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Devoluciones de los ayuntamientos a Hacienda

Los ayuntamientos sevillanos deben devolver

al Estado más de 24 millones de euros

La liquidación de las cuentas agrava la ya precaria situación de pueblos que hasta han suspendido sus ferias

Sólo Burguillos, Castilblanco y Villaverde del Río tienen un saldo favorable en sus balances con Hacienda

Sevilla capital, Alcalá deGuadaíra y Mairena del Aljarafe encabezan la lista de municipios con más pagos pendientes

El conjunto de los 105 municipios de la provincia de Sevilla deberá devolver al Ministerio de Economía y Hacienda 24,6 millones de euros tras el cierre de la liquidación de las cuentas de 2008, otra detracción de recursos que contribuirá a agravar la situación de las arcas municipales, ya sumamente castigadas por efecto de la crisis y del hundimiento del sector inmobiliario, principal fuente hasta ahora de los ingresos.

El Gobierno pecó de excesivo optimismo en su previsión de ingresos fiscales para el año 2008, cuando ya la crisis había hecho acto de presencia en el panorama nacional, y esa sobreponderación se ha puesto de manifiesto ahora, cuando ha llegado el momento de liquidar las cuentas y hacer balance.

El resultado es que sólo tres ayuntamientos de la provincia de Sevilla tienen un balance positivo en sus relaciones con la Hacienda estatal: Burguillos, Castilblanco y Villaverde del Río. Los 102 restantes tendrán que devolver parte del dinero recibido a cuenta, hecho que contribuirá a agravar la situación y que marcará también la elaboración de los presupuestos para el año 2011.

Los ayuntamientos de los municipios más poblados, con la relativa excepción de Dos Hermanas, son los que mantienen una mayor posición deudora con el Gobierno de la nación, empezando por Sevilla capital, con 2,6 millones de euros, seguida de Alcalá de Guadaíra (1,3 millones) y Mairena del Aljarafe (0,9 millones). El municipio nazareno, segundo más poblado de la provincia, tiene un saldo negativo de 211.175 euros, inferior a otros de bastante menor peso demográfico, como son los casos de Alcalá del Río, Aznalcóllar, Las Cabezas de San Juan, Fuentes de Andalucía y Tocina, por citar tan sólo algunos ejemplos.

Dos Hermanas y Sevilla capital son los dos únicos ayuntamientos sevillanos adscritos al régimen de cesión de tributos, mientras que el resto participa del sistema general de financiación. Sevilla, por ser la capital de la provincia y de la comunidad autónoma, y Dos Hermanas, por tener una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, se benefician de la cesión de unos porcentajes aplicables a la parte de los impuestos no cedida ya a las comunidades autónomas, tales como cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recaudación líquida por el IVA imputable a cada municipio y la misma figura por los impuestos especiales sobre la cerveza, bebidas alcohólicas, hidrocarburos y labores de tabaco.

Alcalá de Guadaíra, por su parte, es uno de los cincuenta y cinco ayuntamientos españoles que tendrán que devolver este año al Estado más de un millón de euros, dándose el caso de que en esta lista hay cuarenta cuya población es inferior a los 75.000 habitantes y no son capitales de provincia.

Un número significativo de ayuntamientos de la provincia se han visto obligados incluso a suspender las fiestas locales y a adoptar medidas traumáticas en las empresas municipales por la caída de sus ingresos en los últimos ejercicios.

El caso más reciente es el de Castilleja de Guzmán, cuyo consistorio ha convocado una comisión vecinal ante la imposibilidad de que la corporación local asuma la financiación y preparación de la próxima Cabalgata de Reyes Magos. El Ayuntamiento ha de devolver 42.180 euros a Hacienda y, además, afrontar el pago de 555.887 euros a la constructora Aroa por deudas acumuladas en diversos ejercicios.

El hundimiento del sector inmobiliario ha dejado a un tercio de los 8.000 municipios españoles con números rojos en sus cuentas, ya que en conjunto han dejado de percibir cerca de 20.000 millones de euros anuales provenientes del ladrillo.

