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La Agencia Andaluza del Agua

Los funcionarios se encierran durante 24 horas en contra de su paso a la nueva Egmasa

Denuncian que el Gobierno andaluz les impondrá una cadena de mando privada

Historiadores, veterinarios y biólogos han acabando al mando de los pantanos en vez de los ingenieros

Los casi 1.700 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua protagonizan desde ayer un encierro de 24 horas en todas las sedes provinciales de este organismo para protestar contra su fusión con Egmasa, que proyecta la Junta para la integración de ambas en la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Según denuncian los encerrados, esta operación política propiciará el desembarco en la gestión del agua de miles de empleados de Egmasa, en detrimento de funcionarios y de otro personal público, que accedieron a sus puestos a través de una oposición o concurso.

La creación de la Agencia Empresarial de Medio Ambiente y Agua como otro eslabón más de la Administración paralela de la Junta supone el último episodio del desmantelamiento de la tradicional estructura administrativa articulada en torno a las confederaciones hidrográficas y el principio de la unidad de cuencas.

En el año 2005, el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur así como las cuencas del Odiel, Tinto, Piedras, Guadalete y Barbate, con las que se creó la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Todos los funcionarios transferidos, la mayoría de nivel 26 por oposición, fueron convertidos automáticamente en la nueva relación de puestos de trabajo (RTP) en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto.

Quienes no habían consolidado aún su nivel 26 podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta la antigüedad de los transferidos cuando concursaban a otra plaza.

Así, por ejemplo, si un ingeniero de Caminos que llevaba 20 años como jefe de explotación de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con tan sólo un año de experiencia ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia de esta política fue ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos.

LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Tras transferirse el 1 de enero de 2009 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a la Junta de Andalucía, a los funcionarios que tenían el nivel 26 les privaron del personal a sus órdenes y aterrizaron nuevos niveles 28, en su mayoría sin perfil técnico, que tomaron el mando sobre los miembros de toda la vida de la CHG. Se llegó al extremo de relegarlos aun a costa de duplicar las plazas: junto a un funcionario del Estado era colocado otro de libre designación puesto a dedo.

Al frente de cada provincia andaluza (en la CHG estaba un funcionario de nivel 28) fueron colocados delegados políticos sin perfil técnico (cuando hasta entonces solían ser ingenieros), siguiendo en la estructura de mando un gerente también de carácter político y varios niveles 28, todos nombrados a dedo. La consecuencia fue el quebrantamiento del principio de profesionalidad y unidad de cuenca en la gestión del Guadalquivir, como se puso de manifiesto en la descoordinación de los desembalses durante las últimas inundaciones en Andalucía por el temporal de lluvias del pasado invierno.

Este verano, con la excusa de reducir organismos para ahorrar por la crisis, la Junta ha avanzado aún más en esta estrategia con la creación de un ente empresarial que sustituya al organismo autónomo: la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuya base es Egmasa, compuesta por personal ajeno a la función pública. Esto supone la eliminación por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y la ‘dilución’ de los funcionarios y personal laboral procedentes de la antigua CHG y que habían accedido a sus puestos tras superar unas oposiciones.

Como a la nueva Egmasa, que es en el fondo esta Agencia Empresarial, se le otorgan potestades administrativas aun troceando los procedimientos, la Junta elude así los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Egmasa asumía competencias propias de los funcionarios.

Los encerrados en protesta por esta nueva estructura administrativa del agua en Andalucía denuncian que en la nueva Egmasa se llegará al extremo de que cualquier contratado externo podrá elevar informes en contra de funcionarios a los que se le incoe un procedimiento sancionador.

Es la primera vez en la historia que funcionarios procedentes de las antiguas confederaciones hidrográficas protagonizan encierros y manifestaciones, algo que no hicieron ni siquiera cuando las transferencias o cuando los orillaron en sus puestos o dejaron de computarles la antigüedad a la hora de los concursos.

Su protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF, USTEA y SAFJA.

La trama de las facturas falsas

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La Policía ha acreditado que el Ayuntamiento pagó antes de las municipales de 2003 por obras no ejecutadas en el distrito Este y amparadas en facturas falsas, al igual que en el distrito Macarena, hechos éstos por los que la Justicia condenó a penas de cárcel a José Pardo, escolta del alcalde en aquella campaña electoral, y a José Marín, exdirector de Área del Ayuntamiento y, en la época de autos, secretario del distrito.

