euros), sino también el futuro. Los vecinos de Alcosa ya saben la respuesta a su pregunta de por qué el Ayuntamiento dice que no hay dinero para la recepción total de la barriada: porque el alcalde se lo gastó en las setas de la Encarnación y en “la ciudad construida”, no en la del futuro ni en la pendiente de rematar.

Remanente

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El Diccionario de la Academia define ‘remanente’ como “aquello que queda de algo”. He tenido que ir al Diccionario para tratar de comprender el penúltimo eufemismo (siempre se inventarán alguno nuevo y yo ardo en deseos de ver hasta qué punto son capaces de exprimirse la imaginación) municipal, ese que dice que el Ayuntamiento tiene en la caja un remanente negativo de (valga la redundancia por el signo menos) -31,7 millones de euros. No, mire usted, señor (sin) alcalde sin dinero y con lápidas de morosidad: remanente es de toda la vida, y como bien define el Diccionario, un resto, un sobrante, un excedente, un superávit, algo tangible, aunque sea poco, un mínimo minimórum, pero algo. La expresión ‘remanente negativo’ no es ni siquiera un eufemismo, porque se compone de dos términos antitéticos: lo negativo es la negación del propio remanente, y máxime si se trata, como es el caso, de 31,7 millones de euros. Hablando en román paladino, Monteseirín no ha dejado un remanente negativo, sino un pedazo de agujero de 5.274 millones de las antiguas pesetas.

Facturas ‘sombra’

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La Consejería de Salud empezará a emitir en otoño facturas informativas, también denominadas ‘facturas sombra’, para –reza la nota oficial- facilitar a los ciudadanos los detalles sobre el coste aproximado de la atención sanitaria que hayan recibido aunque no tengan que abonarla. Con esta iniciativa se pretende concienciar de la inversión que el Gobierno andaluz realiza en el sistema sanitario público regional. ‘Nihil obstat’, pero ¿y si también la Consejería de Presidencia o de Gobernación emitiera ‘facturas sombra’ con los gastos en que incurren nuestros políticos?. Por ejemplo, el coste aproximado del uso de las tarjetas Visa en restaurantes de cinco tenedores –ellos no tiritan- como hacía Mellet con la de Mercasevilla, los viajes del (sin) alcalde de Sevilla en plan capitán Tán a lo ancho y largo de este mundo, las pinceladas de mariscos al centro de Manuel Marchena, el envío del coche de lujo del (sin) a Barcelona para la final de la Copa del Rey y toda la parafernalia que rodea a estos sufridos servidores del pueblo pero siempre a costa del pueblo.