DINERO A DEVOLVER AL ESTADO

(liquidaciones de 2008)

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Aguadulce – 21.652,62

Alanís – 39.414,57

Albaida – 70.324,98

Alcalá Guadaíra – 1.314.026,39

Alcalá del Río – 274.765,19

Alcolea del Río – 111.216,00

Algaba, La – 254.659,41

Algámitas – 17.911,61

Almadén de la Plata – 22.829,21

Almensilla – 90.761,42

Arahal – 382.723,05

Aznalcázar – 97.078,09

Aznalcóllar – 228.061,40

Badolatosa – 50.041,86

Benacazón – 163.462,10

Bollullos Mitación – 107.904,95

Bormujos – 377.743,74

Brenes – 238.233,18

Burguillos 29.520,28 –

Cabezas, Las – 408.623,74

Camas – 787.528,13

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Campana, La – 103.721,32

Cañada Rosal – 61.513,93

Cantillana – 215.887,10

Carmona – 700.324,73

Carrión Céspedes – 46.112,72

Casariche – 123.150,75

Castilblanco 9.371,52 –

Castilleja Guzmán – 42.180,18

Castilleja Cuesta – 443.113,14

Castilleja del Campo – 15.541,78

Castillo de las Guardas – 21.081,44

Cazalla de la Sierra – 141.109,33

Constantina – 141.454,64

Coria del Río – 485.237,99

Coripe – 22.879,49

Coronil, El – 107.670,80

Corrales, Los – 57.126,95

Cuervo, El – 186.963,15

Dos Hermanas – 211.175,28

Ecija – 851.644,05

Espartinas – 168.518,71

Estepa – 253.450,31

Fuentes de Andalucía – 250.728,21

Garrobo, El – 14.964,93

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Gelves – 177.914,77

Gerena – 130.398,09

Gilena – 62.036,97

Gines – 287.569,13

Guadalcanal – 54.986,70

Guillena – 173.428,64

Herrera – 166.783,19

Huévar – 57.991,65

Isla Mayor – 113.689,62

Lantejuela, La – 67.445,28

Lebrija – 706.363,49

Lora de Estepa – 9.378,89

Lora del Río – 639.412,48

Luisiana, La – 81.269,86

Madroño, El – 8.520,71

Mairena del Alcor – 367.880,02

Mairena del Aljarafe – 932.047,74

Marchena – 417.844,60

Marinaleda – 32.749,50

Martín de la Jara – 43.285,02

Molares, Los – 47.180,82

Montellano – 201.849,55

Morón de la Frontera – 575.377,69

Municipio Liquidación positiva (+) Liquidación negativa (-)

(a devolver al Estado)

Navas, Las – 39.915,07

Olivares – 197.927,74

Osuna – 375.269,27

Palacios, Los – 713.100,22

Palomares – 54.180,96

Paradas – 150.084,59

Pedrera – 129.878,37

Pedroso, El – 34.818,26

Peñaflor – 68.379,63

Pilas – 191.504,76

Pruna – 49.004,70

Puebla de Cazalla, La – 200.268,82

Puebla de los Infantes, La – 58.009,55

Puebla del Río, La – 344.596,57

Real de la Jara, El – 25.389,10

Rinconada, La – 466.253,68

Roda de Andalucía, La – 73.470,26

Ronquillo, El – 22.191,10

Rubio, El – 50.804,48

Salteras – 102.467,88

San Juan deAznalfarache – 475.695,95

Sanlúcar la Mayor – 282.097,41

San Nicolás del Puerto – 8.415,21

Municipio Liquidación positiva Liquidación negativa

(a devolver al Estado)

Santiponce – 166.508,93

Saucejo, El – 73.250,58

Sevilla – 2.684.818,01

Tocina – 222.705,47

Tomares – 611.110,14

Umbrete – 103.474,80

Utrera – 589.426,96

Valencina – 164.890,14

Villamanrique – 105.975,92

Villanueva del Ariscal – 145.327,93

Villanueva del Río y Minas – 177.888,74

Villanueva de San Juan – 19.633,23

Villaverde del Río 6.783,10 –

Viso del Alcor, El – 416.671,21

SUBTOTAL + 45.674,90 – 24.675.322,62

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BALANCE (- 24.629.647,72)

Fuente.- Ministerio de Hacienda

La trama de las facturas falsas

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La Policía ha acreditado que el Ayuntamiento pagó antes de las municipales de 2003 por obras no ejecutadas en el distrito Este y amparadas en facturas falsas, al igual que en el distrito Macarena, hechos éstos por los que la Justicia condenó a penas de cárcel a José Pardo, escolta del alcalde en aquella campaña electoral, y a José Marín, exdirector de Área del Ayuntamiento y, en la época de autos, secretario del distrito.