El presidente de la Cais, José Baena, alertó a la Justicia de que en mayo de 2007 recibió copias de unas facturas por valor de 5.266 euros y emitidas por un cambio de solerías en el distrito Este, obras que jamás se ejecutaron, pese a lo cual fueron abonadas por el Ayuntamiento. La Policía elevó en 2008 a la juez del caso un informe en el que advertía de que esas facturas no son más que “la punta del iceberg”, porque el constructor había facturado al distrito 269.412 euros sin que las cuentas cuadrasen.

La Policía ratifica así la denuncia que en 2005 hicieron los dos ediles del PA, Paola Vivancos y Rafael Carmona, que destaparon el escándalo, los cuales señalaron que había una trama de facturas falsas en los distritos Macarena y Este. Sólo les dio tiempo antes de salir del Ayuntamiento a airear la corrupción en el primero.

CAMBIO DE PAREJA

Tras las municipales de 1999, el hartazgo de Soledad Becerril propicia la ruptura de la coalición PP-PA y la forja de una nueva alianza, PSOE-PA, que permite el acceso de Monteseirín a la Alcaldía por un pacto en el que Rojas Marcos impuso a Chaves desde el Metro hasta su cuota de poder municipal: controlarían el 70% de las inversiones del Ayuntamiento pese a contar con la mitad (6) de concejales.

El PA seguía manteniendo la delegación clave de Urbanismo y otras áreas que les permitían proyectar sus políticas para luego rentabilizarlas electoralmente: Obras, Cultura y Deportes, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana. Así pues, Monteseirín gobernaba realmente sobre un 30% del presupuesto y, teóricamente, su capacidad de acción era muy limitada, si bien el PSOE podía beneficiarse de la imagen pública del nuevo alcalde, imagen que ha acabado siendo tan pésima como empezó, ya que su primera decisión fue la de subirse el sueldo.

EL ANZUELO

Los socialistas tendieron una ‘inocente’ trampa a los andalucistas, y éstos mordieron el anzuelo. El delegado de Hacienda y del distrito Macarena, Carmelo Gómez, propuso a sus socios que se incrementaran los presupuestos de los distritos y se les permitiera acometer pequeñas obras: arreglos y similares.

El grupo Andalucista debate la propuesta. En principio no le ve sentido, porque el PA controlaba todos los trabajos en la ciudad a través de Urbanismo y de la nueva delegación de Obras. Asimismo, porque los distritos carecían de personal y más aún de técnicos especializados, como eran los de Urbanismo, para controlar la calidad de la ejecución y la veracidad de los presupuestos de los contratistas.

Sin embargo, al final se impone la tesis de Juan Ortega, delegado de Fiestas Mayores, que veía en la idea una gran oportunidad de que se visualizara en su distrito Sur la acción del PA. Así que se multiplicó el presupuesto de los distritos y se les dio capacidad de hacer ‘obritas’, pese a que ni tenían personal ni técnicos, una carencia que Carmelo Gómez se ofreció a subsanar mediante arquitectos de Patrimonio que visasen los expedientes y personal de apoyo (voluntarios) que supervisasen las obras, que se acometerían previa consulta a los vecinos sobre su necesidad.

PRINCIPIO DEL FIN

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de 2003 -en las que el PSOE marcó al PA con la acusación del ‘urbanismo bajo sospecha’-, Monteseirín logró desembarazarse de sus incómodos socios de gobierno al forjar una nueva coalición con IU merced a la caída de los andalucistas, que de 6 concejales pasaron a 4. El PSOE ganó el equivalente a lo perdido por el PA y pasó de 12 concejales a 14.

Dos de los distritos controlados por los socialistas, Macarena y Este (ambos con casos de facturas falsas), fueron clave. En Macarena, el PSOE pasó de 29.217 votos a 34.711; el PA, de 14.526 a 9.565. En Este, el PSOE evolucionó de 36.365 a 41.501; el PA registró 9.938 votos frente a los 12.739 anteriores. Y en el distrito Sur, donde debían visualizarse las obras acometidas por el PA, el PSOE prácticamente se mantuvo (de 18.912 votos a 18.645) y los andalucistas fueron incapaces de rentabilizar nada: de 7.787 votos a 6.370.