El presidente de la Cais, José Baena, alertó a la Justicia de que en mayo de 2007 recibió copias de unas facturas por valor de 5.266 euros y emitidas por un cambio de solerías en el distrito Este, obras que jamás se ejecutaron, pese a lo cual fueron abonadas por el Ayuntamiento. La Policía elevó en 2008 a la juez del caso un informe en el que advertía de que esas facturas no son más que “la punta del iceberg”, porque el constructor había facturado al distrito 269.412 euros sin que las cuentas cuadrasen.

La Policía ratifica así la denuncia que en 2005 hicieron los dos ediles del PA, Paola Vivancos y Rafael Carmona, que destaparon el escándalo, los cuales señalaron que había una trama de facturas falsas en los distritos Macarena y Este. Sólo les dio tiempo antes de salir del Ayuntamiento a airear la corrupción en el primero.

CAMBIO DE PAREJA

Tras las municipales de 1999, el hartazgo de Soledad Becerril propicia la ruptura de la coalición PP-PA y la forja de una nueva alianza, PSOE-PA, que permite el acceso de Monteseirín a la Alcaldía por un pacto en el que Rojas Marcos impuso a Chaves desde el Metro hasta su cuota de poder municipal: controlarían el 70% de las inversiones del Ayuntamiento pese a contar con la mitad (6) de concejales.

El PA seguía manteniendo la delegación clave de Urbanismo y otras áreas que les permitían proyectar sus políticas para luego rentabilizarlas electoralmente: Obras, Cultura y Deportes, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana. Así pues, Monteseirín gobernaba realmente sobre un 30% del presupuesto y, teóricamente, su capacidad de acción era muy limitada, si bien el PSOE podía beneficiarse de la imagen pública del nuevo alcalde, imagen que ha acabado siendo tan pésima como empezó, ya que su primera decisión fue la de subirse el sueldo.

EL ANZUELO

Los socialistas tendieron una ‘inocente’ trampa a los andalucistas, y éstos mordieron el anzuelo. El delegado de Hacienda y del distrito Macarena, Carmelo Gómez, propuso a sus socios que se incrementaran los presupuestos de los distritos y se les permitiera acometer pequeñas obras: arreglos y similares.

El grupo Andalucista debate la propuesta. En principio no le ve sentido, porque el PA controlaba todos los trabajos en la ciudad a través de Urbanismo y de la nueva delegación de Obras. Asimismo, porque los distritos carecían de personal y más aún de técnicos especializados, como eran los de Urbanismo, para controlar la calidad de la ejecución y la veracidad de los presupuestos de los contratistas.

Sin embargo, al final se impone la tesis de Juan Ortega, delegado de Fiestas Mayores, que veía en la idea una gran oportunidad de que se visualizara en su distrito Sur la acción del PA. Así que se multiplicó el presupuesto de los distritos y se les dio capacidad de hacer ‘obritas’, pese a que ni tenían personal ni técnicos, una carencia que Carmelo Gómez se ofreció a subsanar mediante arquitectos de Patrimonio que visasen los expedientes y personal de apoyo (voluntarios) que supervisasen las obras, que se acometerían previa consulta a los vecinos sobre su necesidad.

PRINCIPIO DEL FIN

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de 2003 -en las que el PSOE marcó al PA con la acusación del ‘urbanismo bajo sospecha’-, Monteseirín logró desembarazarse de sus incómodos socios de gobierno al forjar una nueva coalición con IU merced a la caída de los andalucistas, que de 6 concejales pasaron a 4. El PSOE ganó el equivalente a lo perdido por el PA y pasó de 12 concejales a 14.

Dos de los distritos controlados por los socialistas, Macarena y Este (ambos con casos de facturas falsas), fueron clave. En Macarena, el PSOE pasó de 29.217 votos a 34.711; el PA, de 14.526 a 9.565. En Este, el PSOE evolucionó de 36.365 a 41.501; el PA registró 9.938 votos frente a los 12.739 anteriores. Y en el distrito Sur, donde debían visualizarse las obras acometidas por el PA, el PSOE prácticamente se mantuvo (de 18.912 votos a 18.645) y los andalucistas fueron incapaces de rentabilizar nada: de 7.787 votos a 6.370.

Ya en la Oposición, cuando Vivancos y Carmona buscaron una explicación a lo ocurrido y chequearon durante seis meses los expedientes municipales, se percataron de que de obritas, nada: en los distritos controlados por el PSOE se habían urbanizado hasta avenidas enteras mediante facturas fraccionadas como “arreglitos”, y hasta en los marmolillos se había impreso, en vez del sello municipal, una leyenda del distrito Macarena, para que los vecinos visualizaran quién les hacía las obras, encargadas a personas afines. Como no había control técnico de Urbanismo, nadie sabía, podía o quería interpretar si habían sido 100 en vez de 200 los m2 de solería colocados, y así se propició que se inflaran los costes y hasta se falsificaran facturas por obras inexistentes, como se ha vuelto a demostrar ahora en el distrito Este, donde la Policía no ha hallado vestigio de “solado de hormigón pulido en color verde”.

Monteseirín, que dijo desconocer hasta a su guardaespaldas –uno de los condenados en el caso Macarena-, calla. ¿Seguirá sosteniendo que no había ninguna trama?

El alcalde, sin margen para más ingresos

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Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años

Ha anunciado la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3 millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo, se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

De propietario a inquilino

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Resumen del capítulo anterior del culebrón sobre las setas. En el Pleno extraordinario del 21 de julio, el Ayuntamiento aprueba ‘in extremis’ con el voto de calidad (¿?) del alcalde el segundo modificado del proyecto, que supone una aportación extraordinaria municipal de 30,47 millones de euros para culminar la obra. Los voceros municipales reconocen a regañadientes que de los 51 millones iniciales se pasa a 89,6, si bien según las estimaciones desarrolladas anteriormente en esta página el coste real de la ‘operación Encarnación’ en que Monteseirín ha embarcado a los sevillanos ascendía a 123 millones de euros.

En ese Pleno y/o en declaraciones a los medios, Torrijos advierte de que no va a admitir ninguna desviación presupuestaria más y que no las refrendará con sus votos. Asimismo, dice contar con información reservada de que habrá más sobrecostes y que la obra no se acabará en el nuevo plazo (el quinto ya): diciembre de 2010.

DE ALQUILER EN SU PROPIA CASA

El Pleno se celebró el 21 de julio, y Monteseirín ocultó, igual que ocultó en 2007 los informes que decían que las setas eran técnicamente inviables, que estaba acabando de negociar con la empresa constructora Sacyr que el Ayuntamiento pasara de propietario del edificio de la Delegación de Hacienda en la Encarnación a inquilino y por un plazo de cinco años, tal como acordó la Junta de Gobierno reunida justamente al día siguiente del Pleno: el 22 de julio.

Como se recordará, ese pésimo jugador de billar que es el aún alcalde había ideado en 2005 la siguiente carambola: le regalaba 25 millones de euros a Sacyr y le otorgaba una concesión mercantil durante 40 años de toda la Encarnación, incluido el edificio de la Hacienda municipal, para que edificase las setas en el plazo de dos años por la ‘módica cifra’ de unos 51 millones de euros. Luego le compró al Ministerio del Interior la antigua y ruinosa comisaría de la Plaza de la Gavidia por 9,9 millones de euros y le cedió cinco solares para que construyera otras tantas comisarías, y con la Gavidia en sus manos trasladaría allí a los funcionarios de la Hacienda municipal antes de entregarle el inmueble a Sacyr para que lo rehabilitara, cosa que tampoco ha hecho, y lo alquilara para oficinas.

Cinco años después, las setas están por acabar, su presupuesto oficial casi se ha duplicado a costa de los sevillanos, Interior sólo ha construido una comisaría de las cinco, la Gavidia está más en ruina que antes y ahora hay que pagarle a Sacyr otro sobrecoste derivado de las setas en concepto de alquiler de un edificio del propio Ayuntamiento. ¿Cabe mejor metáfora de hasta dónde es capaz de llevar Monteseirín a Sevilla? La factura del alquiler será de 60.000 euros al mes, igual a 720.000 euros al año, igual a 3.600.000 euros en un lustro.

¿No decía Torrijos que no iba a admitir más sobrecostes?

BONIFICACIÓN A LOS PLACEROS

En el ínterin, los 39 placeros supervivientes del antiguo mercado se rebelan ante la pretensión de Sacyr de exigirles el pago global de 288.000 euros anuales por ocupar las nuevas instalaciones debajo del Parasol, lo que supondría prácticamente el doble de lo que ahora abonan (de 360 euros mensuales a unos 615). Los placeros anuncian que no se van a dar por enterados de la exigencia porque pactaron con Urbanismo que la cuota mensual que tendrían que abonar no superaría el coste de mantenimiento.