Ya en la Oposición, cuando Vivancos y Carmona buscaron una explicación a lo ocurrido y chequearon durante seis meses los expedientes municipales, se percataron de que de obritas, nada: en los distritos controlados por el PSOE se habían urbanizado hasta avenidas enteras mediante facturas fraccionadas como “arreglitos”, y hasta en los marmolillos se había impreso, en vez del sello municipal, una leyenda del distrito Macarena, para que los vecinos visualizaran quién les hacía las obras, encargadas a personas afines. Como no había control técnico de Urbanismo, nadie sabía, podía o quería interpretar si habían sido 100 en vez de 200 los m2 de solería colocados, y así se propició que se inflaran los costes y hasta se falsificaran facturas por obras inexistentes, como se ha vuelto a demostrar ahora en el distrito Este, donde la Policía no ha hallado vestigio de “solado de hormigón pulido en color verde”.

Monteseirín, que dijo desconocer hasta a su guardaespaldas –uno de los condenados en el caso Macarena-, calla. ¿Seguirá sosteniendo que no había ninguna trama?

Vocación

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Uno de los últimos de Filipinas de Monteseirín, Fran Fernández, se está revelando como tal artista del lenguaje que va a mandar a los albañiles a la María Moliner de la Junta, Rosa Aguilar, y a los periodistas que aún no han podido amordazar Marchena y el (sin) alcalde pese al uso de la publicidad institucional y otros recursos como moneda de cambio. La nueva perla del fiel ejecutor de Monteseirín para justificar el diseño de 11 parkings sobre suelos privados, razón de su parálisis, es que esos terrenos tenían “vocación pública” en el PGOU que entonces se empezaba a redactar en paralelo al Plan de Aparcamientos. Yo pensaba que la vocación era algo inherente al ser humano, pero no, resulta que Fran va preguntando por ahí, en plan San Francisco de Asís, pero a los solares en lugar de a los lobos: “Hermano suelo, ¿tienes vocación de ‘cole’ o de rascacielos?”. ¿Y qué tiene que ver la calificación de un terreno en el PGOU con la propiedad? El PGOU se aprobó inicialmente en 2004 y definitivamente en 2006. Seis años sin hacer nada. ¡Cuántas ‘vocaciones’ perdidas!

Suma y sigue

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Dos dilectos colegas descubren ahora la auténtica razón del incumplimiento por la Delegación de (In)Movilidad del plan de parkings subterráneos: el Ayuntamiento adjudicó las obras de 11 aparcamientos en suelos que no eran suyos, Fran Fernández no se preocupó de averiguar la titularidad de los terrenos hasta dos años después y luego ha tratado de camuflar su incompetencia culpando a las constructoras del desatino o procurando camelarse al secretario y al interventor, que no se han dejado embaucar ante tal sumatorio de imprevisiones. ¿Que parece increíble? Pues tiempo ha, a un constructor se le atragantó el desayuno al ver en los periódicos que el Ayuntamiento había inaugurado a bombo y platillo un parque ¡en suelo de su empresa!. Como ha reconocido con total desparpajo el exconcejal Lolo Silva en el juicio que se le sigue por contratar a su primo, la práctica habitual del Ayuntamiento consiste en disparar primero y, si acaso, preguntar después, bastante después. Los pistoleros del salvaje Oeste se quedan en pañales al lado del Consistorio de Monteseirín.

La nueva esclusa de Sevilla

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Dos tercios de la flota mundial de transporte marítimo

podrán acceder a Sevilla a partir de ahora

El puerto podrá acoger buques de hasta 20.000 toneladas y 290 metros de eslora

La Autoridad Portuaria anunció hace unos días la entrada en servicio de la nueva esclusa del Guadalquivir, la más grande de Europa y quinta del mundo, en cuya construcción se han invertido unos 200 millones de euros y que permitirá sustituir progresivamente a la actual, inaugurada hace 61 años y condenada a la demolición, si bien aún sigue regulando el tráfico fluvial hasta que antes de fin de año se rematen todas las infraestructuras de la nueva.