Para evitar la ‘rebelión en la granja’ y más daños de imagen a su juguete preferido, el alcalde anuncia que el Ayuntamiento va a pagar ese sobrecoste porque, total, como ya destina 62.000 euros anuales al alquiler del mercado provisional el ‘statu quo’ no cambia. Una mentira más. Si Sacyr exige 288.000 euros y los 39 placeros pagan en conjunto 168.480 euros (360 euros/mes x12 meses), la diferencia a cargo del Ayuntamiento será de 119.520 euros/año. Esta cifra (sin contabilizar IVA ni IPC) supondrá 4.780.000 euros en los 40 años de concesión de las setas. Otra factura con la que no se contaba. ¿No decía Torrijos que no iba a admitir más sobrecostes?

DEMOCRATIZAR LAS VISTAS

Uno de los argumentos más demagógicos y falaces de Monteseirín, Marchena y compañía para justificar las setas era que así se democratizarían las vistas de Sevilla y la Giralda, “reservadas ahora sólo a los privilegiados que son dueños de una azotea en el Centro”, porque los sevillanos podrían subir gratis a lo alto del Parasol y solazarse viendo los tejados del caserío.

Los sevillanos no necesitan el Parasol para admirar el paisaje urbano cuando pueden hacerlo gratis desde lo alto de la Giralda, que lo duplica en altura.

Pues ahora Sacyr le exige al Ayuntamiento que le pague 180.000 euros anuales si quiere que los sevillanos tengan acceso a lo alto de las setas, ya que los turistas van a pasar por caja. Y si paga el Ayuntamiento, a la postre estamos pagando todos por, supuestamente, “democratizar” las vistas. ¿Dónde queda ahora la demagogia de Marchena? Pues bien, 180.000 euros (sin contar el IPC) en 40 años de concesión supondrán 7.200.000 euros.

Si sumamos los 3,6 millones del alquiler del edificio de la Hacienda municipal, los 4,78 millones de la bonificación a los placeros y los 7,2 millones por el acceso a las setas, veremos que los nuevos sobrecostes a futuro desde el 21 de julio ascienden a 15.580.800 euros y que el conjunto de la operación de las setas va ya por 138.580.800 euros.

Y menos mal que Torrijos decía que ni él ni IU iban a admitir más desviaciones presupuestarias.

Línea roja

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Al contrario de la frase de Lenin “un paso adelante y dos atrás”, el Gobierno da dos pasos atrás y uno adelante en el déficit al anunciar ahora que permitirá a los Ayuntamientos, endeudados hasta las cejas de sus vecinos, que piedan créditos en 2011. No será una política de barra libre, como la que una ex-dirigente de Tussam dijo que practicaba Monteseirín con los sindicatos, sino limitada a los que cumplan una condición: su endeudamiento no debe, nunca mejor dicho, superar el 75% de sus ingresos. La vicepresidenta económica, que se corrige a sí misma en el BOE para tapar sus vergüenzas políticas, dice que este tope lo salvan 6.000 ayuntamientos. Lo que no dice es que, como se ve en cierto medio afín, el Gobierno ha estudiando tan bien el ránking de los morosos que debajo de la línea roja aparecen las tres de las siete grandes capitales no gobernadas por el PP, únicas que podrán seguir engordando la deuda con Sevilla a la cabeza. ¿Casualidad o coincidencia? A la raya portuguesa habrá que unir ahora otra en el mapa de la deuda: la raya de Sevilla.

Pinza contra Sevilla

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Las 22 academias de la Lengua Española incorporaron recientemente a la página web del Diccionario voces como ‘abducir’, ‘cultureta’, ‘muslamen’, ‘tsunami’, ‘bróker’, ‘meloncete’, ‘rojillo’….y así hasta 2.996 enmiendas y adiciones al texto normativo de nuestro idioma porque, según el secretario de la Real Academia, ésta está “en el tajo siempre, haciendo aportes continuos para seguir el ritmo de la sociedad y del idioma”.

No estará tan en el tajo cuando aún no ha incorporado la palabra de moda del verano tras su invención por esa maestra del eufemismo que tiene la Junta de Andalucía y que se llama Rosa Aguilar. Si usted teclea en el buscador web de la Academia los neologismos ‘reprogramación’ y ‘reprogramar’, acuñados por la consejera de Obras Públicas, la respuesta que obtendrá será que “no están en el Diccionario”.

Sí están en el Diccionario palabras de toda la vida como ‘retrasar’, ‘diferir’, ‘aplazar’, ‘posponer’….pero como con ésas se entiende todo y de lo que se trata es justamente de contrariar a nuestro universal poeta Juan Ramón Jiménez, que decía “inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas”, Rosa Aguilar no anunció este agosto un retraso en la ejecución de 39 obras públicas programadas por la Junta y un recorte de 850 millones de euros en las inversiones, sino una ‘reprogramación’.

DISFRAZAR LA REALIDAD

¿Que cuál es la diferencia? Según la María Moliner del Gobierno andaluz, “retraso significa que no se sabe cuándo culminarán las obras; hablamos de ‘reprogramación’ con la certeza de que las obras se van a culminar”. Extrapolando a la realidad sevillana el argot de la consejera, el que las setas de la Encarnación no se concluyeran en ninguna de las cuatro fechas anunciadas desde 2004 hasta hoy no significa que acumulen tres años de retraso, sino simplemente que su ejecución fue ‘reprogramada’.

Y cuando a Rosa Aguilar le preguntaron por una obra sevillana cuyo inicio se retrasará, perdón, quería decir ‘reprogramar’, seis meses, estuvo sembrada al decir que sufriría “una deriva en el tiempo”. Genial. Habrá que pensar seriamente en proponer la candidatura de nuestra maga del lenguaje para el primer sillón vacante de la Academia, porque esta inventora de eufemismos se merece una letra mayúscula.

SEVILLA TRAGA

Para que no la acusen de estar al servicio del ‘centralismo sevillano’ y sabedora de que a quien dentro del PSOE levante la voz en defensa de Sevilla le puede pasar lo mismo que a José Caballos, y que todos los suyos aquí van a decir amén o a repetir como papagayos el argumentario oficial, Rosa Aguilar le ha pasado la mayor parte de la factura de la ‘reprogramación’ a Sevilla, para blindarse frente a las protestas de otras provincias. Así, del ahorro global de 850 millones en toda Andalucía, la Junta le ha metido un tijeretazo de 451,6 millones a Sevilla o, lo que es lo mismo, de cada 100 euros que no invierte, 53 se los quita a nuestra provincia. Y de las 39 obras que se ‘reprograman’, 12 (el 30,76% del total) estaban previstas en Sevilla.

Sufrirán un retraso de entre 6 y 10 meses el viaducto del Pago del Medio -que debe unir La Rinconada con San José-, el ramal de Brenes, la ronda urbana sur de Mairena del Aljarafe y otras tres carreteras. En materia ferroviaria, la consejera no ha osado meterle mano al tren de la Bahía de Cádiz, el tranvía de Jaén o los Metros de Granada y Málaga, pero ha ‘reprogramado’ todas las conexiones de Sevilla. Ni siquiera ha dejado indemne una sola para al menos disimular: dos tramos del tranvía de Dos Hermanas –y Toscano, tan contento-, el tranvía del Aljarafe, el tramo final del tranvía de Alcalá de Guadaíra con la Universidad Pablo de Olavide y dos tramos de la alta velocidad, el de la estación de Santa Justa al aeropuerto y el túnel de los Alcores.

Ésta era, a lo que se ve, la apuesta de la Junta por la movilidad sostenible en el área metropolitana. Si a la ‘reprogramación’ de la Junta en materia ferroviaria se le une la del Ministerio de Fomento en carreteras, especialmente en la SE-40, vemos que Sevilla es la gran víctima andaluza de la ‘pinza’ formada por las dos Administraciones en materia de obras públicas.

CONSECUENCIAS

La Junta va a diferir la inversión de 451 millones de euros en la provincia de Sevilla durante los próximos seis, siete o diez meses si, en el mejor de los casos, se cumplen los plazos de la ‘reprogramación’, pero, por la magia del lenguaje eufemístico de Rosa Aguilar, como no se van a rescindir los contratos, ni se van a paralizar (¿?) las obras, no va a haber repercusión alguna en el empleo, como si las empresas constructoras pudieran mantener en plena crisis mano sobre mano a sus plantillas si no hay carga de trabajo.

Cuando el Ministerio de Fomento anunció su propio plan de recortes y anulaciones de obras públicas, las patronales de la construcción, en un vano intento de frenar al ministro Blanco, hicieron un estudio para estimar los efectos de las desinversiones gubernamentales. Según el informe, por cada millón de euros dejados de invertir en las obras públicas se pierden 18 empleos directos e indirectos, tanto en la construcción como en los sectores auxiliares.

Aplicando estos cálculos al anuncio de la Junta, los 451 millones de euros que por de pronto no se invertirán en Sevilla se traducirán en la pérdida de 8.118 empleos.

Esta cifra equivale a todos los habitantes de un municipio como Santiponce, pero probablemente Rosa Aguilar diría que se trata de “una deriva temporal en la ocupación”.