Con la nueva esclusa se cumple una antigua aspiración de la sociedad sevillana, la cual se percató casi de inmediato de la insuficiencia de las instalaciones que va a sustituir. Así, ya en 1953 el V Consejo Económico Sindical de la provincia afirmaba: “Se impone un acondicionamiento general del puerto de Sevilla y de su acceso para que sea capaz de recibir buques de 30 pies de calado, contra la limitación actual de 17”.

Según una ponencia presentada en su día por Manuel Martín, profesor de la Hispalense, con la vieja esclusa al puerto de Sevilla sólo podían acceder el 23% de la flota mundial de graneleros, el 12% de los portacontenedores y el 40% de la flota mundial de Ro-Ro. Por otra parte, un estudio elaborado hace veinte años por la Junta de Andalucía puso de manifiesto la progresiva reducción del área de influencia (hinterland) del puerto hispalense a favor de Cádiz y Huelva y la creciente competencia de Algeciras y Málaga.

Si medio siglo antes el hinterland del puerto sevillano era de 80.000 Km2 y se extendía hasta Jaén, Salamanca y provincias de Castilla-La Mancha, a finales del siglo XX las mejoras acometidas en todos los puertos del Sur de la Península habían ido provocando el repliegue de su área de influencia hacia unos límites casi exclusivamente provinciales, como demostraba el hecho de que los tráficos portuarios con origen y destino en Sevilla suponían casi el 91% del total.

CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA

El tráfico de mercancías se movía en el orden de entre 4 y 5 millones de toneladas y la participación del puerto sevillano en el tráfico conjunto de los puertos andaluces se reducía al 5%, debido a la competencia del puerto de Huelva en graneles,m del gaditano en contenedores y del algecireño en todos los tráficos.

La Autoridad Portuaria estimó como una cuestión de pura supervivencia la construcción de la nueva esclusa, so pena de perder en el futuro un tercio del movimiento de mercancías, equivalente a 1.400.000 toneladas. El Plan de potenciación del puerto gracias a la obra recién puesta en servicio prevé un considerable aumento del transporte marítimo a corta distancia, que podría alcanzar en el futuro hasta los 12 millones de toneladas, cantidad que más que duplica las cifras actuales.

Ello supondría, según cálculos de las empresas constructoras de la nueva esclusa, suprimir 15.000 trasiegos de carreteras, ahorrar 14 millones de euros de combustible al año, reducir las emisiones de NOX y CO2 en 350 y 250 toneladas, respectivamente, crear 15.000 empleos en el próximo decenio y garantizar la protección de Sevilla frente a las avenidas del río Guadalquivir.

Con la nueva esclusa, el acceso de la flota mundial de graneleros al puerto sevillano podrá incrementarse del 23% actual en un 43% más, con lo que sólo quedarán fuera un 34%. En portacontenedores se pasará del 12% actual al 53% (quedan sin acceso posible el 47%), y el tráfico RO-RO se podría incrementar en un 31% desde el 40% actual, con lo que sólo el 29% es inaccesible para el puerto. Estas cifras demuestran bien a las claras el incremento de potencial marítimo-fluvial que supone la ingente obra acometida, la mayor esclusa de Europa.

CANAL DE PANAMÁ

Para su diseño y ejecución se ha contado con los proyectistas que redactaron el acceso de la vertiente Pacífica al canal de Panamá y se ha desarrollado o incorporado tecnología europea en capítulos como válvulas, sistemas hidráulicos, puertas (construidas en los astilleros de Sevilla) y puentes. Las puertas se deslizan mediante dos carretones, uno superior y otro inferior. Los tres puentes móviles se levantan mediante un paralelogramo articulado, con lo que se evita la necesidad de cámaras estancas, al situar los contrapesos en una situación superior.

La construcción de la nueva esclusa obligó a crear un recinto impermeable y a realizar una excavación de 23,5 metros de profundidad. El recinto así formado se dotó de diversas rampas de acceso para la introducción de maquinaria y materiales, así como de una pantalla de cierre que se empotró en los estratos impermeables del subsuelo. Una vez eliminada el agua del interior, se continuó la excavación hasta alcanzar la cota final.