Remanente

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El Diccionario de la Academia define ‘remanente’ como “aquello que queda de algo”. He tenido que ir al Diccionario para tratar de comprender el penúltimo eufemismo (siempre se inventarán alguno nuevo y yo ardo en deseos de ver hasta qué punto son capaces de exprimirse la imaginación) municipal, ese que dice que el Ayuntamiento tiene en la caja un remanente negativo de (valga la redundancia por el signo menos) -31,7 millones de euros. No, mire usted, señor (sin) alcalde sin dinero y con lápidas de morosidad: remanente es de toda la vida, y como bien define el Diccionario, un resto, un sobrante, un excedente, un superávit, algo tangible, aunque sea poco, un mínimo minimórum, pero algo. La expresión ‘remanente negativo’ no es ni siquiera un eufemismo, porque se compone de dos términos antitéticos: lo negativo es la negación del propio remanente, y máxime si se trata, como es el caso, de 31,7 millones de euros. Hablando en román paladino, Monteseirín no ha dejado un remanente negativo, sino un pedazo de agujero de 5.274 millones de las antiguas pesetas.

SE-40

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Mal de muchos…..Hay suspiros de alivio porque el ministro de Fomento, Pepiño Blanco, no le ha metido en demasía las tijeras de trasquilar kilómetros a Andalucía y ha prometido que las obras de la SE-40 van a seguir, aunque con más retrasos que los aviones por las enfermedades imaginarias de los controladores. El eufemismo se llama ‘reprogramación’. Significa que las obras públicas se van a demorar de uno a cuatro años….más del retardo acumulado. Es el sino de Sevilla. Y, ojo, Blanco ha dicho vagamente –las rebajas las concretará en septiembre- que va a seguir lo que está en ejecución (24 kilómetros), no lo que falta, englobable en la categoría del ‘sine die’ o las calendas griegas. Y también ha dicho que hay viaductos que parecen obras de arte en vez de ingeniería; vamos, que podrían hacerse de catálogo. Mucho me temo que los Atlantes en forma de túnel diseñados por el ingeniero trianero José Luis Manzanares para salvar el Guadalquivir pueden poner sus barbas a remojar. Más que al ralentí, Blanco ha puesto la SE-40 en cuarentena. Acabará siendo la SE-50.

Panfleto

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Trabajadores de Tussam me entregan un panfleto en Plaza Nueva. Dice: “¿Está tardando su autobús?”. ¡Jopé que si tarda!. Sigo leyendo: “¡Llame al 010 (teléfono gratuito –será lo único- del Ayuntamiento) y reclame hoy mismo! ¡Movilízate en tu barrio contra este atropello! El Ayuntamiento pretende cargarse Tussam recortando servicios por no contratar a los trabajadores necesarios, que se quedan sin trabajo. Ahora en verano ya se nota, pero en septiembre vendrá el verdadero recorte”. Doy fe de que el bus tarda en verano y en las cuatro estaciones de Vivaldi, pues me he pasado hasta una hora en la parada más de una vez. Antes de que los conductores la liaran en la Feria y provocaran la injerencia de Susana Díaz, tenían sobre la mesa de negociación esta propuesta: incremento salarial del 0,2% e incorporación de los 110 eventuales a lo largo del año, con garantía de seis meses de trabajo, a cambio de externalizar las líneas nocturnas. Rechazaron la oferta y ahora están en congelación salarial y con los eventuales en la calle. Pero de eso no decía nada el panfleto.

Frenazo y marcha atrás

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“Nada volverá a ser como antes”. Estas palabras del ministro de Fomento, José Blanco, el 24 de mayo en el Congreso eran una premonición del drástico recorte de las inversiones en obra pública. Zapatero se comprometió ante la UE a ajustar en 50.000 millones de euros el gasto en 2010-2013, de los que 6.400 corresponderían a Fomento entre este año y el próximo. Blanco ya ordenó que sólo se terminaran las carreteras cuya finalización fuera más barata que las indemnizaciones que habría que pagar por suspenderlas. Esta semana, Fomento ha comunicado a la patronal sus planes: rescisión de los contratos de 70 obras en curso, ninguna carretera nueva en 2011 y retraso de las que están en obras hasta 2016-2017.

Sevilla aparece de nuevo -la inversión pública en nuestra provincia sólo ha superado la media nacional una vez en los 18 años desde la Expo- como la primera en la ‘lista negra’ del Ministerio, por los 500 millones de coste de los túneles de los Atlantes, proyectados por José Luis Manzanares sobre el río para la SE-40. El ingeniero trianero decía: “Un túnel bajo el Guadalquivir, en el lago Tharsis, cuna de Tartesos y sede de leyendas ancestrales , debe rememorar la gesta de los atlantes de los que toma el nombre: una estructura épica para un lugar épico y misterioso”.

CORTAR POR LO SANO

Pero como en Fomento no hay lugar para la épica, los cuatro túneles de 2,5 kilómetros –los más largos bajo un río en España- cuentan con un 99,99% de posibilidades de ser diferidos ‘ad calendas graecas’ o incluso de quedar enterrados en el baúl de los recuerdos y ser sustituidos por un modesto puente, no se sabe cuándo. A Fomento no le duelen prendas a la hora de recortar, y ya eliminó el puente gemelo al del Alamillo diseñado para la Expo por Calatrava y lo sustituyó por otro sencillito de catálogo. La ley asegura a los contratistas –las andaluzas Sando y Azvi entre ellas- el cobro del 6% de la obra no ejecutada, más los gastos por la compra de maquinaria y otros conceptos, pero el Gobierno prefiere pagar esa indemnización (30 millones de euros) antes que 500 millones.

Además de los túneles, se va a paralizar buena parte de la SE-40, una ronda de circunvalación de 77,6 kilómetros, con un coste inicial de 1.200 millones de euros y dividida en once tramos. Iniciada en 2005, sólo están en ejecución cinco de sus once fases, y al ralentí. A preguntas del diputado Ricardo Tarno (PP), el Gobierno reconoció hace dos meses que sólo se habían certificado obras por 70,5 millones de euros en 2009, cuando se habían presupuestado 170 millones. Por tanto, Fomento ya venía pisando el freno al librar sólo el 41,50% del dinero previsto.

LA LISTA NEGRA

El frenazo a la SE-40 implicará la más que probable paralización del gran puente que conectaría La Algaba con la autovía de acceso Norte a Sevilla. Todos los indicios apuntan a que no se van a licitar los tramos pendientes de esta ronda y a que con suerte se podrían rematar los 23,9 kilómetros entre La Rinconada y Dos Hermanas (el 30,79% del total), que acumulan ya ocho meses de retraso. Antes del tijeretazo se preveía su conclusión para el primer semestre de 2011.

En la lista negra de obras sevillanas frenadas también pueden acabar el túnel del AVE Santa Justa-aeropuerto y la ampliación del tercer carril de la A-49 hasta La Palma. Con suerte se concluirían las obras hasta Sanlúcar la Mayor. Y a Blanco le han venido de perlas las protestas de los alcaldes de Utrera y El Cuervo sobre el futuro trazado de la A-4 y la de colectivos de la Sierra de Huelva sobre la mejora de la conexión Sevilla-Lisboa para aparcar estos proyectos. Lo único que parece salvable en la actual coyuntura es el Cercanías ferroviario del Aljarafe, avalado con su presencia por el propio ministro, que le dio el pistoletazo de salida hace unas semanas. Ya entonces Griñán dijo que las carreteras podían esperar, no así el ferrocarril.

CRISIS SOBRE CRISIS

Estos recortes tendrán un efecto demoledor en la construcción y en la refinanciación de empresas andaluzas como Sando, una de las contratistas de la SE-40. La compañía, con fuerte presencia en Sevilla, refinanció hace un año un préstamo sindicado y otros créditos por 1.500 millones de euros con un ‘pool’ de bancos. Todo el plan se basaba en los ingresos que la empresa esperaba por su cartera de obra contratada, unos contratos que en parte son ahora papel mojado.

En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno destinaba más de 500 millones de euros para infraestructuras en Sevilla. Esta cifra, aunque insuficiente, fue bien valorada por Comisiones Obreras al contemplarla en un escenario de crisis y con más de 200.000 parados -un 22% de tasa de desempleo-. El sindicato calculó que podría suponer para la provincia el 1,8% del PIB y la creación de 4.000 empleos directos en la construcción y el mantenimiento o inducción de otros 25.000 en sectores auxiliares, por lo que el parón inversor de Fomento en Sevilla tendrá una fuerte repercusión. Las patronales de la construcción calculan que por cada millón de euros dejado de invertir en obra pública se destruyen 18 empleos directos e indirectos, de lo que se colige que sólo la ‘congelación’ de los túneles de la SE-40 dejará de brazos cruzados a 9.000 personas.

Y todo en la semana en que según el último informe socioeconómico, en Sevilla han desaparecido 5.000 empresas víctimas de la peor crisis que se recuerda. Ni siquiera la obra pública aparece ya como una tabla de salvación.