La nueva esclusa funciona bajo el mismo principio que la actual: se trata de un recinto delimitado por puertas que permite a los barcos salvar los diferentes niveles entre el río Guadalquivir y el puerto. El funcionamiento es parecido al de un ascensor: el barco se sitúa entre las puertas, se modifica el nivel del agua, el buque sube o baja y, finalmente, con la apertura de la puerta, el barco sale con el nuevo nivel. La esclusa sevillana también tiene otra función: dotar a la ciudad de un muro de defensa para prevenir inundaciones. Durante una crecida del Guadalquivir, la esclusa se cerrará para evitar riadas.

LA NUEVA ESCLUSA DEL GUADALQUIVIR

-Inversión: 200 millones de euros

-Longitud: 450 metros

-Altura: 20 metros

-Manga útil: 35 metros

-Buques que pueden acceder: De hasta 20.000 TPM y 290 mts.

de eslora

-Solera: Cota de -11 metros.

-Calado canal navegación aguas abajo: Cota de -9 metros

-Calado canal navegación aguas arriba: Cota de -7,70 metros

-Puertas del lado del río: 42 metros de anchura

23,30 metros de altura

6 metros de espesor

-Puertas del lado del puerto: 42 metros de anchura

17,50 metros de altura

5 metros de espesor

-Distancia entre los paramentos

interiores de las puertas: 293,65 metros

-Dos puentes móviles para carretera: 44 mts. de largo x 12 ancho

-Un puente móvil para ferrocarril: 44 mts. de largo x 6,10 de ancho

-Dos muelles de apoyo: Tablestacas de 173 mts. de longitud

-Vía férrea de acceso: 3.350 metros de longitud

-Superficie viales de acceso: 110.000 m2

-Total urbanizado: 690.000 m2

-M3 de hormigón usados: 300.000

-Kilos de acero: 31.500.000

-Horas de ingeniería: 16.000

Absurdos

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La Junta insiste en que querer llegar en Metro a la Plaza Nueva es absurdo cuando ya existe el tranvía, que cubre ese mismo trayecto desde el Prado a través de la calle San Fernando y la Avenida. Aplicando el razonamiento del Gobierno andaluz, haber construido un tranvía que se solapa con la línea 1 del Metro cuando ya se conocía el itinerario de esta última no sólo era absurdo, sino también un despilfarro de 80 millones de euros que Monteseirín ha cargado al bolsillo de los contribuyentes . Total, como él no los va a pagar, que paguemos nosotros. Y querer llegar con el tranvía a San Bernardo y gastar otra porrada de millones en plena crisis cuando ya existe ese Metro que cubre el mismo trayecto desde el Prado, ¿acaso no es un absurdo sobre otro absurdo? Sí, si así lo reconoció hasta la propia delegada de la Consejería en Sevilla, Salud Santana, pero de inmediato le mandaron que se callara la boca con el argumento de que como es de pueblo no entendía de alta política. Sólo los niños, los tontos y los catetos –a mucha honra, como un servidor- dicen la verdad.

‘Rentrée’

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Las dichosas obras, como las de la calle San Jacinto (¿pero hubo alguna vez en que la calle San Jacinto no estuviera en obras?), los anuncios de las inminentes restricciones al tráfico en el Centro, los dimes y diretes sobre estaciones e itinerario de las futuribles líneas del Metro, las telarañas que está dejando Monteseirín en las arcas del Ayuntamiento antes de irse, el sobrecoste de todo lo de las setas (ahora, el alquiler de los puestos de los placeros, que pagará el sin alcalde de nuestros bolsillos), la alerta amarilla o naranja por el calor diurno y las mínimas nocturnas que rompen sistemáticamente la barrera del insomnio…..Vuelve usted -si es que tuvo la suerte de irse pese a la crisis- de las vacaciones predispuesto al síndrome de la famosa ‘rentrée’ septembrina, pero es como si no se hubiera ido, como si no hubiera cambiado nada, como si todo hubiera seguido igual, como si el tiempo se hubiera detenido y no se hubiesen movido las manecillas del reloj…..En Sevilla no hace falta ser Bill Murray para estar condenado a sufrir el día de la marmota.

Málaga y Sevilla

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Coincidiendo con las presiones desde el PSOE(A) y la Junta para forzar la fusión Unicaja- Cajasol como núcleo de la ‘Gran Caja’ tras el fiasco de Cajasur y la alianza de Caja Granada con entidades foráneas, se constituyó la Plataforma Pro Autonomía de la Región de Málaga. El objetivo de los independentistas malagueños es “ver a nuestra querida Málaga libre del poder injusto y leonino que la Junta en Sevilla ejerce sobre nuestra amada provincia malacitana”.

Los panfletos, declaraciones de los promotores, página web y mensajes recogidos destilan un antisevillanismo exacerbado, con expresiones como éstas:

-Hay que defender Málaga contra “el imperio juntero-sevillano”.

-La Junta quiere llevarse la sede de Unicaja a Sevilla, “la ciudad más mimada y subvencionada” por el Gobierno andaluz.

-Unicaja no se va de Málaga sin que antes todos los malagueños saquemos hasta el último céntimo de un icono malagueño.

– Málaga es la capital económica a pesar de la Junta. Recauda el 25 % de los ingresos fiscales, además de tener una iniciativa económica privada muy potente, que nada tiene que ver con PER y subvenciones.

– Málaga no tiene nada que ver con las diversas manifestaciones sevillanas impuestas por la Junta, como el Rocío, la Copla, el flamenco, los carnavales de Cádiz, etc. Todas son tan respetables en Málaga como la salsa, el tango o la jota aragonesa. Nuestra propia cultura nos lleva a los verdiales, el traje de cenachero, etc. como parte de nuestro pasado y de las nuevas fiestas que puedan provenir de los numerosos residentes extranjeros, con los que nuestra provincia mantiene estrechos vínculos.

– (…) la sociedad malagueña, que salga de la hipnosis y síndrome de Estocolmo en el que estamos sumidos ante la Junta Andaluza de Sevilla.

– La Junta ha dejado de invertir en Málaga ingentes cantidades de dinero y los ha invertido descaradamente allí…

FALSOS MITOS

Treinta años de autonomía no han servido para fortalecer la hermandad entre Sevilla y Málaga, sino para todo lo contrario. Hoy, Málaga se afirma contra Sevilla, como fruto de una estrategia de los alcaldes de la capital malagueña, fueran del signo político que fueran, desde Pedro Aparicio (PSOE) hasta Francisco de la Torre (PP), pasando por Celia Villalobos (PP), la misma que botaba en el palco del estadio malagueño durante un partido de fútbol al grito ‘¡Puta Sevilla!’ de la enfervorizada masa de hinchas.

El discurso del agravio comparativo contra Sevilla ha calado tan hondo en el imaginario colectivo malagueño que hasta Griñán tuvo que referirse a ello ante la candidata socialista, María Gámez, a la Alcaldía: “Tenemos que hacer que el malagueñismo sea una identidad compartida –dijo-, que no se defina por exclusión o por confrontación y llevamos muchos años viendo que a lo que se ha invitado a los malagueños es a ser antital o anticual”.

Este discurso del agravio se basa en dos postulados falsos: 1) Que Málaga es la capital económica de Andalucía, cuando Sevilla aún genera más riqueza al conjunto de la economía andaluza y tiene más empresas que Málaga; 2) Que Sevilla le roba las inversiones a Málaga, cuando en los 18 años transcurridos desde la Expo las inversiones del Estado en Sevilla sólo han superado una vez la media nacional. Y, para acabar con el mito, las inversiones en infraestructuras para la Expo fueron de 258.224 millones de pesetas en Sevilla y de 213.155 en Málaga. Escasa diferencia para ser Sevilla la sede del evento.

EL AVE

En los la Transición, el Gobierno hizo contactos diplomáticos para pedir consejos sobre cómo combatir el independentismo vasco. Una de las recomendaciones recibidas fue que incrementara la construcción de ferrocarriles y de carreteras, para favorecer al máximo los contactos con el resto del país y, mediante la permeabilización de la sociedad vasca, acabar así con los tópicos del nacionalismo y del separatismo, que florecen en la incomunicación.

Sevilla y Málaga pueden complementarse en multitud de iniciativas y en este sentido la futura conexión por AVE, que unirá a ambas capitales en tan sólo 55 minutos, hará más por mejorar las relaciones bilaterales que cien discursos políticos. La primera consecuencia de la alta velocidad será la desestacionalización del turismo, ya que los 28 trenes en servicio diario permitirán dar satisfacción a una demanda inicial estimada de 2,5 millones de usuarios.

LAS UNIVERSIDADES

Un extraordinario ejemplo de que es posible una estrategia ‘win-win’ (en la que los dos ganen) de Málaga con Sevilla en vez de Málaga versus Sevilla la han dado los rectores de las Universidades al hermanarse en una candidatura conjunta para crear un ‘campus’ único de excelencia y fomentar seis grandes áreas de investigación: aeroespacial, biotecnología, transporte, energía, comunicaciones y turismo.

Ambas universidades se han percatado de que Sevilla y Málaga generan el 45% de la riqueza de Andalucía, agrupan el 80% de las empresas de base tecnológica, tienen dos parques tecnológicos punteros (el PTA y Cartuja-93) y que las fortalezas de una (telecomunicaciones y turismo en el caso malagueño) compensan las debilidades de la otra. Aquí nadie ha dicho que la sede debe estar en tal o cual sitio como condición ‘sine qua non’, sino todo lo contrario: ambas universidades compartirán titulaciones y una escuela internacional de postgrado y planes de atracción de talento y de movilidad de profesores y alumnos.

Mientras políticos, economistas e iluminados se dedican al enfrentamiento, las Universidades de Málaga y Sevilla demuestran que es posible vertebrar Andalucía.

Pinza contra Sevilla

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Las 22 academias de la Lengua Española incorporaron recientemente a la página web del Diccionario voces como ‘abducir’, ‘cultureta’, ‘muslamen’, ‘tsunami’, ‘bróker’, ‘meloncete’, ‘rojillo’….y así hasta 2.996 enmiendas y adiciones al texto normativo de nuestro idioma porque, según el secretario de la Real Academia, ésta está “en el tajo siempre, haciendo aportes continuos para seguir el ritmo de la sociedad y del idioma”.

No estará tan en el tajo cuando aún no ha incorporado la palabra de moda del verano tras su invención por esa maestra del eufemismo que tiene la Junta de Andalucía y que se llama Rosa Aguilar. Si usted teclea en el buscador web de la Academia los neologismos ‘reprogramación’ y ‘reprogramar’, acuñados por la consejera de Obras Públicas, la respuesta que obtendrá será que “no están en el Diccionario”.

Sí están en el Diccionario palabras de toda la vida como ‘retrasar’, ‘diferir’, ‘aplazar’, ‘posponer’….pero como con ésas se entiende todo y de lo que se trata es justamente de contrariar a nuestro universal poeta Juan Ramón Jiménez, que decía “inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas”, Rosa Aguilar no anunció este agosto un retraso en la ejecución de 39 obras públicas programadas por la Junta y un recorte de 850 millones de euros en las inversiones, sino una ‘reprogramación’.

DISFRAZAR LA REALIDAD

¿Que cuál es la diferencia? Según la María Moliner del Gobierno andaluz, “retraso significa que no se sabe cuándo culminarán las obras; hablamos de ‘reprogramación’ con la certeza de que las obras se van a culminar”. Extrapolando a la realidad sevillana el argot de la consejera, el que las setas de la Encarnación no se concluyeran en ninguna de las cuatro fechas anunciadas desde 2004 hasta hoy no significa que acumulen tres años de retraso, sino simplemente que su ejecución fue ‘reprogramada’.

Y cuando a Rosa Aguilar le preguntaron por una obra sevillana cuyo inicio se retrasará, perdón, quería decir ‘reprogramar’, seis meses, estuvo sembrada al decir que sufriría “una deriva en el tiempo”. Genial. Habrá que pensar seriamente en proponer la candidatura de nuestra maga del lenguaje para el primer sillón vacante de la Academia, porque esta inventora de eufemismos se merece una letra mayúscula.

SEVILLA TRAGA

Para que no la acusen de estar al servicio del ‘centralismo sevillano’ y sabedora de que a quien dentro del PSOE levante la voz en defensa de Sevilla le puede pasar lo mismo que a José Caballos, y que todos los suyos aquí van a decir amén o a repetir como papagayos el argumentario oficial, Rosa Aguilar le ha pasado la mayor parte de la factura de la ‘reprogramación’ a Sevilla, para blindarse frente a las protestas de otras provincias. Así, del ahorro global de 850 millones en toda Andalucía, la Junta le ha metido un tijeretazo de 451,6 millones a Sevilla o, lo que es lo mismo, de cada 100 euros que no invierte, 53 se los quita a nuestra provincia. Y de las 39 obras que se ‘reprograman’, 12 (el 30,76% del total) estaban previstas en Sevilla.

Sufrirán un retraso de entre 6 y 10 meses el viaducto del Pago del Medio -que debe unir La Rinconada con San José-, el ramal de Brenes, la ronda urbana sur de Mairena del Aljarafe y otras tres carreteras. En materia ferroviaria, la consejera no ha osado meterle mano al tren de la Bahía de Cádiz, el tranvía de Jaén o los Metros de Granada y Málaga, pero ha ‘reprogramado’ todas las conexiones de Sevilla. Ni siquiera ha dejado indemne una sola para al menos disimular: dos tramos del tranvía de Dos Hermanas –y Toscano, tan contento-, el tranvía del Aljarafe, el tramo final del tranvía de Alcalá de Guadaíra con la Universidad Pablo de Olavide y dos tramos de la alta velocidad, el de la estación de Santa Justa al aeropuerto y el túnel de los Alcores.

Ésta era, a lo que se ve, la apuesta de la Junta por la movilidad sostenible en el área metropolitana. Si a la ‘reprogramación’ de la Junta en materia ferroviaria se le une la del Ministerio de Fomento en carreteras, especialmente en la SE-40, vemos que Sevilla es la gran víctima andaluza de la ‘pinza’ formada por las dos Administraciones en materia de obras públicas.

CONSECUENCIAS

La Junta va a diferir la inversión de 451 millones de euros en la provincia de Sevilla durante los próximos seis, siete o diez meses si, en el mejor de los casos, se cumplen los plazos de la ‘reprogramación’, pero, por la magia del lenguaje eufemístico de Rosa Aguilar, como no se van a rescindir los contratos, ni se van a paralizar (¿?) las obras, no va a haber repercusión alguna en el empleo, como si las empresas constructoras pudieran mantener en plena crisis mano sobre mano a sus plantillas si no hay carga de trabajo.

Cuando el Ministerio de Fomento anunció su propio plan de recortes y anulaciones de obras públicas, las patronales de la construcción, en un vano intento de frenar al ministro Blanco, hicieron un estudio para estimar los efectos de las desinversiones gubernamentales. Según el informe, por cada millón de euros dejados de invertir en las obras públicas se pierden 18 empleos directos e indirectos, tanto en la construcción como en los sectores auxiliares.

Aplicando estos cálculos al anuncio de la Junta, los 451 millones de euros que por de pronto no se invertirán en Sevilla se traducirán en la pérdida de 8.118 empleos.

Esta cifra equivale a todos los habitantes de un municipio como Santiponce, pero probablemente Rosa Aguilar diría que se trata de “una deriva temporal en la ocupación”.

El cartelón

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En la Avenida de Jerez, junto al antiguo cauce del Guadaira, a cuya vera se alza ese Escorial en forma de hotel Al-Andalus, aún sobrevive al tiempo y a los vándalos un cartelón que anuncia para no sé qué año ya pretérito la terminación del Parque sobre el cegado curso del afluente del Guadalquivir. En esta Sevilla virtual que ocupa páginas de periódico pero que no acaba de materializarse, nos pintaron una zona verde que serpeaba desde las Tres Mil hasta Nuevo Heliópolis y Los Bermejales con pasos elevados sobre la avenida de Holanda y molinos eólicos. Éstos, impulsando el agua desde el Guadalquivir, obrarían el milagro de que volviera a fluir líquido elemento por el primitivo curso de un Guadaira que castigó los chalecitos de la Expo del 29 con históricas inundaciones y que por ello fue desviado extramuros. Del Parque y del futurible curso fluvial no hay nada, salvo vestigios de obras abandonadas. ¡Y pensar que este proyecto ya databa de los tiempos de Soledad Becerril!. Hoy, sólo queda el cartelón como mudo testigo de cargo contra la desidia de Sevilla.